La corrupción, los amaños y el nepotismo de Convergència y sus herederos vuelven al primer plano de las noticias.

Tres casos de rabiosa actualidad ponen de manifiesto, una vez más, el carácter mafioso del partido de Jordi Pujol, Artur Mas y Carles Puigdemont. Ya se sabe que la cabra tira al monte. Transcurren los años y los lustros, pero la vetusta formación y sus hijuelas secesionistas siguen haciendo de las suyas, erre que erre, como si esta comunidad fuera su coto privado.

Vayamos por partes. En pleno confinamiento por el coronavirus, el Tribunal Supremo ha avalado las condenas que dictó la Audiencia de Barcelona en el caso Palau de la Música.

Este aborrecible escándalo consistió en el saqueo sistemático de la institución musical. El Palau devino el vehículo utilizado con fruición por Convergència Democràtica de Catalunya para canalizar los sobornos que la constructora madrileña Ferrovial, bajo el mando de Rafael del Pino, le abonaba a destajo a cambio de obras públicas.

Una de estas fue, por ejemplo, la Ciudad de la Justicia, sita en la Gran Vía, a caballo de Barcelona y Hospitalet, que alberga el grueso de los juzgados de la Ciudad Condal. Cada ladrillo colocado en esa batería de edificios por la corruptora compañía de la Villa y Corte sufrió un sobreprecio del 4%, que fue a parar a las arcas de Convergència.

El Supremo ha ratificado ahora los 9 años y 8 meses de prisión, y multa de 4,1 millones de euros, que la Audiencia propinó a Fèlix Millet, capo supremo del Palau.

También confirma los 7 años y medio de cárcel, amén de una sanción de 2,9 millones, impuestos a su mano derecha Jordi Montull. Además, ambos habrán de devolver 23 millones al Palau.

A Daniel Osàcar, extesorero de CDC; a Gemma Montull, responsable financiera del Palau; y a los asesores Raimon Bergós, Santiago Llopart y Edmundo Quintana, el Supremo les receta en total 12 años a la sombra.

El Alto Tribunal corrobora asimismo que Convergència se financió con comisiones ilegales procedentes de Ferrovial, por lo que ha de reintegrar 6,6 millones. El partido se encuentra en preconcurso de acreedores. Este leñazo procesal puede precipitar su quiebra definitiva.

Otro asunto de venalidad que se sustancia estos días tiene de protagonista a Laura Borràs, exconsejera de Cultura y hoy portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso.

El Tribunal Supremo la imputa por las presuntas fechorías que cometió cuando dirigía el tinglado Institució de les Lletres Catalanes, dependiente de la consejería de Cultura.

La acusa de prevaricación, fraude administrativo, malversación de caudales públicos y falsedad documental, todo ello relacionado con la adjudicación de contratos a su compinche Isaías Herrero. Por cierto, dicho sujeto es una auténtica joya. En diciembre le cayeron cinco años de reclusión por narcotráfico y trasiegos con moneda falsa.

Por su parte, la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat asegura que Borràs vulneró la ley entre 2016 y 2018, al fraccionar al menos cinco veces las contratas para concederlas a su amiguete, de forma arbitraria y sin pasar por el debido concurso.

Además hinchó los beneficios de Institució de les Lletres en algo más de un millón y camufló deudas por importe de otro millón.

Curiosamente, esa tal Borràs es la misma que se mueve con una frescura sin par por el Congreso de los diputados predicando lecciones de ética y honradez a diestro y siniestro.

El tercer episodio que traigo a colación no es menos vergonzoso que los anteriores. Resulta que el Gobierno del funesto Quim Torra ha colado en la ley de acompañamiento de los presupuestos, un par de modificaciones que son un auténtico regalo para innumerables paniaguados de su propia administración incursos en delitos.

Uno de los cambios concierne al impuesto de donaciones. A partir de ahora, se exime a los presos golpistas de tributar por los donativos con que la llamada “caja de solidaridad” les haya obsequiado.

Gracias a tal cambalache, el fugitivo Carles Puigdemont, Artur Mas y otros individuos sentenciados por el Supremo, no habrán de pagar un céntimo en concepto de IRPF por los millones que les abonó dicha caja para hacer frente a las fianzas o responsabilidades civiles.

El otro trapicheo de la mentada ley blinda a los altos cargos regionales de rendir cuentas económicas por posibles negligencias en su gestión.

Es decir, si los gestores de los 360 chiringuitos de la Generalitat, remunerados con sueldos multimillonarios, sufrieren condena judicial, el Govern correrá a cargo de las sanciones pecuniarias. O sea, que todos los contribuyentes catalanes acabaremos pagándolas a escote.

Pero no se acaban aquí los privilegios caciquiles que amparan a la nutrida cohorte de enchufados del Govern. En lo sucesivo, la abogacía de la Generalitat se pone al servicio de los posibles encausados y, cuando estos lo soliciten, asumirá su representación legal gratis et amore.

Los dos retoques normativos perpetrados por Quim Torra y sus secuaces revelan el obsceno sentido patrimonialista que de la Generalitat tienen los políticos separatistas.

Se creen los amos y señores de este terruño, mientras que el resto de mortales son unos meros siervos a quienes pueden exprimir, sangrar y robar sin miramiento ni tasa.

La masiva fuga de grandes bancos, empresas y capitales ocasionada por el procés, sumada a la nefasta gestión económica de Mas, Puigdemont y Torra, hacen que Cataluña marche hacia atrás como un cangrejo, para desgracia de sus inermes habitantes.

El independentismo fanático de una clase política de corte siciliano está ocasionando daños irreparables a nuestros lares. Las generaciones presentes y futuras pagarán muy caros los desafueros de esta banda criminal que nos esquilma desde hace 40 años.