La suspensión de las elecciones del 14-F y su desplazamiento al 30 de mayo significa que en la Cataluña actual puede pasar de todo. Es lo único que faltaba para que se muestre a plena luz el desgobierno, la incompetencia, el partidismo más descarado y la falta de escrúpulos para tomar cualquier decisión, aunque sea flagrantemente contradictoria con lo que se defendía solo unos días antes.

Cuantas más veces se niegue, más se confirma que la suspensión --empezar de cero porque el decreto deja sin efecto la convocatoria, no la aplaza-- obedece a razones partidistas, enmascaradas en poderosos motivos epidemiológicos, que deben tener su peso, pero que en este caso pesan más de lo que lo harían en otras circunstancias donde no hubiera intervenido el partidismo.

Para comprobar las razones partidistas, hay que recordar en primer lugar que ERC se había mostrado siempre partidaria de ir a las urnas incluso en plena primera ola de la pandemia después de que el president Quim Torra proclamara el 29 de enero de 2020 que la legislatura estaba “agotada” por la “deslealtad” de Esquerra y anunciara que convocaría elecciones una vez aprobados los Presupuestos de la Generalitat. Luego no lo hizo, también por razones partidistas enmascaradas por la pandemia, en espera de poder capitalizar su segura inhabilitación y para dar tiempo a consolidar JxCat, el nuevo partido de Carles Puigdemont.

Lo único que ha cambiado desde entonces es la irrupción de Salvador Illa como candidato del PSC y su buena posición en las encuestas. Todas le dan como preferido para ser president y alguna, concretamente la de El Periódico de Catalunya, le otorga la victoria por delante de ERC. Se dirá que el PSC se ha mostrado partidario casi hasta el final de mantener la fecha del 14-F también por partidismo, para aprovechar el efecto Illa, que puede quedar atenuado con el paso del tiempo. Es cierto, pero en descargo del PSC hay que decir que en su caso no hay contradicción porque siempre ha sido partidario de votar cuanto antes, incluso cuando Illa no era el candidato.

JxCat, por el contrario, siempre ha apostado por votar cuanto más tarde mejor --incluso hasta agotar la legislatura, que terminaría a final de año--, para ir a las urnas con un partido más rodado, aunque hace unos días tanto la cabeza de lista Laura Borràs como Joan Canadell, número dos, se expresaron a favor de mantener el 14-F. ¿Sería porque en algunas encuestas pisaban los talones a ERC? Los sondeos han influido asimismo en las posiciones de Ciutadans y de Catalunya en Comú-Podem, favorables al aplazamiento por sus malos pronósticos, aunque no se acaba de entender en qué puede beneficiar un retraso a un Cs en caída libre, que puede perder dos tercios de su electorado.

Es cierto que los datos de la pandemia son cada vez peores. La Consejería de Salud estima que para el 14 de febrero habrá entre 3.000 y 4.000 contagiados por Covid al día, entre 620 y 750 pacientes en las ucis y entre 100.000 y 200.000 infectados o con contacto con contagiados que tendrían difícil votar. Pero es muy dudoso que esta previsión sea suficiente para tomar una medida tan grave y tan discutible jurídicamente como suspender las elecciones y restringir temporalmente un derecho fundamental como es el de la participación política. Aunque la suspensión se puede recurrir ante la existencia de un vacío legal, el precedente del retraso en Galicia y Euskadi, avalado por las juntas electorales correspondientes, puede servir para justificar la decisión.

Hasta ahora, la Generalitat siempre había asegurado que trabajaba para poder celebrar las elecciones con garantías sanitarias y si ahora no lo puede asegurar será porque no se han tomado las medidas suficientes o se ha variado el criterio. De hecho, en octubre, cuando el Govern presentó el plan que garantizaba la celebración de las elecciones pese al virus, los datos epidemiológicos eran muy similares, e incluso algo peores, que los actuales. No se entiende que los ciudadanos puedan ir a trabajar, moverse libremente con los transportes públicos, ir a comprar con algunas restricciones o los alumnos acudir a las escuelas, entre otras actividades, y que sea imposible votar. Lo han hecho otros países, como Estados Unidos --donde han votado 150 millones de personas con una pandemia más grave que en España-- o lo hará Portugal el 24 de enero con un confinamiento más estricto que las restricciones implantadas en Cataluña.

A propósito de las restricciones, es contradictorio mantener las que hay, sin reforzarlas, y suspender las elecciones. Y no son comparables los ejemplos de Galicia y el País Vasco, donde se retrasaron las elecciones autonómicas de abril a julio de 2020, porque entonces toda España se encontraba sometida a un confinamiento domiciliario, única y verdadera razón sanitaria que haría inviable ejercer el derecho al voto.

Frente a los partidos, las fuerzas sociales --patronal y sindicatos-- eran partidarias de mantener el 14-F. Tienen poderosas razones para ello, entre ellas la paralización de un país sin president --por un pacto vergonzante entre JxCat y ERC se acordó que Pere Aragonès fuera solo vicepresidente en funciones de presidente--, sin Parlament --ya está disuelto-- y con un Govern desacreditado por los continuos enfrentamientos entre sus dos componentes, incapaces de afrontar la triple crisis --sanitaria, económica y social-- que padece Cataluña. Y a todo esto, ¿quién garantiza que en mayo la situación sea mejor que en febrero?