Beltrán (Cs): “El Govern se niega a explicar lo que hacen cargos que cobran 80.000 euros”

--PREGUNTA: ¿Cuántas veces ha recibido el amparo de las instituciones que velan por la transparencia de las administraciones?

--RESPUESTA: ¡Soy una desamparada! (Ríe) En cinco años, desde que empecé en el Parlament, nueve veces.

--¡Es mucho!

--Es mucho. Que me concedan el amparo significa que el Govern ha vulnerado mi derecho de acceso a la información como diputada del Parlament.

Susana Beltrán da su opinión para Crónica Global / CG

--Y todo ello ha ido a parar al máximo órgano de transparencia, el GAIP (Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública). ¿En ese caso le atiende el Govern?

--Como diputados tenemos una doble vía, el GAIP, o podemos pedir a amparo al órgano de garantía de transparencia del Parlament, que es al que hemos acudido. La vía del Parlament, compuesta por letrados independientes, me ha dado la razón nueve veces. Y ya me han dicho que no solo se vulnera mi derecho de acceso a la información, sino al de participación política, que es muchísimo más grave, pues el hecho de que no me den la información no me permite ejercer mi labor de representante de los ciudadanos de Cataluña. Es grave hasta tal punto que me sugieren que presente un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

--Está claro que se trata de una caso de vulneración de derechos…

--Hace muy poco, compareció en el Parlament la presidenta del GAIP y, para mi sorpresa, dijo que el Govern catalán no le había invitado a participar en el proceso de redacción del reglamento que desarrolla la ley de transparencia. Ellos ya han dicho que es restrictivo con los derechos  de los ciudadanos. Como partido, Ciudadanos ha presentado enmiendas a ese reglamento y hemos alertado de que si se aprueba tal cual, va a ser un blindaje de la opacidad del Govern, para ir en contra del derecho al acceso a la información en lugar de favorecerlo.

--Rechazar el acceso a la información a una diputada implica, por tanto, perjudicar los derechos de la ciudadanía.

-Los parlamentos tienen dos funciones básicas: legislar y controlar al Ejecutivo. Si nosotros no tenemos información, no podemos controlar al gobierno catalán. Y sin esa información, el gobierno tampoco rinde cuentas ante los ciudadanos. Nos falla esa primera fase. No es un tema menor, es muy importante. Hasta ahora, los gobiernos nacionalistas y separatistas estaban muy tranquilos pensando que nadie les iba a controlar y que podrían hacer lo que quisieran. Y hemos demostrado que eso no es así, que intentamos impedir que nadie se escaquee de sus obligaciones.

--¿Qué tipo de información es la que el Govern no quiere proporcionar?

-Principalmente, información relacionada con el procés, es muy curioso. Cuando tocas algo que es procés, de repente hay un velo de opacidad. Todo son excusas, dar largas. Los delegados de las oficinas el exterior llevan cinco años sin comparecer en el Parlament para explicar lo que hacen. Pedimos agenda de actividades: blindada. Cuando pido saber a quiénes envían cartas, cuánto dinero se destina a Naciones Unidas, no contestan o dan largas. Luego vemos cómo los medios de comunicación y los juzgados, con el caso Voloh, evidencian que se ha gastado dinero en buscar complicidades internacionales, aunque les ha salido fatal. El primer amparo que recibí fue en relación con Independent Diplomat, un lobby contratado por Artur Mas especializado en procesos de secesión. Pedí los contratos, los informes… y ahí no me respondieron. Es mi caso, porque no soy la única diputada que ha tenido que pedir amparo, siempre se niega información sobre cuestiones relacionadas con la acción exterior.

Bernat Solé, consejero de Acción Exterior de la Generalitat / GENERALITAT DE CATALUÑA

--¿En otros países ocurre esto, que el gobierno se niegue a informar sobre el uso del dinero que paga el ciudadano?

--Empezaría diciendo que en cualquier país del mundo, un Ejecutivo de una región no comete un golpe de Estado. No va al Parlamento de Cataluña y vota, los días 6 y 7 de septiembre  de 2017, para cargarse el Estatuto y la Constitución española. En nuestro entorno europeo cercano, esto es totalmente sorpresivo e inexplicable desde un punto de vista democrático o de quien quiere seguir siendo parte de la Unión Europea. A partir de ahí, otra de las cosas que me sorprenden es que se robaran los datos personales de los catalanes para celebrar el referéndum del 1 de octubre y que luego no tengan la valentía de ir al Parlament a decir la verdad. Lo que me lleva a pensar que son conscientes de que todo lo que han hecho para preparar la secesión no solo era ilegal, sino también ilegítimo, y no quieren decir la verdad a los catalanes. Eso dice mucho del procés y de los líderes que lo llevan adelante.

