Mientras en Francia todos los candidatos derrotados en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, excepto los de extrema derecha, llamaban a votar por Emmanuel Macron en la segunda vuelta o, al menos, a no votar a Marine Le Pen, en Castilla y León se consumaba la entrada de Vox, por primera vez, en el Gobierno de una comunidad autónoma.

El renovado presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, tenido hasta ahora por uno de los barones moderados del PP, no solo asumía las principales peticiones de Vox para pactar un gobierno con un vicepresidente y tres consejeros de extrema derecha, además del presidente de las Cortes, sino que elogiaba la “generosidad” de su aliado ultra. Esta postura contrasta con las críticas que han empezado a surgir en el PP por considerar que Mañueco ha cedido demasiado a las exigencias de Vox.

Entre estas exigencias destacan la sustitución del decreto sobre la memoria histórica por uno de “concordia” y la aprobación de una ley de “violencia intrafamiliar” que se compaginará  con la actual ley contra la violencia de género, que, según Mañueco, no será derogada, pero sí que quedará diluida. El partido ultra aduce para defender un decreto de “concordia” la necesidad de amparar a todas las víctimas de la Guerra Civil y no a las de un solo bando. Pero ese argumento es falso porque el actual decreto de memoria histórica ya reconoce los derechos de “quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil”, sin distinciones de a qué bando pertenecían.

El PP también asume conceptos propios de Vox, como el de la “inmigración ordenada”, en una comunidad que ha perdido 150.000 habitantes en una década y que no sufre ningún conflicto migratorio, o el de que la educación esté “libre de todo adoctrinamiento ideológico”, que, según el presidente regional, no existe. Mañueco ha aceptado formar un Gobierno con un partido antidemocrático, reaccionario, populista, xenófobo, homófobo, orgulloso del franquismo, antifeminista, negacionista del cambio climático y centralista, dispuesto a derogar el título VIII de la Constitución y el Estado de las autonomías.

El carácter centralista y antiautonómico de Vox fue reivindicado de manera explícita en la sesión de investidura de Mañueco por el nuevo vicepresidente, Juan García-Gallardo, quien abogó por la devolución de competencias al Estado en sanidad, justicia o educación, la supresión de las autonomías y la derogación del título VIII de la Constitución, que consagra la descentralización y el Estado autonómico.

Las elecciones francesas se colaron en la sesión. El líder del PSOE, Luis Tudanca, destacó cómo las fuerzas conservadoras y progresistas francesas han levantado un “cordón sanitario” contra Marine Le Pen. El dirigente de Vox, García-Gallardo, por el contrario, tachó esta iniciativa de “cordón antidemocrático” y, pensando en España, se felicitó por “el hundimiento total” de socialismo francés.

El PP de Castilla y León, con el permiso del PP de Alberto Núñez Feijóo, intenta con el pacto con Vox otorgar respetabilidad al partido ultra de cara a otros posibles acuerdos en el futuro. Unos acuerdos que Feijóo nunca ha descartado y que el mismo lunes en que se celebró la sesión de investidura de Mañueco tampoco fueron negados por el nuevo coordinador del PP, Elías Bendodo, quien defendió el pacto con Vox en Valladolid y no desmintió que fuera un ensayo para llegar a la Moncloa.

El Partido Popular intenta desmarcarse del ejemplo francés, donde la candidata de su partido homólogo, Los Republicanos, Valérie Pécresse, ha dicho que votará a Macron, alegando que el PP es lo que haría también. Sin embargo, lo que vale para Francia, no vale para España, porque el PP de Castilla y León ha superado los acuerdos parlamentarios con Vox, que se han producido en Andalucía, Murcia y Madrid, para pactar directamente la entrada en el Gobierno regional. Una opción que legitima la presencia en las instituciones de los que quieren destruirlas y que no comparten las formaciones integradas en el Partido Popular Europeo.