El 'procés': una acusación justificada y fundada (y 2)

Carlos Jiménez Villarejo
7 min

La continuidad del análisis anterior exige que vaya precedido de ciertos párrafos del escrito de acusación de la Fiscalía del Tribunal Supremo que describen con crudeza los elementos fácticos que fundamentan  la calificación penal de las conductas de los principales dirigentes y responsables penales de todo el procés:

“Tras la elecciones de 27 /9/2015, y dado que el objetivo de la legislatura era culminar en 18 meses el proceso de secesión (…) las asociaciones civiles soberanistas asumieron la responsabilidad de impulsar la mayor aceptación social de las iniciativas secesionistas (…) buscando una intensa movilización ciudadana que doblegara la voluntad del Estado para que éste terminara por aceptar la independencia (…) ante las vías de hecho que se desplegaron”. ¿Dónde estaba la voluntad de diálogo?

Después de las jornadas parlamentarias de los días 6 y 7 de septiembre de 2017, fueron convocadas concentraciones ciudadanas. En ellas, “Jordi Sànchez enardeció a la muchedumbre sosteniendo que se había ganado de nuevo la calle (…) proclamando que solo debían obediencia al Gobierno catalán”. “Ya no bastaba con la desobediencia y la legislación paralela. Era preciso oponerse con todos los medios a su alcance --incluida la violencia en caso extremo-- al cumplimiento de las órdenes judiciales encaminadas a imposibilitar la celebración del referéndum”.

Durante los graves altercados producidos con motivo el registro judicial del 20 de septiembre dicho año, tanto Jordi Sànchez como Jordi Cuixart “se dirigieron en diversas ocasiones a la multitud para conducir su actuación (…) Jordi Cuixart se dirigió a los congregados y exigió la liberación de todos los detenidos (…) Apeló también a la determinación mostrada en la guerra civil (empleando la expresión ¡no pasarán¡) y retó al Estado a acudir a incautar el material que se había preparado para el referéndum, acabando su alocución así: “Hoy estamos decenas de miles aquí, mañana seremos centenares de miles allá donde se nos requiera. No tengáis ninguna duda de que ganaremos nuestra libertad”.

Añadiendo “que ni Rajoy, ni el Tribunal Constitucional, ni todas las fuerzas de seguridad podrían pararles”. A los hechos descritos, habría que sumar “limitación de los movimientos de la comisión judicial, asedio del lugar con insultos y lanzamiento de objetos a algunos de los agentes”. Alguien, desde la objetividad, ¿puede ocultar o negar la realidad de la violencia presente en aquellos momentos contra autoridades y agentes del Estado?

Al día siguiente, el 21 de septiembre, “Jordi Sànchez y Jordi Cuixart convocaron a una movilización permanente ante el Tribunal Superior de Justicia, concentrándose allí unas 20.000 personas, en la que hicieron llamamientos a la población para que acudiera a votar el 1-O”. Concentración a la que se sumaron Carme Forcadell y Joaquim Forn. Y el acusado Turull --que se libró de ser investigado por el expolio del Palau de la Música-- escribió en un tuit: “Votaremos y ganaremos!!! El Estado tiene las alcantarillas, el TC, los fiscales”. Estos eran, además de los demás acusados, ¿quienes pretendían gobernar Cataluña?

Y situados ya en la jornada del 1-O, en dicha fecha “los acusados asumieron continuar con la estrategia de incumplir el mandato judicial, quebrantar la legalidad y celebrar a toda costa la citada jornada valiéndose para ello de la población civil”.

“Los acusados (citados), siguiendo el plan inicialmente trazado rechazaron, pese a la advertencia de sus manos policiales (los Mossos d’Esquadra), paralizar la jornada y poner término al proceso ilegal que propiciaba el riesgo de violencia en la calle, asumiendo de ese modo que la estrategia de movilización ciudadana en pro de la independencia pasara por alentar a la ciudadanía a ocupar los colegios electorales de modo masivo y a enfrentarse a las fuerzas de seguridad, y que la jornada pudiera terminar, como de hecho sucedió, no solo con alteraciones tumultuarias y masivas de actos de resistencia y desorden, sino también con actos de violencia y agresión…” El escrito acusatorio de la Fiscalía describe con toda precisión los ciudadanos y agentes de la autoridad que resultaron lesionados y asistidos médicamente. Otra expresión más de la violencia presente en todo este proceso.

Como es ya sabido, los días 6 y 7 de septiembre de 2017 fueron aprobadas, en condiciones antidemocráticas, las leyes 19 y 20 de dicho año sobre la convocatoria del referéndum de “autodeterminación” y sobre la “transitoriedad jurídica y fundacional de la República”, ambas suspendidas y luego anuladas por el TC. Leyes que representaban “el desalojo de la legalidad constitucional y estatutaria del territorio de Cataluña”.Lo que no impidió que el 27 de octubre, un grupo de diputados presentara a la Mesa del Parlament dos propuestas de resolución que tenían como objeto “la declaración de independencia de Cataluña” y “el inicio de un proceso constituyente para la nueva república”, que se votaron de forma simbólica.

Aquí concluyó el proceso soberanista iniciado formalmente en enero de 2013. El fracaso es evidente, con independencia de las incidencias del proceso penal abierto ante una insurrección de evidente carácter penal, como se desprende de cuanto hemos expuesto.

(En memoria del juez Juan Antonio Ramírez Sunyer)

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Carlos Jiménez Villarejo

Ex fiscal jefe anticorrupción, miembro de Federalistes d'Esquerres, y ex eurodiputado de Podemos.

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