La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha destapado otro acuerdo ilícito entre empresas para esquilmar a sus clientes. Se trata de tres grandes grupos siderúrgicos. Dos de ellos tienen su sede en el País Vasco, ArcelorMittal-Aceralia y Sidenor Aceros Especiales. El tercero es el extremeño AG Balboa. Les ha caído una sanción de 24 millones por infracciones muy graves.

La CNMC descubrió que los miembros de esa troika se habían confabulado. Entre otras lindezas, intercambiaron información sobre los precios que cargaban a sus proveedores de chatarra. Y se dieron chivatazos acerca de las paradas técnicas de sus instalaciones de fundición.

En suma, alinearon sus estrategias comerciales e industriales con el único objetivo de obtener un lucro indebido. Así, alteraron a la baja los precios de compra, a costa de los comerciantes chatarreros que les vendían el desperdicio recolectado.

El castañazo más grueso ha recaído sobre ArcelorMittal, por valor de 12,1 millones. Le sigue Sidenor con 10,5. Y cierra la lista AG Balboa, con 670.000 euros. A esta última el importe se le reduce a la mitad, gracias a que en el curso de la investigación colaboró con Competencia y le reveló pormenores fundamentales para desenmascarar los apaños transcritos.

Es de destacar que las pesquisas arrancaron tras recibirse en la Comisión un soplo que explicaba el gatuperio con pelos y señales. El ente estatal tiene habilitado un canal para que cuantos individuos o compañías detecten prácticas anticompetitivas, puedan denunciarlas de forma anónima.

Además, dispone desde hace casi tres lustros de un arma muy poderosa para cazar a los transgresores. Se trata del llamado “programa de clemencia”. Merced a él, los incursos en actuaciones ilegales cuentan con un portillo abierto para rebajar el monto de los correctivos. Consiste en aportar informaciones concretas sobre las actividades irregulares que han cometido y sobre los cómplices que les han secundado en sus andanzas. En tal caso se les otorgará un trato de privilegio, a saber, un recorte sustancial de las multas aplicables.

Semejante paso implica “traicionar” a los compinches y exponerlos a un seguro leñazo crematístico. Conviene señalar que las entidades raramente se acogen al programa de clemencia motu proprio. Lo usual es que lo hagan cuando detectan que la CNMC va tras ellas pisándoles los talones y está a punto de descubrir los enjuagues. En estos supuestos de delitos corporativos, quien no corre, vuela, a la hora de denunciar a los acólitos para salvar el pescuezo.

La CNMC no ceja en su empeño de descubrir a los pillastres y, llegado el caso, descargar sobre ellos el escarmiento reglamentario. En este momento tiene en marcha unas pesquisas sobre varias sociedades que prestan servicios de seguridad y vigilancia. A primeros de marzo, el organismo realizó inspecciones en las sedes de las firmas implicadas. Al parecer, la trama amañó las subastas públicas convocadas por diversas administraciones, que en última instancia resultaron víctimas de los abusos perpetrados.

El origen de los cárteles se pierde en la noche de los tiempos. Estas asociaciones subterráneas de agentes económicos y los pactos fraudulentos que urden son una carcoma que corroe las economías modernas. La secuela de sus fechorías no es otra que un saqueo continuo del bolsillo de los ciudadanos. Tal expolio se asemeja a las llamadas estafas de “cuello blanco” y reviste comportamientos propios de las bandas mafiosas.

El daño que estos montajes ocasionan a los erarios de los países es inmenso. Un solo ejemplo. En su día, cinco multinacionales se repartieron bajo cuerda el suministro de los equipos de comunicaciones del AVE hispano. Se calcula que las consecuencias dinerarias negativas derivadas de aquel siniestro desafuero no se extinguirán por completo hasta nada menos que 2040.