Otro año perdido en Cataluña

Pero ayer se confirmó el peor de los escenarios. El aplazamiento de las elecciones catalanas hasta el 30 de mayo, en base a unos motivos sanitarios que se contradicen con los datos aportados, prolonga la crisis institucional, cuando menos, hasta el verano.

Pere Aragonés, anunciando el aplazamiento de las elecciones / 324

Un Ejecutivo roto

Un año perdido, en definitiva, pues Cataluña seguirá estando gobernada por un Ejecutivo roto y cuyos socios, Junts per Catalunya (JxCat) y ERC, llevan meses en campaña electoral. Un Govern en funciones cuyas competencias están limitadas, que no podrá aprobar ni leyes ni presupuestos, mientras el Parlament, disuelto desde el pasado 22 de diciembre, no puede ejercer su labor de control. Este es el escenario en el que Cataluña afronta el mayor reto de su historia en democracia: gestionar unos fondos europeos para superar la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia.

Habrá que esperar al 30 de mayo para acudir a las urnas --si es que el periodo vacacional de Semana Santa no provoca un nuevo repunte de contagios--, pero es que, además, es prácticamente imposible que un solo partido obtenga la mayoría absoluta, lo cual dará lugar a un período de negociaciones que permitan la investidura del futuro presidente catalán y la formación de un gobierno de coalición. No parece que ese trámite vaya a ser fácil, dada la fragmentación y la aritmética parlamentaria. De ahí que ese período provisional, que arrancó con la inhabilitación judicial de Torra y el nombramiento del republicano Pere Aragonès como presidente en funciones el 5 de octubre de 2020, se puede prolongar hasta el verano. Aunque en medios políticos nadie descarta una repetición electoral, pues los sondeos de intención de voto apuntan a un escenario complejo.

Tuit de Pere Martí Colom (JxCat) sobre el aplazamiento de las elecciones del 14F

JxCat: "Ahora tenemos más tiempo para ganar"

Se avecinan, por tanto, muchos meses más de gobierno en funciones, donde JxCat y ERC seguirán peleándose por el voto independentista. De hecho, la euforia manifestada por el dircom de JxCat en las redes sociales --“ahora tenemos más tiempo para ganar bien”-- arrojó luz sobre los verdaderos motivos de ese aplazamiento electoral. Como se sabe, desde que Salvador Illa sustituyó a Miquel Iceta como cabeza de lista, PSC-Units se ha disparado en intención de voto hasta el punto de quedar en segunda posición e incluso como vencedora.

Al mismo tiempo, ERC perdía fuelle tras meses de aparecer como triunfadora de las encuestas, mientras que JxCat le pisaba los talones. Los socialistas tienen muy claro que el motivo del aplazamiento, secundado por Ciudadanos, CUP y los comunes, es electoral, pues estas formaciones no acaban de despuntar en los sondeos. Pero es que, además, ERC estaba dividida entre su deseo de acudir a las urnas sin demora y las indicaciones de la Consejería de Salud que dirige. Aunque los datos esgrimidos contradicen la necesidad de posponer las urnas.

Contradicciones

Tal como publicó Crónica Global, la Generalitat publicitó su protocolo para votar el 14F en el pico más alto de la pandemia, 6.500 contagios (23 de octubre), mientras que las previsiones para el 14F oscilaban entre 3.000 y 4.000. Asimismo, Procicat no ha acordado restricciones adicionales y se ha limitado a prorrogar las que entraron en vigor el 7 de enero. Tampoco se ha avanzado en la aplicación de medidas electorales que garantizaran la seguridad en el ejercicio del voto: sufragio anticipado, voto electrónico, una ley electoral catalana parcial por la vía de urgencia, previsión de vacunación de los miembros de las mesas electorales, habilitación de pabellones…

Un gobierno en modo electoral, en definitiva, que deberá gestionar ese supuesto empeoramiento pandémico con sus competencias limitadas. Que Aragonès ejerciera de presidente en funciones suponía ya un caso sin precedentes. Con la ley en la mano --el Estatut y la Ley de la Presidencia de la Generalitat y del Govern--, ni siquiera estaba contemplado que convocara elecciones, algo que se llevó con un cierto automatismo, esto es, con la disolución del Parlament. El dirigente republicano puede aprobar decretos ley, pero no proyectos de ley. Es decir, que no tiene capacidad para impulsar los presupuestos de la Generalitat, vitales ante un escenario de crisis económica. Tampoco puede plantear una cuestión de confianza o la designación y el cese de los consejeros.

Gestión de los fondos europeos

Con estos mimbres, el Govern debe gestionar los fondos europeos destinados a la reconstrucción. Un proceso que exige --así lo dice la Comisión Europea-- colaboración público-privada, y diálogo entre los gobiernos estatal, autonómicos y municipales.

No es de extrañar, por tanto, que los agentes sociales desconfíen de la capacidad del Ejecutivo catalán de pilotar esa reconstrucción. Máxime cuando el Parlament está disuelto y tiene mermada su capacidad para ejercer su labor del control. Ayer, el cabeza de lista de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, reconoció que “no nos gusta mantener este Govern tres meses más en la Generalitat” y, por eso, pedirá “que se extreme el control” en la Diputación Permanente. No obstante, se mostró satisfecho con el aplazamiento electoral, pues consideraba una “aberración” celebrar “una campaña con UCIs abarrotadas, gente muriendo, con miembros de las mesas electorales no vacunados” y con “gente con miedo a acudir a las urnas”.