La presencia de Laura Borràs en la protesta de médicos y enfermeras es insultante. De hecho, todas las apariciones mediáticas de la todavía presidenta del Parlament lo son. La neoconvergente, conocida por su belicosidad independentista, ha pasado de dar su apoyo a quienes acosaron a víctimas del atentado yihadista del 17A a simular su respaldo a los profesionales en huelga que denuncian la precariedad de dos pilares básicos del Estado de bienestar como son la sanidad y la educación. Pilares cuyos cimientos se debilitaron, y de qué manera, cuando el partido de Borràs, Junts per Catalunya (JxCat), antes llamado CDC, redujo el gasto público en esos servicios sociales.

Diez años después, esos recortes no se han revertido porque neoconvergentes y republicanos prefirieron dar prioridad al proceso independentista. Y porque han seguido gestionando esos dos ámbitos con un enfoque bastante neoliberal, acentuando la segregación escolar y la externalización de los servicios sanitarios. De Convergència, partido business friendly por excelencia, era de esperar. No tanto de ERC, aunque más adelante detallaremos las contradicciones de Pere Aragonès y los suyos.

Borràs, por tanto, no tenía ninguna autoridad moral para hacerse la foto con esos manifestantes. Y, como no podía ser de otra manera, fue recibida con silbidos y abucheos. La presidenta de Junts no solo es el referente de esas políticas neoliberales que han hundido la sanidad y la educación catalanas, sino que será juzgada en breve por fraccionar contratos públicos y beneficiar a sus amigos. Es decir, por ejercer un nepotismo que algunos dirigentes de CDC han convertido en modus operandi, especialmente en el ámbito sanitario. Una práctica, la del contrato a dedo y el fraccionamiento de contratos, que la Sindicatura de Cuentas ha detectado en el el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), el cerebro informático de la Generalitat y uno de los organismos públicos que disponen de mayor presupuesto, durante la etapa de Jordi Puigneró al frente de la Consejería de Políticas Digitales.

Lo de Borràs, insistimos, es pura provocación, pues su partido se niega a dar apoyo a los presupuestos de la Generalitat de 2023. Que es lo mismo que impedir el aumento de gasto en educación y sanidad. Que es lo mismo que dar prioridad a sus estrategias electorales que a los intereses de los ciudadanos. Que es lo mismo que torpedear el aumento de recursos humanos y materiales para un colectivo que sufrió lo indecible durante la pandemia.

Junts se ha desmarcado de la negociación presupuestaria aunque apoya los proyectos económicos destinados a reactivar la economía que regatea ERC. En efecto, los republicanos han pasado de establecer un cordón sanitario al PSC, para exigirle después que permita la aprobación de las cuentas de 2023. E incluso ha aflojado en cuestiones inicialmente innegociables, como el proyecto de Hard Rock o la ampliación del aeropuerto. Luego exigen coherencia al socialista Jaume Collboni porque, a su juicio, abandonar el cargo de primer teniente de alcalde, sin romper el pacto de gobierno con los comunes, es incongruente y denota “debilidad” y “electoralismo”. Unas críticas, las de Ernest Maragall –quien acaba de dejar su escaño parlamentario para centrarse en la campaña municipal--, que comparte Junts –que salió del Govern en octubre de 2022--.

¿Incongruencias? Los comunes, paladines de la gestión pública y de la remunicipalización, también se han dedicado al fraccionamiento indebido de contratos en Parcs i Jardins de Barcelona, que preside Eloi Badia, mano derecha de la alcaldesa Ada Colau. Lo dice la misma Sindicatura de Cuentas, que ha aflorado notables irregularidades en la contabilidad.