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Los jueces mantienen el 14F

José Antonio Sorolla
6 min

Si no se producen "cambios sustanciales de aquí al 14 de febrero", todo indica que las elecciones catalanas se celebrarán en esa fecha. Así se desprende de los argumentos utilizados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para mantener por el momento las elecciones el 14F.

Seis de los siete jueces sostienen que existe un "interés público muy intenso" en que las elecciones se celebren y que trasladarlas al 30 de mayo, como pretende el Govern, aboca a un "periodo prolongado de provisionalidad" que "afecta al normal funcionamiento de las instituciones democráticas". El razonamiento es impecable teniendo en cuenta además que la suspensión de unas elecciones "no está prevista en el marco normativo estatal del estado de alarma", que, de hecho, "admite expresamente la celebración de elecciones", y que "las medidas sanitarias actuales no limitan desplazamientos para actividades no esenciales".

El tribunal expone de este modo la contradicción existente entre la suspensión de los comicios decretada por Pere Aragonès, "vicepresidente del Gobierno de la Generalitat en sustitución de la presidencia de la Generalitat y consejero de Economía y Hacienda" (sic), a causa de los problemas de salud pública que puede conllevar acudir a las urnas, y el hecho de que se puedan efectuar todo tipo de desplazamientos dentro del municipio.

Con este planteamiento, que es de sentido común --ese sentido que reclaman los partidarios de la suspensión de las elecciones--, los jueces rebaten las acusaciones de "irresponsabilidad" lanzadas por Aragonès contra el TSJC cuando el tribunal ya había decidido mantener el 14F, pero antes de la publicación de los argumentos jurídicos. "Estamos ante una irresponsabilidad que hace que muchos ciudadanos se vean obligados a escoger entre el derecho al voto y el derecho a la salud", aseguró Aragonès en tono apocalíptico en una comparecencia sin preguntas en el Palau de la Generalitat con el Govern formado a sus espaldas.

En el Parlament, mostró su "preocupación, perplejidad e indignación" por lo que consideraba una "judicialización" de las elecciones. En la misma línea se expresó la portavoz del Govern, Meritxell Budó, para quien los magistrados "condicionan la política catalana". Y ha habido más: Oriol Junqueras y otros han hablado de que la decisión del TSJC era "otro 155" y un "ataque a la democracia" mientras que representantes de los dos grandes partidos independentistas --el mismo Aragonès, sin ir más lejos-- han hablado de "una operación de Estado" para impedir el retraso de las elecciones.

En su resolución, el TSJC les responde recordando que no son los jueces quienes han fijado la fecha del 14 de febrero y que "lo que se hace por el tribunal es mantener la celebración de las elecciones en la fecha en la que las convocó la autoridad competente". Pese a ello, el tribunal no se cierra a un aplazamiento porque pueden producirse "cambios sustanciales" antes del 14F, tanto en las normas que regulan el estado de alarma como en el ámbito sanitario por una "evolución negativa de la pandemia". Es decir, que debería haber un confinamiento o restricciones más duras que las actuales para que variase su posición. La decisión definitiva se adoptará antes del 8 de febrero, seguramente ya en plena campaña electoral, que se inicia el 29 de enero, exactamente un año después de que Quim Torra diera por agotada la legislatura.

Los independentistas están habituados a ver "judicialización" de la política o injerencias y condicionamientos judiciales siempre que un tribunal no les da la razón en cualquier conflicto. Pero, ¿qué concepción de la democracia, del Estado de derecho y de la separación de poderes tienen cuando no aceptan que los jueces fiscalicen el comportamiento de los gobiernos en todos aquellos temas susceptibles de ser recurridos por un particular o un partido político?

La gravedad de la pandemia está fuera de duda, pero nadie puede asegurar que organizar unas elecciones en esta situación se convierta en una catástrofe si se toman las medidas adecuadas para proteger a los votantes y asegurar que el proceso se lleve a cabo con garantías sanitarias. Las negras previsiones anunciadas por la mayoría de los miembros del Govern se vienen abajo cuando, por ejemplo, se mantienen las mismas restricciones sin endurecerlas o cuando el conseller de Empresa, Ramon Tremosa, está proponiendo flexibilizarlas un día a la semana para poder ir a esquiar.

Aunque lo nieguen, el objetivo de diluir el efecto Illa está detrás de esa repentina y angustiosa preocupación por la salud de los ciudadanos. Hasta el cambio de candidato en el PSC, ERC no era partidaria de ningún retraso electoral, al contrario. Y la última encuesta del CIS, en la que el PSC queda primero por delante de ERC y la mayoría independentista peligra, con Salvador Illa como preferido para el cargo de president, viene precisamente ahora a agravar ese temor.

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¿Quién es... José Antonio Sorolla?
José Antonio Sorolla

Periodista desde 1974. Ha sido redactor jefe de El País, director adjunto de El Periódico de Catalunya y corresponsal de ambos diarios en París.