Nada bueno hay en una crisis económica. Salvo que pone a cada político en su sitio. Que Jordi Puigneró asegure que “el gratis total de hoy son los recortes de mañana” demuestra no solo el modelo de país de Junts per Catalunya, heredero de los brutales tijeretazos sociales de Artur Mas, sino la falta de autoridad moral para acusar de populismo a Pedro Sánchez. Una cosa es pedir explicaciones sobre cómo piensa el Gobierno español pagar la gratuidad de Renfe. Otra, cuestionar la viabilidad de la medida desde el minuto uno simplemente por apriorismos políticos. Se avecina un otoño muy complicado.

Algunos economistas son especialmente agoreros, mientras que Gonzalo Bernardos explica en Crónica Global que “ni en el peor de los escenarios, España entrará en 2023 en una crisis similar a la iniciada en 2008”. Veremos.

Lo cierto es que las administraciones deben reaccionar. El entorno de Alberto Núñez Feijóo habla de un "patriótico" Plan Marshall. El de Sánchez invoca a Keynes. ¿Qué propone Puigneró, más allá de una reiterada y cansina defensa de los recortes de Mas frente al despilfarro del tripartito? Recortes que, conviene recordar, todavía no se han revertido y de ello se resiente aún nuestro estado del bienestar, el que depende de la Generalitat y su altísimo presupuesto, 38.139 millones. 

JxCat asiste estos días a un giro de 360 grados que le situará en el punto de partida, esto es, en la old CDC. La búsqueda de pactos con el PSC, el adiós en diferido de Laura Borràs y la renuncia de Carles Puigdemont así lo indican, por no hablar del posible retorno de Xavier Trias como alcaldable, vaticinan un regreso a la centralidad. Y a las esencias de una Convergència que, en boca del vicepresidente Puigneró, reivindica la austeridad de Mas y su consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, esto es, el decremento de partidas destinadas a sanidad, educación y servicios públicos. Doce años llevamos con la cantinela convergente de que la culpa fue del tripartito. Doce años sin que el gobierno nacionalista primero e independentista después, haya aplicado un auténtico plan de choque social. Decía Gabriel Rufián, abonado a la polémica, que Puigdemont es más de derechas que Esperanza Aguirre. ¿Y ERC?

En éstas que vino la pandemia. Y después la guerra de Ucrania y la consecuente crisis energética. La gratuidad de Renfe, ni es permanente ni supondrá un enorme desequilibrio para las arcas públicas ni soluciona todos los males. Depende de un crédito extraordinario, sí, y quizá el Gobierno debería aclarar si está optando por una redistribución del gasto, que es la forma que tienen los gobiernos de evitar más deuda y más presión fiscal, mientras se da prioridad a partidas sociales, esto es, a las que impactan directamente al bolsillo del ciudadano.

Otra cosa es que, a estas alturas del año, en estas vísperas vacacionales, nos apetezca leer la letra pequeña, profundizar en las ventajas e inconvenientes de determinadas medidas. Populismo es precisamente eso, buscar el titular mediático y evitar rendir cuentas de cómo llega y a dónde va el último euro que pagan los contribuyentes con sus impuestos. El Govern no es --no ha sido-- un dechado de virtudes en ese sentido. El gabinete de Artur Mas, defensor del copago sanitario, recortaba con una mano --“no es crisis, es desaceleración”, decían sus eufemistas-- y, con la otra, se las gastaba en estructuras de Estado que debían servir de cimientos de la Cataluña independiente. Del dinero destinado a ello hemos sabido gracias a los procesos judiciales y al Tribunal de Cuentas, no porque los altos dirigentes de la Generalitat se hayan esforzado en dar explicaciones parlamentarias sobre el sueldo y quehaceres de los cerebros del procés.

Doce años, como decimos, llevan los (neo)convergentes echando la culpa de todo al tripartito --PSC, ERC e ICV--, obviando el alto déficit heredado por el gobierno de izquierdas de Jordi Pujol. Mientras tanto crecen las listas de espera en las ayudas a la dependencia, en la sanidad o en el acceso a pensiones no contributivas. Doce años en los que se ha dado la espalda a la comunidad sanitaria y educativa, al límite por la falta de recursos. Doce años en los que las tasas universitarias se han disparado y las ayudas a la pobreza se han traducido en caos y tormento por el laberinto burocrático al que se ven sometidas personas que no tienen ni acceso al DOGC.

La gratuidad de Renfe no solucionará todos esos problemas. Pero ¿qué es más populista? ¿La medida anunciada o el titular facilón de Puigneró? Y, sobre todo, ¿piensa la Generalitat aplicar reducciones similares en sus Ferrocarrils? Bueno, en realidad los trabajadores utilizan Rodalies.