El Archivo de la Corona de Aragón

La Corona de Aragón fue una monarquía compuesta que reunió a varios Estados y territorios, cada uno con sus peculiaridades políticas, lingüísticas y culturales. Desde 1164 el Rey de Aragón, Alfonso II, era también conde de Barcelona por los esponsales de 1137 entre Petronila, de un año de edad, y el conde Ramón Berenguer IV, de 24, firmados por éste con el padre de ella, Ramiro II. Según este acuerdo dicho conde se convertía en vasallo del monarca aragonés aceptándolo como rey, señor y padre, y pasaba a formar parte de la Casa de Aragón como príncipe.

Después de heredar las posesiones de Provenza (1166) y Rosellón (1172), las sucesivas conquistas y matrimonios llevó a la Casa de Aragón a reinar también en Mallorca (1229), Valencia (1238), Sicilia (1282), Cerdeña (1323) y Nápoles (1442). A estos dominios se fueron sumando, según el caso y el contexto, otros territorios griegos o de influencia aragonesa, como la costa norteafricana de Argel a Trípoli. Fue a mediados del siglo XIV cuando el rey Pedro el Ceremonioso comenzó a denominar este conjunto de reinos y señoríos como “la nuestra Corona de Aragón”. Un nombre que fue aceptado por todos hasta que en 1872 Antoni de Bofarull publicó un libro con el título de La Confederación catalano-aragonesa, una interpretación que con el tiempo se ha convertido en fraude.

De todos los dominios que se incorporaron a esta Casa Real nunca se separaron Aragón, Cataluña, Baleares y Valencia, salvo durante la revuelta catalana de 1640. Además de las cuatro barras, el mejor símbolo que aún pervive de este pasado conjunto es el Archivo de la Corona Aragón (ACA), fundado en 1318 y ubicado en Barcelona. De los grandes archivos de rango nacional es el más antiguo y, junto al Archivo General de Indias (1785), tiene el reconocimiento de la Unesco como Patrimonio Cultural Mundial.

El ACA, aunque fue creado en Barcelona por Jaime II de Aragón como Archivo Real, no siempre guardó toda la documentación relacionada con la monarquía. Hubo otros depósitos creados con anterioridad y radicados en tierras aragonesas que conservaban aquellos documentos que legitimaban las posesiones y privilegios de los reyes. En Aragón, estos archivos estaban ubicados en monasterios que también eran panteones reales, como los de San Juan de la Peña y Santa María de Sijena. Hasta su traslado a Barcelona, la documentación en el monasterio femenino estaba protegida en un arca que custodiaba la priora. No fue casual su emplazamiento, Sijena estaba en el centro geográfico de las posesiones peninsulares de la Corona, lo que facilitaba que los escribanos y demás funcionarios reales acudiesen a consultarlos.

El nuevo modelo de archivo centralizado fue una importación italiana que impulsó Jaime II después de su estancia en Sicilia. La organización de la documentación en dos salas del Palacio Real barcelonés fue en paralelo al crecimiento de la administración regia, y en 1346 se dotó la plaza del primer archivero: Pere Perseya. Separados de este gran archivo central se crearon, a petición de las Cortes, nuevos depósitos para documentos relacionados en exclusiva con Valencia (1419) y Aragón (1461). A partir de Fernando el Católico fue descendiendo la documentación depositada hasta suspenderse en 1621, salvo la relacionada con los lugartenientes y virreyes. Con el Decreto de Nueva Planta se abolieron las instituciones que aportaban documentación y se convirtió en un archivo histórico. Fue en 1754 cuando se le denomina de manera oficial Archivo de la Corona de Aragón, aunque ya lo era de manera oficiosa desde el siglo XVI, y en 1770 los fondos son trasladados al actual edificio de la Generalitat desde su emplazamiento primitivo en la Palacio Real. Esta iniciativa borbónica fue insuficiente y no será hasta 1838 cuando la reina regente María Cristina ceda el Palau del Lloctinent o de los Virreyes para sede del archivo, aunque no se ocupará hasta 1853. En este emblemático edificio se custodiaron sus fondos hasta 1994, cuando bajo la dirección de Rafael Conde se trasladaron a la moderna sede del ACA en la calle Almogávares.

Aunque algunos historiadores han insistido en cambiar el nombre por Archivo Real de Barcelona, históricamente no está justificado. Después de la creación de los archivos de Valencia y de Aragón, la documentación de la Casa Real y del resto de los territorios (reinos de Cerdeña y Mallorca) continuaron depositándose en el de Barcelona, que seguía conservando los documentos más antiguos de todos los territorios. Pero ¿y los documentos catalanes anteriores a la creación de la Corona de Aragón? Según los expertos en archivística, en el ACA sólo se conservan unos cuarenta documentos elaborados entre el siglo IX y XII pertenecientes a un anterior depósito de la casa condal barcelonesa. Hay más documentos catalanes incluso de fechas anteriores, pero pertenecen a fondos incorporados bastante tiempo después, como los que se depositaron en 1610 procedentes de Sant Joan de les Abadesses y que contienen pergaminos del siglo IX del conde Guifré el Pilós.

A partir del siglo XIX y, sobre todo, a partir de la reorganización de Pròsper Bofarull se ha generado cierta confusión sobre el origen de los documentos. Por ejemplo, el variadísimo fondo del Consejo Supremo de Aragón ingresó en 1850 procedente del Archivo de Simancas. Estos papeles los generó esa institución creada por Fernando el Católico en 1494, que estuvo activa hasta que Felipe V la suprimiera en 1707. Durante el siglo XIX se incorporaron otros fondos que sí son exclusivamente catalanes, como los de la Real Audiencia, los de la Diputación del General de Cataluña (la Generalitat medieval y moderna), los de monasterios desamortizados, algunos fondos parroquiales, documentos gremiales, papeles municipales, etc.

En 1936 se produjo el primer intento nacionalista por integrar al ACA en el recién creado Arxiu General de Catalunya. Sin embargo, el traslado preventivo que gestionó Agustí Duran i Sampere en octubre de 1936 de los fondos más valiosos a la Casa Balcells en Viladrau frenó aquella intención. Después del triunfo franquista, y con Ferran Valls i Taberner como director, esos documentos regresaron de nuevo al Palau del Lloctinent. En la actualidad, aunque el archivo tenga su sede en Barcelona, su titularidad sigue siendo estatal y su gestión, obviamente, no está transferida al contener documentación relacionada con otras comunidades autónomas que en su día formaron parte de la antigua Corona de Aragón.

El reto está en si se acepta o no su desmantelamiento para beneficiar las aspiraciones nacionalistas catalanas y su reivindicación de desgajar los erróneamente denominados “fondos propios”, aspiración que se recoge en el Estatut de 2006. Sólo si triunfan el identitarismo y el fetichismo se podrá derribar este extraordinario monumento histórico, patrimonio de la cultura mundial. La imparable digitalización de sus fondos es la mejor protección ante el riesgo de que se produzca un atentado de tanta magnitud. Todo depende de si se impone la exclusividad catalana o el sentido de un pasado plural y común.