--Comentaba que la propia GAIP admite que el reglamento de la ley de transparencia es restrictivo, en lugar de facilitar el acceso a la información. ¿Qué se puede hacer, un mecanismo sancionador?

--Esta legislatura está acabando, pero no descarto que en la próxima pensemos en la reforma del sistema sancionador. Ahora, el que comete un daño a los derechos de los ciudadanos impidiendo el acceso a la información es el mismo que tiene que reparar ese daño, es totalmente contradictorio en sí mismo. Se podrá pensar que si los independentistas vuelven a gobernar, todo seguirá igual. Creo que poco a poco la transparencia va calando. Cuando en esta legislatura presentamos una moción donde se condenaba la opacidad del gobierno y salió adelante, creo que eso fue un paso muy importante para la transparencia, para el control político, para que se acostumbren que tienen que rendir cuentas ante los ciudadanos. Gobierne quien gobierne. Si viniera un constitucionalista, diría exactamente lo mismo. En donde haya gestión pública, debe haber rendición de cuentas. Eso ha costado mucho, seguirá costando, pero se han dado pasos. Estoy satisfecha. Que el órgano de transparencia haya hecho jurisprudencia, que el propio Parlament haya condenado la opacidad del Govern, seguir exigiendo esa rendición de cuentas.

La presidenta de la Comisión de Garantía del Derecho a la Información Pública (GAIP), Elisabet Samarra, junto al presidente del Parlament, Roger Torrent / EUROPA PRESS

--¿Qué votaron JxCat y ERC respecto a esa moción?

--Junts y ERC votaron en contra, pero a pesar de ello salió adelante. Y en algún punto, ERC se abstuvo. Eso es un reconocimiento de que ese problema no solo lo ha tenido Ciudadanos, sino también otros partidos políticos. Es muy pesado, no siempre se ve el trabajo que hay detrás, pero sí creo que hay que seguir adelante. Y seguir persistiendo. Gobierne quien gobierne.

--Hay medidas que luego quedan en el olvido, la propia ley de transparencia anunciada como proyecto estrella, el registro de lobbies, la petición de la Oficina Antifraude de que se publiquen las agendas y los contactos de los diputados… ¿Quién hace seguimiento de ello? ¿Se puede hacer más?

--Se puede hacer más y vamos a seguir exigiendo. Uno de los temas que a mí me han bloqueado muchísimo es el tema de las agendas. Yo he pedido la agenda, no solo de los delegados del gobierno en el exterior, sino de la oficina del expresidente Carles Puigdemont, de altos cargos, etc. Y no me la han dado. La respuesta es que, por la vía de transparencia, no están obligados. Y yo he insistido. Aunque no estén obligados, por publicidad activa, ustedes deberían darnos esa agenda. Sobre todo, pensando en cargos que cobran más de 80.000 euros anuales. Cualquier persona que cobra del erario público más de 80.000 euros anuales, por lo menos, tiene que rendir cuentas en el Parlament de su gestión pública si algún partido político lo pide. Hasta ahora me lo han negado. Pero en la intervención que tuvo la presidenta del GAIP, yo hice esta pregunta, y me contestó que, efectivamente, por publicidad activa, no hay ningún problema en que se den las agendas, aunque la ley de transparencia no obligue.

--La ley no obliga, pero tampoco prohíbe, entiendo.

--Exacto. Creo que es una demanda que la tenga esta diputada. Los ciudadanos están muy interesados en saber qué hacen cargos que cobran 80.000 euros o más.

--Por ejemplo, los delegados de las llamadas ‘embajadas’ catalanas.

--O el responsable de la oficina de Puigdemont que, curiosamente, sale en la operación Voloh. Ha habido una opacidad muy grande todos estos años y no solo a nivel de ejecutivo, sino en lo que se ha llamado el estado mayor del procés. La sospecha de corrupción es muy alta y la opacidad lo que hace es confirmar esa sospecha.

--Hay quien relativiza esa operación Voloh, que rebaja su importancia penal por la anécdota de la trama rusa, que no hay delito. ¿Pero hay responsabilidad política?

--Hay millones de euros gastados como para no tomárselo a la ligera. Hay cosas que yo he vivido en primera persona. Cuando yo pedí el primer amparo, era sobre un lobby americano especializado en procesos de secesión, relacionado con Diplocat, que cuesta dos millones de euros anuales. Al lobby se le pagaron 1,5 millones de euros, más todos los contactos financiados curiosamente por el departamento de Transparencia --Acción Exterior incluye también Transparencia y Relaciones Institucionales--. En la legislatura que acabó con el referéndum ilegal intentaron comprar complicidades internacionales con el dinero de todos los catalanes y negaron información a los diputados del Parlament. Esos son datos objetivos. Con la perspectiva del tiempo, creo que no solo negaron información a los diputados, porque sabían que lo que había era ilegal, sino que para no decir la verdad sobre el hecho de que lo que hacían no servía para nada. Es evidente que la secesión no la lograron, pero se gastaron mucho dinero. No sé si es delito o no, pero eso es objetivo. Desde un punto de vista político, es censurable, escandaloso e indigna.

