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La administración catalana, otra víctima del 'procés'

Manuel Gómez Acosta
6 min

El principal problema de Cataluña como país no es la falta de competencias, ni de recursos, sino la necesidad de superar un procés que nos conduce a la decadencia económica, a la ruptura de la convivencia ciudadana y que ha supuesto el secuestro partidista de sus instituciones. Un procés que ha terminado incidiendo en el mal funcionamiento de una administración donde los criterios de eficiencia y de servicio a los ciudadanos son sustituidos por la subordinación y la instrumentalización al servicio de la ideología nacionalista.

El procés ha debilitado la economía catalana, se han deslocalizado centros de decisión estratégicos de empresas punteras, ha caído el gasto social, se ha acentuado la desindustrialización como consecuencia de la pérdida de competitividad de las empresas, el PIB catalán sigue retrocediendo en el marco de la economía española, estamos en la cola de la inversión en innovación tecnológica...

Las luchas intestinas y fratricidas entre los partidos secesionistas han provocado la parálisis de las instituciones catalanas. Un Parlament inoperante donde la acción del Govern brilla por su ausencia y donde una oposición sin estrategia navega a la deriva. Nunca la influencia política catalana fue más irrelevante en España y en Europa.

Otro factor relevante a destacar es el deterioro de la administración, cada vez más ineficaz en su gestión, anquilosada y paralizada por el control ideológico de un nacionalismo que sitúa sus objetivos identitarios y excluyentes por encima de los intereses de los ciudadanos. Urge modernizar la administración autonómica y desideologizar su funcionamiento. Un ejemplo de lo anterior sería el nombramiento por parte de la Consejería de Políticas Digitales de un personaje, de oscuras prácticas empresariales, como presidente del Centro Blockchain de Cataluña, encargado de impulsar la estrategia de digitalización y modernización tecnológica del país. El nombramiento a propuesta del “pirómano” presidente de la Cámara de Comerç, Joan Canadell, es la demostración evidente de que prima la fidelidad ideológica frente a otras consideraciones.

Una administración incapaz de diseñar y aplicar una estrategia industrial para el país, lo que genera serias dudas con respecto a su capacidad para hacer frente al reto de presentar proyectos atractivos capaces de captar los Fondos Europeos para la recuperación de una Cataluña en fase acelerada de desindustrialización.

Una administración marcada por el clientelismo del nacionalismo pujolista, contaminada por la cultura del 3%, obsesionada por la construcción de inoperantes estructuras de Estado, priorizando inversiones orientadas hacia la nation-building (construcción nacional) al margen de las necesidades reales de los ciudadanos. Esta deriva nacionalista ha terminado perjudicando el funcionamiento de la administración, dificultando su modernización y provocando graves ineficiencias económicas especialmente en la gestión de infraestructuras y adjudicaciones de obra públicas.

El Govern de Cataluña es un mal gestor lo hemos comprobado durante la pandemia sanitaria y en los muchos ejemplos de despilfarro y gestión deficiente de las grandes infraestructuras catalanas. Veamos algunos ejemplos de lo apuntado.

La confusa privatización de ATLL plagada de irregularidades, una verdadera chapuza administrativa para tapar agujeros de gestión y contaminar los presupuestos, que ha terminado repercutiendo sobre las tarifas del agua que pagan los ciudadanos afectados, las más altas del Estado.

El fiasco de la L9 del Metro de Barcelona, proyecto mal planificado con un trazado infernal que no respondía a estudios serios de demanda, con desviaciones presupuestarias inaceptables y retrasos acumulados que han repercutido en la obra y cuya finalización prevista para el 2006 se atrasa sine die. Un dato adicional pero relevante, los costes de construcción de obra ferroviaria soterrada en Cataluña superan ampliamente a todos los otros metros españoles.

El ente público Aeroports de Catalunya es un claro ejemplo de nation-building, que ignora el principio de eficiencia económica y rentabilidad social para supeditarlo a los intereses clientelares del secesionismo, es además un instrumento mal gestionado y de escasa rentabilidad económica, sus ingresos no alcanzan el 2% de los gastos generados. El Aeroport de Lleida es otro ejemplo paradigmático de construcción de infraestructuras innecesarias en nombre de una República inexistente. Ensoñación y clientelismo.

Canal Segarra-Garrigues, mastodóntica obra del último gobierno Pujol cuyo coste superará ampliamente el inicialmente presupuestado, con retrasos acumulados de varios lustros con respecto al inicialmente previsto y un nivel de utilización que no llega al 15%. Llama la atención que altos responsables de las empresas constructoras han estado involucrados en el pago de comisiones a la Fundación CatDem de Convergencia.

Urge un Govern de Cataluña capaz de gestionar la realidad y de modernizar y desideologizar una administración poco eficiente. Los ciudadanos de Cataluña lo necesitamos y lo exigimos.

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¿Quién es... Manuel Gómez Acosta?
Manuel Gómez Acosta

Ingeniero industrial. Ha sido director de Relaciones Institucionales del Grupo Alstom en Cataluña (2004-2015) y vicepresidente del clúster ferroviario Railgrup (hasta octubre 2015). Anteriormente fue concejal en el Ayuntamiento de Barcelona por el PSUC (1982-1983), ingeniero industrial de la MTM (1974-1986), director de Cooperación Tecnológica Internacional de TMB (1986-1990), director general de TUBSA (1990-2001) e investigador y jefe de proyectos de estudios de infraestructura del IERMB (2001-2004).