De la segunda parte del congreso de Junts per Catalunya, la que debía fijar los contenidos de la hoja de ruta del partido, ha salido un combinado que mezcla el radicalismo verbal más extremo con un giro a la derecha, sobre todo en política económica. Esta mezcla del cóctel ¿cómo se come o cómo se bebe para no intoxicarse? De la repuesta a esta pregunta dependerá el futuro del partido y quizá del Govern de coalición en Cataluña.

En la dosis de radicalismo entran la intención de activar la declaración de independencia a partir del quinto aniversario del 1-O, el próximo mes de octubre. Es decir, Junts considera que la independencia ya se proclamó y que solo falta “implementarla” en un nuevo momentum. Para caminar hacia ese objetivo, los consellers del partido, según la ponencia política aprobada, prepararán la desconexión de España con actuaciones acompañadas por movilizaciones en la calle. Este acto de fe se antoja tan alejado de la realidad que coincide con una unidad independentista cada vez más resquebrajada y con salidas individuales –la última, la entrega en el Tribunal Supremo de Anna Gabriel— que corroboran el desmoronamiento del procés.

Otro signo de radicalismo es el portazo a la mesa de diálogo entre ERC y el Gobierno de Pedro Sánchez porque “anestesia” al independentismo, lo “desmoviliza internamente y lo silencia internacionalmente”. El secretario general, Jordi Turull, enmendó la estrategia de ERC con la frase: “No tenemos que esperar a ser más para hacerlo, sino empezar a hacer para ser más”. Por retórica que no quede, pero lo que queda en este camino hacia la independencia es solo retórica.

En la misma línea se inscribe el cierre de filas con la presidenta del partido y del Parlament, Laura Borràs, mediante una reforma de los estatutos que permitirá que siga en sus cargos orgánicos porque se considera que es víctima de lawfare (persecución política) y quienes se vean en esta situación (decidida por el propio partido) a partir de ahora ya no tendrán que dimitir aunque sean imputados o incluso condenados. Hasta ahora, los investigados por corrupción eran suspendidos de forma automática.

Otra cosa es lo que ocurra con Borràs en el Parlament. Junts es el único partido que defiende que no debe apartarse cuando se le abra juicio oral por delitos relacionados con la corrupción, como exige el reglamento de la Cámara. A la continuidad de Borràs no ayuda en absoluto el escándalo protagonizado por su mano derecha, el diputado Francesc de Dalmases, que intimidó y coaccionó a la subdirectora del programa FAQS, de TV3, agarrándola de la muñeca y golpeando el mobiliario en una sala cercana al plató porque no le habían gustado las preguntas que le hicieron en la entrevista a la presidenta del Parlament, que presenció los hechos y presionó a la periodista. Dalmases se ha apartado de la comisión de control de la televisión pública en el Parlament, ha solicitado al partido que le expediente para poder defenderse y ha pedido disculpas con la cínica frase “si alguien se ha sentido ofendido”. Pero un largo historial de coacciones a periodistas confirma los hechos –presenciados por varios testigos— e invalida sus excusas.

En el terreno intermedio entre la radicalización y el pragmatismo se sitúa la decisión de someter a la militancia la permanencia o no en el Govern si la auditoría que realiza el partido sobre los pactos con ERC no le satisface. Esta iniciativa vuelve a ser retórica pura porque nadie cree que Junts vaya a abandonar el Govern, ni sus dirigentes más influyentes lo desean.

Frente a las proclamas radicales, el giro a la derecha se concreta en una política fiscal similar a la de la madrileña Isabel Díaz Ayuso: eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones, límites al del patrimonio y rebaja del IRPF del tipo máximo del 50% al 45%. Esta política provoca un nuevo enfrentamiento con ERC. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ya ha dicho que rechaza de plano la supresión o la rebaja de impuestos en esta época de crisis.

El radicalismo de boquilla queda también atenuado por la política de pactos municipales, en la que se aceptan los acuerdos con el PSC, aunque se afirme que la prioridad es alcanzar alianzas con los partidos independentistas. De hecho, Junts gobierna con los socialistas en la Diputación de Barcelona, un pacto intocable pese a las filípicas lanzadas desde la dirección del partido posconvergente hacia el PSOE y el PSC. Si además Junts elige finalmente a Xavier Trias candidato a la alcaldía de Barcelona, sería un signo más del poder en el partido de la Convergència de siempre, fielmente representada por un Turull cuyos arrebatos independentistas no pueden ocultar su pasado.