El máximo órgano de transparencia catalán pierde la paciencia con la propaganda de Torra
Reprocha al Departamento de Acción Exterior que vete información a una diputada de Ciudadanos, a la que se ha concedido amparo nueve veces, y que “ni se esfuerce” en argumentar los motivos
25 septiembre, 2020 00:00Ironías de la política, el Departamento de Acción Exterior, creado a la medida de la propaganda internacional del procés, también es el máximo responsable de la Transparencia y las Relaciones Institucionales del Govern.
Pero su opacidad respecto a la diplomacia catalana es tan recalcitrante que el Órgano de Garantías del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) le ha reprochado en varias ocasiones su negativa a dar información sobre sus gastos y actividades, lo que, según avisa en sus informes, supone vulnerar una de las principales funciones de los diputados de la oposición: el control de la acción de gobierno. Incluso asegura que el Govern ni siquiera se esfuerza en argumentar su rechazo.
Es más. La negativa de Acción Exterior a suministrar esos datos ha provocado que la diputada de Ciudadanos Susana Beltrán haya recibido amparo de la Mesa del Parlament en nueve ocasiones en menos de cinco años.
El GAIP es un órgano independiente y vela por la transparencia de las instituciones catalanas. En sus dos últimos informes, a los que ha tenido acceso Crónica Global, asegura que la consejería no tiene ningún argumento para hacer caso omiso de las reclamaciones de la diputada.
Campaña internacional
El primero de ellos hace referencia a la petición del coste del briefing titulado A hundred years of injustice (Cien años de injusticia) que el departamento envió a varias instituciones internacionales. La diputada Beltrán, que presentó la solicitud el 19 de febrero, quería conocer también la lista de destinatarios. Tras las sucesivas negativas del Govern a informar de esa campaña –sus respuestas estaban llenas de vaguedades--, Beltrán presentó una queja a la Mesa del Parlament, a la que tampoco hizo caso la consejería, por lo que pidió un informe al GAIP.
“Hemos tenido ocasión de señalar en anteriores informes que el derecho a la información de los miembros del Parlament tiene carácter preferente y solo puede quedar restringido si concurre alguno de los límites que establece la legislación sobre transparencia a la información pública”, indica el citado órgano. No es el caso, añade: “La respuesta del Govern no hace referencia a la concurrencia de algún límite o restricción legal que impida facilitar la relación de los destinatarios a los que se ha enviado el briefing. Tampoco da una respuesta directa y suficiente a la solicitud de información”.
El "espionaje" de Borrell
Reflexiones parecidas hace el GAIP respecto a la petición efectuada por la diputada de Cs el pasado 10 de febrero sobre la carta que el Govern envió a diferentes organismos y personalidades extranjeras para informar sobre el supuesto espionaje de las embajadas catalanas por parte del Ministerio de Exteriores. Beltrán quería conocer la relación de eurodiputados, ministros, diplomáticos y entidades a los que se entregó la misiva, así como la respuesta dada a la misma.
De nuevo, la consejería de Transparencia optó por la opacidad y la Mesa recurrió otra vez a la autoridad responsable de garantizar el derecho a la información: “Hemos destacado en diversas ocasiones que el derecho de acceso a la información de los miembros del Parlament forma parte del contenido esencial del ius in officium o función representativa y parlamentaria, que está directamente conectado con el derecho fundamental de participación política”.
"No ha hecho ningún esfuerzo"
Tampoco en este caso argumenta el Govern el motivo de su negativa a informar, esto es, si hay límites legales. “El citado departamento no ha hecho ningún esfuerzo de concreción en los términos pedidos por la diputada, cuestión que no tiene especial dificultad para que sea respondida, ni desde el punto material, ni cuantitativo”.
En anteriores ocasiones, el rapapolvo del GAIP y del Parlament al Departamento de Acción Exterior se debió a su reiterada negativa a dar cuenta de las subvenciones destinadas a entidades vinculadas a las Naciones Unidas, o sobre el viaje que el exconsejero Alfred Bosch realizó a Estados Unidos y Gran Bretaña.