El año viejo se ha despedido con un registro desastroso. Me refiero al catálogo de las 1.031 empresas catalanas que incurrieron en concurso de acreedores. Se trata de la cifra récord de los últimos siete años. Así se desprende de los datos que Crónica Global ha facilitado a sus lectores semana tras semana.

La evolución reciente de las declaraciones de insolvencia refleja un alza alarmante. En 2017 acaecieron 442. En el ejercicio siguiente llegaron a 852, casi el doble. Y en el año recién terminado aumentaron un 21%, hasta rebasar el millar.

En el curso de 2019 hubo dos periodos especialmente adversos. Uno fue el verano, sacudido por el desplome de más de cien firmas. Y el otro se dio en la última semana de diciembre, con la acumulación de medio centenar de descalabros.

A título de resumen, los más destacados han sido los de Cerbium Holding (ex Only Apartments), la mayor empresa de alquiler de apartamentos turísticos de la región; Kit Yasuni, fabricante de tubos de escape para motos; Comansi, veterana juguetera; Volta Motor Company, productora de las motocicletas eléctricas del mismo nombre; y las baldosas Mosaics Planas, que tienen a sus espaldas una historia secular.

Además cayeron la cárnica Incar Foods; Aigua del Montseny, embotelladora de agua mineral en Espinelves y Santa Maria de Palautordera; Mundial Cork, fabricante de tapones de corcho, cuyos orígenes se remontan a 1869; Fábregas Packaging, creada a mediados del siglo XIX, de estuches para perfumería y cosmética; y la agencia de valores Qrenta.

Es de recordar que la cima de los siniestros mercantiles por nuestros andurriales se alcanzó en 2012, con un total de 1.228 percances. España se encontraba entonces en el apogeo de la crisis que se había desencadenado a finales de la década anterior.

Fueron aquellos unos tiempos aciagos en materia concursal. Durante el quinquenio 2009-2013, nada menos que 5.500 entidades catalanas pasaron por el trance de depositar sus estados contables ante el juzgado, para acogerse a los beneficios de la suspensión de pagos.

Si nos remotamos en el túnel del tiempo, la serie histórica de fallidos sólo incluye un año que se aproxime a las desdichas de 2019, si bien a considerable distancia. Es el de 1993.

A la sazón, tras los esplendorosos fastos olímpicos de Barcelona, irrumpió con virulencia un súbito desmoronamiento. Como consecuencia del derrumbe, se desencadenó en Cataluña una espectacular ristra de 750 batacazos societarios.

Los Juegos Olímpicos de 1992 coincidieron con la Expo andaluza. El demencial esperpento hispalense no sólo dilapidó un billón redondo de pesetas, sino que de propina legó un monumental agujero de 150.000 millones. El desbarajuste de las cuentas de la Expo fue de tal calibre, que en nuestros días todavía hay facturas pendientes.

Como secuela incoercible del tándem barcelonés y sevillano de festivales, el Gobierno de Felipe González se vio forzado a decretar, en el curso de unos pocos meses, tres demoledoras devaluaciones consecutivas de la peseta.

Volviendo al repertorio de fiascos habidos en 2019, conviene precisar que se han excluido de él los varios centenares de individuos que a título particular se ampararon también en la ley concursal.

En muchos casos, las deudas que no podían afrontar se derivaban de contratos hipotecarios suscritos para adquirir inmuebles; en otros, provenían de avales prestados a corporaciones de su propiedad.

La lista de los infortunios tampoco abarca las numerosas sociedades que de forma silenciosa despidieron sus plantillas, liquidaron sus patrimonios y echaron la persiana para siempre, sin pasar por las horcas caudinas de la jurisdicción ordinaria correspondiente.

Ahora mismo, sobrevuela nuestros lares el inminente cierre de una conocida industria del sector de la automoción. Se estima que sus expedientes de regulación de empleo van a dejar en la calle a 700 trabajadores.

El alud de calamidades es un indicador bastante fiable sobre la marcha de la economía a pie de calle. En los años de bonanza y expansión, e incluso en los intervalos de estancamiento, lo usual es que ocurran 300 o hasta 400 fracasos en la comunidad catalana.

Si damos crédito a lo que revelan con claridad meridiana los repertorios de desventuras, la conclusión es que 2019 ha sido un año funesto. La ascensión disparada de los últimos ejercicios significa un rotundo prenuncio de que el panorama económico se está ensombreciendo a marchas forzadas.

Si a esa circunstancia se le añade la formación de un Gobierno socialcomunista gracias al apoyo de los golpistas catalanes y los herederos de ETA, no parece sino que el futuro inmediato luce un cariz poco satisfactorio, por no decir altamente inquietante.