Arranca el mandato del Gobierno de Pedro Sánchez. Y al primer tapón, zurrapa. Su flamante ministro de Cultura y Deporte, Màxim Huerta, ya es historia. Visto y no visto. El jueves 7 de junio tomó posesión. El miércoles 13, cesó. En la jornada de su descalabro se resistió como gato panza arriba a dejar el cargo. Por la tarde, Sánchez no tuvo otro remedio que “dimitirlo”.

El interfecto achaca su salida del Ejecutivo a “la jauría”. Asombrosa excusa. No se sabe muy bien a quién se refiere. ¿Quizás al medio que osó destapar el escándalo? ¿A los órganos informativos en general? ¿A los ministros colegas que aconsejaron a Sánchez la fulminante destitución?

Sorprende que un personaje como él, periodista de largo recorrido, se rasgue las vestiduras porque alguien saca a relucir sus trapos sucios. Huerta ha estado muchos años trabajando en programas de TV donde se exhibe hasta límites obscenos la vida privada de famosos y famosillos.

¿Acaso no imaginó que su pasado se analizaría con lupa desde la toma de posesión misma? El Tribunal Superior de Justicia de Madrid le propinó el año pasado una doble condena por fraude fiscal. Es obvio que semejante marrón era un cadáver pestilente imposible de ocultar. Destapado el entuerto, innumerables comentaristas de la meseta pusieron a Huerta como chupa de dómine.

A la vez, Quim Torra empieza a hacer de las suyas en Cataluña. Conclusa la intervención de las cuentas por Hacienda, su primera providencia estriba en inyectar 20 millones a TV3 y Catalunya Ràdio.

O sea que estos dos mastodontes pueden renovar sin trabas los contratos de sus costosísimos voceros estelares y los acuerdos con las productoras externas. Torra se asegura así que los programas de unos y otras sigan vomitando propaganda del “procés”. En resumen, prioridad absoluta a la agit-prop. Hay que mantener enardecidas a las masas. Es preciso que éstas comulguen con las ruedas de molino que una nube de mercenarios les suministra a raudales.

La segunda medida de Torra no es menos antológica. Suspende la disolución del Diplocat, ordenada al amparo del 155. Y acto seguido, reactiva a todo trapo el suprimido engendro.

Por tanto, se volverá a enchufar en el Diplocat la habitual cohorte de burócratas procesistas de fidelidad inquebrantable. Así tendrán ocasión de viajar por el mundo, propalar las infinitas bondades de la independencia y, de paso, darse la vida padre. No dejarán un momento de tildar al Gobierno nacional de franquista y fascista.     

La tercera disposición de Torra es la reapertura de las dichosas “embajadas”. Su utilidad para el común de los ciudadanos es nula, pues el Govern carece de competencias en materia de asuntos exteriores. Pero permite colocar a unos cuantos paniaguados del régimen, como la hermanísima del entrenador Josep Guardiola. Las arcas de la Generalitat dan para eso y para mucho más.

Mientras el Govern malgasta su tiempo y el dinero del contribuyente en tales asuntos, 67 compañías más han abandonado esta comunidad hacia otras regiones españolas en las dos últimas semanas, según informa a diario Crónica Global. Las firmas evadidas persiguen un único objetivo: ponerse a resguardo del procés.

Encabezan la lista Newrest, proveedora de catering para líneas aéreas; la naviera CLdN Shipping Lines Spain; la consultora turística y hotelera Horwath Art Consulting Spain; el conocido director y productor musical Daniel Anglès; la hotelera Hotusa; el portal inmobiliario Habitaclia; la cárnica Toni Al Blai; y la holding promotora Inver Odiseus.

El balance que arrojan las fugas es devastador. Desde el fraudulento referéndum del 1 de octubre, se cuentan ya cerca de 5.000 exiliadas. Si se alarga el análisis a 2013 --cuando Artur Mas lanzó sus primeras proclamas secesionistas--, el saldo neto de salidas menos entradas supera las 6.500.

Cataluña siempre fue tierra de emprendedores, de burgueses, de pymes y de entidades de capital familiar. Pero de un tiempo a esta parte, los políticos separatistas han convertido estos meridianos en un agujero negro para los hombres de negocios locales.

Ha de añadirse a ello el infierno fiscal imperante, con un IRPF de los más elevados de España, un perverso gravamen del Patrimonio y un sangrante impuesto de Sucesiones, motejado “de impuesto sobre la muerte”.

Quién ha visto y quién ve a esta pobre Cataluña sojuzgada por los siniestros delirios de una tropa de políticos a cuál más provinciano y fanático.

Los destrozos ocasionados por la casta gobernante son tan cuantiosos y tan profundos que costará Dios y ayuda retornar al punto de partida. Según el augurio de mentes respetables, a Cataluña le aguarda, como mínimo, una década de estancamiento.