Los magnates del 'tocho' esquilman a los españoles

Gonzalo Baratech
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La Comisión de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha propinado una rociada de multas millonarias a seis grandes constructoras de la capital por amañar concursos públicos.

La lista incluye al Gotha de los señores del ladrillo, la hormigonera y la pala. Los sancionados son Acciona, FCC, Ferrovial, OHL, Dragados y Sacyr. En junto, les han caído la friolera de 203 millones.

Se trata del mayor castigo crematístico que el organismo haya impuesto nunca por un acuerdo ilegal. Supera con creces el aplicado al cártel de los automóviles, que hasta ahora venía luciendo el récord con 171 millones.

El pacto ilícito de los ladrilleros se mantuvo vigente durante nada menos que un cuarto de siglo. Los participantes celebraron reuniones furtivas semanales en las que acordaban el reparto del mercado y la alteración de las subastas oficiales. Esos tratos subterráneos afectaron al coste de obras relativas a carreteras, puertos, aeropuertos e incluso hospitales.

El monto de las adjudicaciones adulteradas suma varios miles de millones de euros. Y el perjuicio ocasionado a los contribuyentes es incalculable.

Como no podía por menos de ser, la patronal de las constructoras Seopan, negó de raíz la confabulación de sus asociados. Acusa a la CNMC de “falta de rigor” y le achaca que su dictamen se basa en meras “apreciaciones subjetivas, opiniones o sospechas, que vulneran el derecho de las empresas a la presunción de inocencia”.

Las corporaciones afectadas anuncian que presentarán recurso. Los asesores jurídicos de esos colosos llegan hasta donde haga falta, ya sea la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, el Constitucional o el de La Haya. Si se terciase, no dudarían en acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a la Organización de las Naciones Unidas o a la mismísima OTAN, con tal de posponer el abono del castañazo.

Ello implica que el expediente sancionador no deviene firme. Y el caso se enmaraña en los vericuetos laberínticos de la justicia. Dentro de bastantes años, cuando ya nadie se acuerde del asunto, habrá una resolución definitiva. A la luz de los precedentes, el embrollo reúne no pocos números de esta peculiar lotería para resultar archivado.

Los cárteles o acuerdos ilegales entre agentes económicos para exprimir los negocios, son extraordinariamente lesivos para los ciudadanos. Significan encarecer de forma exorbitante las obras o servicios que prestan, a costa del pueblo soberano, que es el pagano de la factura de semejantes desmanes.

Por no citar sino unos pocos ejemplos, solo en el último año la Comisión de la Competencia descargó un leñazo de 32 millones a la estatal Correos y otro de 24 millones a AG Siderúrgica Balboa, Sidenor y Arcelormittal Aceralia. También impuso casi 5 millones a Enel Green y correctivos de menor cuantía a Luvon Energía, Aura Energía, Real Sociedad Canina de España, Solstar y Gasela, entre otras.

Asimismo inició investigaciones a un presunto contubernio de firmas de seguridad y vigilancia, amén de compañías que suministran alimentos para colectividades a la administración.

A la vista de este repertorio de entidades ladinas, cabe preguntarse qué culpa tienen sus accionistas de que los gestores hayan obrado mal, torpedeando la libre concurrencia de forma impropia. Algo falla cuando los responsables salen impunes, sin siquiera una simple inhabilitación.

Además de sufrir a directivos tan negados como para hacer lo que la Comisión de la Competencia considera probado que hicieron, los socios serán las víctimas directas por partida doble. Por un lado, apoquinarán la multa a escote. Y por otro, seguirán desembolsando mes tras mes el grueso sueldo de los directivos que perpetraron el abuso.

Dícese que todos somos iguales ante la ley. Pero está claro que cuando se dispone de recursos sin cuento para contratar los despachos de abogados más conspicuos, las posibilidades de salir indemne de los lances judiciales crecen a ritmo exponencial.

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¿Quién es... Gonzalo Baratech?
Gonzalo Baratech

Baratech forma parte de una estirpe periodística catalana de larga tradición. Licenciado en Administración de Empresas por la European University y máster en Social Media Branding & Digital Strategy por La Salle-Universidad Ramón Llull, es coautor del libro Mas-Colell, el ‘minessoto’ que fracasó en política. Ha colaborado en Economía Digital y con anterioridad en La Vanguardia Digital y el diario Avui.