--El Tribunal de Cuentas fue muy contundente en su informa sobre la acción exterior hasta 2017.

-Y han seguido. Yo pedí que la Sindicatura de Cuentas fiscalizara las oficinas de la Generalitat en el exterior y los partidos separatistas lo bloquearon. Tampoco ha salido de ellos que se fiscalice. Las sospechas de corrupción son altísimas y esas risas del lado separatista es para marear la perdiz, para negar la evidencia de que se han gastado muchísimo dinero en buscar apoyos internacionales, que lo siguen haciendo, que no les está saliendo bien y que quieren seguir con el procés para justificarse ante sus votantes.

--Hay muchos órganos fiscalizadores, como la Sindicatura, que luego no tienen un poder vinculante y sus dictámenes quedan en el olvido. ¿Para qué sirven, pues?

--Estoy absolutamente convencida de que, hasta que no haya un gobierno constitucionalista en Cataluña, se van a hacer muchas cosas que serán malas prácticas con sospechas de corrupción y, en el mejor de los casos, serán cosas inútiles, dinero que nos podríamos ahorrar y que podría servir las necesidades de los ciudadanos. Hay órganos que deberían desaparecer, como Diplocat. Pero hay muchos otros. Pero eso no se podrá hacer hasta que no haya un gobierno que no tenga mochilas de corrupción detrás, que no tenga nada que esconder, y que construya una administración al servicio de los ciudadanos y no a los amigos del procés.

--El Tribunal Constitucional ha dicho que Cataluña no puede tener una diplomacia propia, pero en paralelo se crean cada vez más delegaciones políticas, al margen de las comerciales, que hacen su función.

--Políticas y opacas, que no rinden cuentas. Me asombra que la gente no se escandalice más. En el departamento de Acción Exterior, que tiene 78 millones de euros de presupuesto, muchas de sus actividades, por no decir todas, son opacas.

La sentencia del Tribunal Constitucional libra al Gobierno de reclamaciones económicas por el estado de alarma / EP

--El Gobierno español considera que esas oficinas son legales, que cuentan con los informes preceptivos.

--El Govern no está cumpliendo con las sentencias del Tribunal Constitucional, la jurisprudencia ha dicho que se puede hacer acción exterior en desarrollo de competencias autonómicas, es decir, consumo, cultura, juventud… que están en el Estatut, con respeto a la política exterior de España. La propaganda separatista ¿qué desarrollo de competencias es? No es ninguna. ¿Y qué respeto hay a la política exterior de España cuando el señor Torra envía una carta de felicitación al primer ministro de Kosovo, cuando este país no está reconocido por España y hace pocos días su presidente tuvo que dimitir acusado por cometer crímenes contra la humanidad?. ¿Qué lealtad hay hacia España, hacia los ciudadanos?. ¿Qué están haciendo con el dinero de los catalanes destinado a una política exterior ilegal, ilegítima, rastrera y que nos está perjudicando a todos? Me gustaría que el Gobierno de España fuera más crítico. La Constitución dice que el Gobierno español dirige la política exterior, pues no lo parece. Parece que Cataluña se la dirige. Y eso no puede ser. Mientras no haya una mayor contundencia por parte del Gobierno de España, esto seguirá igual.

--Ahora que se están negociando los fondos europeos para luchar ante el Covid ¿las proclamas independentistas, las 98 cartas enviadas por Torra a mandatarios internacionales que usted destapó, pueden suponer un obstáculo?

--A la UE no le gusta que no se respete un Estado de derecho, lo estamos viendo estos días. Ahora los fondos están bloqueados precisamente porque Hungría y Polonia quieren seguir incumpliendo el Estado de derecho. A la UE no le gusta que dentro de un país haya corrientes separatistas que pongan en peligro lo que es propiamente la gestión de los fondos. Se ha reiterado varias veces que el control de la gestión de los fondos va a ser muy exigente. Eso casa mal con las lecturas separatistas, con la opacidad. Y ahí el Gobierno de España va a tener que rendir cuentas ante las instituciones europeas. O hacen bien los deberes o vamos a tener problemas para recibir esos fondos.

--Suele tener contacto con cónsules, con representantes diplomáticos. ¿Cómo ven la situación existente en Cataluña?

-No solo los representantes diplomáticos, en general los autónomos, las empresas, trabajadores, piden seguridad jurídica. Piden certeza, responsabilidad. Eso son adjetivos que no se pueden predicar del gobierno catalán, ni en estos momentos ni desde hace unos años. Para poder invertir, para que recuperemos el dinamismo económico y social, hace falta que los gobiernos gocen de la confianza necesaria. Y terceros países tampoco la tienen.