En democracia, pueden defenderse todas las ideas y, más aún, bajo una Constitución “no militante” como la española. La independencia de Cataluña es pues defendible en el marco de las libertades públicas de los ciudadanos españoles. Es lo que hacen los políticos e ideólogos independentistas después de negar que dichas libertades existan.

¿Hay límites a la pretensión de la independencia de Cataluña? Sí que los hay, igual como en cualquier otra pretensión política o no, que en su formulación tiene que respetar el marco legal. No se puede defender algo vulnerando la ley, y si se defiende vulnerándola, hay que atenerse a las consecuencias.

Pero no es a los límites legales que ahora quiero referirme, ya tenemos suficientes pronunciamientos sobre ellos, sino a los límites morales que debieran constreñir al político en el ejercicio gubernamental. Aludo a Pere Aragonès, presidente de la Generalitat, que en la campaña electoral de las elecciones autonómicas del 12M lleva en su programa la celebración de un referéndum para la independencia de Cataluña con la pregunta binaria sí o no.

La moralidad de los actos políticos, que incluyen las palabras -las palabras públicas de un gobernante son actos políticos-, actualmente no cuenta como requisito necesario del ejercicio de la política, quien la invoque se verá acusado de alejarse de la realidad y sumarse a la “moralina”. 

Que no cuente es una degeneración de la política, la cual, en definitiva, es “el gobierno de la ciudad”, de sus gentes y de sus cosas; por lo tanto, si se gobierna “sin moralidad”, se tiene la libertad de engañar al ciudadano en cuyo nombre se gobierna.

Que se acepte que la moralidad no cuente en política es una claudicación que deja al ciudadano indefenso frente a imitadores del fenómeno de feria que es Donald Trump, al cual se le contaron más de 30.000 mentiras durante su mandato presidencial de cuatro años. 

Desde el baremo de la moralidad, declarado en desuso por la corrección política al uso, la defensa que Pere Aragonès hace de la independencia de Cataluña es inmoral por intelectualmente deshonesta.

El referéndum que tanta tinta hace correr es un medio para lograr un fin al amparo del derecho de autodeterminación: la independencia de Cataluña; tanto es así que los independentistas lo denominan “referéndum para la independencia”, no sobre la independencia. Teóricamente, habría otros medios para alcanzar tal fin, como la negociación directa entre los poderes del Estado y los de la Generalitat. Lo que realmente importa no es pues el referéndum, que es instrumental, sino la independencia, en esta hay que concentrar el combate ideológico, a ella hay que ceñir el juicio moral.

Pere Aragonès es licenciado en Derecho. En la carrera de Derecho se estudia derecho internacional público. Aragonès sabe, o tendría que saber, que absolutamente ninguno de los supuestos del derecho de autodeterminación, desarrollado en las Resoluciones 1514 (XVI) y 1541 (XVI) de 1960 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, es aplicable a Cataluña. No hay margen alguno para otra interpretación.

Aragonès lleva seis años ejerciendo altas responsabilidades de gobierno en la Generalitat de Cataluña; a través de esta práctica conoce o tendría que conocer la realidad estructural de Cataluña, el proceso de integración económica y de unión política de Europa, la situación geopolítica y geoestratégica del mundo, afectado por acuciantes problemas de humanidad: el cambio climático, el peligro nuclear, la demografía insostenible, el fin de la abundancia, la desigualdad entre países, del PIB per cápita de Burundi (208 euros) al de Dinamarca (62.990 euros), pasando por el de Cataluña (32.550 euros).

Pere Aragonès sabe, o tendría que saber, que con semejantes parámetros la independencia de la Cataluña del autogobierno, que dispone de recursos, medios y competencias que ya quisieran para sí Burundi y otros Estados, además de imposible sería inmoral, dejando ahora de lado que no sea necesaria para el bien común de los catalanes. 

Si no lo sabe, denota grave ignorancia, que lo invalida como gobernante; si lo sabe y persiste en pretender la independencia, actúa de manera inmoral, que también lo invalida como gobernante. 

Pero Aragonès no tiene que inquietarse: la moralidad en política no cuenta y se acepta que no cuente, mayoritariamente o tal vez no. Puede continuar proponiendo, defendiendo, augurando, culminando, etcétera, la independencia innecesaria e imposible de Cataluña. 

No obstante, tiene dos considerandos en contra: que la indiferencia hacia la moralidad en política no sea mayoritaria y que el rechazo al mal gobierno que preside sea mayoritario. Uno de los dos considerandos o ambos lo apartará de la presidencia de la Generalitat.