El laberinto burocrático de las ayudas a la pobreza en Cataluña

Fuentes de la Consejería de Derechos Sociales admiten a Crónica Global que la última actualización de ese mapa de prestaciones se remonta a 2015 y que la intención de la consejera Violant Cervera “es actualizar la cartera de servicios marcando prioridades de actuación”.

Ayudas y servicios

En efecto, hace seis años, cuando las políticas sociales eran gestionadas por el departamento de Bienestar Social y Familia –Neus Munté (ahora en Junts per Catalunya) estaba al frente– se publicó el Mapa de Prestaciones Sociales de Cataluña [se puede leer en este enlace], un compendio de las prestaciones de carácter económico y de servicios, en base a la información facilitada por todos los departamentos de la Generalitat y la publicada por la Administración del Estado.

El mapa identificaba 79 tipos de prestaciones de carácter económico a personas y 90 prestaciones de servicios agrupadas telemáticamente. No obstante, en el primer grupo se habían extinguido seis por normativa. En total, 149, la mayoría de las cuales son competencia de la Generalitat y van dirigidas a la cobertura de necesidades básicas, como por ejemplo la cofinanciación de las ayudas de urgencia social, los complementos de pensiones bajas (no contributivas, viudedad ...), Renda Garantida de Ciutadania, etc.

Financiación de la Generalitat

El 52% de las prestaciones tenían como fuente de financiación la Generalitat; el 41%, la Administración del Estado (principalmente las pensiones, las relacionadas con el sistema de empleo y algunas relacionadas con el ámbito educativo) y el resto, fórmulas mixtas.

El número de beneficiarios de las prestaciones de carácter económico en 2014 fue de casi 3,3 millones de personas, teniendo en cuenta que cada beneficiario podía recibir más de una de estas ayudas. En cuanto al gasto, ascendió a 28.047 millones de euros.

A modo de ejemplo, entre las 90 destacan servicios sociales y promoción social (atención a las personas con dependencia, a las personas con discapacidad, a la infancia, a la familia, a la inmigración, a la juventud ...), salud (atención primaria, especializada, sociosanitaria ...), educación (educación infantil, primaria, secundaria, escolarización de niños de 0 a 3 años, calificación profesional ...), empleo (centros especiales de trabajo, servicios de orientación y de búsqueda de trabajo, formación y recalificación ...), justicia (atención a víctimas de delitos, atención a menores de edad encausados, medidas penales alternativas, programas de rehabilitación en ejecución penal ...), vivienda (acceso a viviendas de emergencia, asesoramiento a personas y familias en situaciones de emergencia de pérdida de vivienda ...), transporte público (bonificaciones para determinados colectivos), seguridad (asistencia en situaciones de emergencia y atención a las víctimas de delitos), agricultura, ganadería y pesca (Formación profesional en el sector) y cultura (derechos lingüísticos, derecho de acceso a la cultura ...).

¿Simplificación?

El informe aludía al laberinto burocrático que suponía ese catálogo, aunque ya advertía de que “aunque probablemente se podría simplificar el actual sistema de prestaciones económicas, difícilmente se podrá llegar a reducir a una única prestación económica que compacte todas las sociales existentes, dado que no todas ellas dan respuesta al mismo objetivo ni persiguen proteger o preservar la misma situación de riesgo social para la persona y / o familia beneficiaria. Además, algunas son de carácter puntual y otras de carácter temporal o permanente".

Seis años después, el lío burocrático se mantiene sin que se hayan actualizado esas prestaciones. En su Plan de Choque Social, PSC indica que “una de cada cuatro prestaciones gestionadas por la Generalitat depende del Departamento de Derechos Sociales, cada una con sus requisitos y trámites concretos, haciendo que el sistema sea ineficiente y, además, la dispersión de prestaciones lleva a que el conjunto de la ciudadanía, así como de los profesionales, no las pida por desconocimiento”.

Desburocratizar

Los socialistas recuerdan que uno de los objetivos de la Renta Garantizada de Ciudadanía era el de simplificar el sistema de prestaciones “para tender a unificarlas, revisando las condiciones de acceso, desburocratizar los trámites y facilitando un acceso universal, garantizando la equidad, la fiabilidad y la armonización”.

Desde el citado departamento, afirman que la consejera tendió la mano al PSC para avanzar en aquellos aspectos en los que hay consenso.