Cataluña, negocio para los fondos especialistas en litigios

Cataluña ha conseguido situarse en una posición estratégica en la atracción de un nuevo perfil de fondos de inversión que empiezan a movilizarse en Europa, las firmas que se han especializado en litigios. Así lo apunta el vicepresidente del Instituto Coordenadas, Jesús Sánchez Lambás, letrado que en los últimos años se ha especializado en conflictos derivados de remunicipalizaciones.

La última operación que se ha hecho pública en este sentido es la que ha protagonizado Acciona para dar carpetazo a una pugna judicial que arrastra desde 2012, la llamada guerra del agua. Casi un año y medio después de que el Tribunal Supremo confirmase la inviabilidad del contrato de concesión de Aigües Ter Llobregat (ATLL), la cotizada se había visto inmersa en un nuevo conflicto contra el Gobierno catalán por el montante de la indemnización que tenía derecho a percibir.

De socios a rivales en ATLL

La gestora de infraestructuras y la Generalitat habían ido a una en la estrategia judicial que se siguió durante los seis primeros años del conflicto, cuando intentaban demostrar que no existió ningún error en la licitación que afectara a todo el proceso. Finalmente, en febrero de 2018 el Alto Tribunal dictaminó lo contrario.

La resolución llegó cuando la falta de acuerdo entre las fuerzas independentistas mantenía la vigencia del artículo 155. Es decir, aplazó hasta el verano pasado la toma de las primeras decisiones políticas que llevaron a la recuperación de la titularidad pública de la gestora de agua sobre el papel desde el 1 de enero y de forma efectiva desde el pasado 1 de abril.

Siete meses de litigio

El cambio de gestor ha estado acompañado de siete meses de litigiosidad tanto por la vía administrativa como por la judicial. Acciona y sus socios en la concesión, el fondo Pioneer Point Partners y las familias Rodés y Godia-Torreblanca, llegaron a instar una causa por daños contra sus derechos fundamentales por la negativa del Ejecutivo de Quim Torra de pagarles la indemnización que ellos pretendían, 305 millones por la anulación del contrato y hasta 733 más por el lucro cesante de la operación. Fue desestimada.

José Manuel Entrecanales, presidente ejecutivo de Acciona / ACCIONA

La Consejería de Territorio y Sostenibilidad, liderada por Damià Calvet (JxCat), y la Vicepresidencia de Economía, encabezada por Pere Aragonès (ERC), reconocieron que tenía derecho a percibir 53,8 millones, aunque solo le ha avanzado el pago de 3,98 millones. Ha apremiado a la cotizada a reclamar al fisco el reintegro de los 49,82 millones restantes.

10 años de conflicto

Se han sentado de este modo las bases de un nuevo conflicto judicial que Sánchez Lambás apunta que “no bajará de los ocho o 10 años”. Ahora se debe iniciar la vía administrativa y esperar una negativa de la Generalitat para recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), primero, y al Supremo, después. Además, si se llegara a conseguir una sentencia a favor de los intereses de la multinacional y de sus socios, el Gobierno catalán de turno aún podría esperar a que se emitiera un incidente de ejecución para pagar.

Y todo ello con los tiempos judiciales completos, ya que no se contaría con las prisas que los magistrados se han dado en la primera parte de la guerra del agua al estar en juego el futuro el modelo de gestión de un servicio básico. Sólo se pelea por un monto económico.

Fortress paga a Acciona

Fortress Investment Group ha aparecido como un mirlo blanco para Acciona en este escenario poco optimista. La firma de Nueva York ha pagado 170 millones de euros por el 76,05% de la participación que ostentaba en ATLL Concesionaria de la Generalitat de Cataluña, la sociedad con la que operaba la gestora de agua y que el pasado 12 de junio inició el camino de la disolución.

La primera consecuencia de ello es que el Gobierno catalán se encontrará a partir de ahora al otro lado de los tribunales a una firma estadounidense que es especialista en este tipo de conflictos. Aunque no tiene tanto conocimiento de los tribunales del país, se espera que se arme con un buen equipo legal que lleve la batuta de la operación.

Un litigio oportunista

Fuentes cercanas a la cotizada indican que el interés del fondo es una señal de que sus intenciones económicas no iban tan desencaminadas. Otros interlocutores próximos al Gobierno catalán defienden lo contrario, que la estrategia judicial que ha mantenido hasta ahora Acciona se ve debilitada y que incluso se podría dar un cambio en la dirección procesal de la reclamación.

Los juristas consultados coinciden en que lo único que se puede determinar en el momento actual es que el fondo considera este litigio como una oportunidad de sacar más de 170 millones a la Generalitat.

Balance de riesgo y tiempo

“Siempre basan sus análisis en un balance entre el riesgo que asumen y el tiempo”, afirma Sánchez Lambás. En este caso, pesa que sea una Administración Pública la entidad contra la que se dirige la reclamación. Su solvencia no se pone en tela de juicio, un caso análogo al que ha ocurrido con Ramco Litigation Funding en el caso de Unipost.

La sede central de Unipost en L'Hospitalet de Llobregat / EP

Este fondo ha tomado el control de la liquidación de la operadora postal y ha puesto en marcha la demanda millonaria que le permitiría rascar fondos para cubrir el máximo del pasivo posible en la fase de disolución que se ha abierto.

Ramco, contra Correos

Ramco se ha lanzado contra Correos, al que pide unos 200 millones de euros al considerar que ejercía una posición de abuso de mercado que propició la quiebra de Unipost. Afirma que las ayudas públicas que recibía no le hacían competir con igualdad de condiciones con el resto de compañías del sector y que esto lastró el negocio de la compañía que era propiedad de una parte de la familia Raventós y que aparece en la causa del caso 1-O.

Serán los jueces de lo contencioso-administrativo los que decidan quién tiene la razón en ambos casos, si las empresas o las Administraciones. Los fondos disponen del tiempo y los recursos necesarios para mantener el litigio vivo. Se ha equiparado este condicionante en la nueva etapa abierta en los conflictos derivados de la concesión o la prestación de servicios públicos. Ahora, el negocio de las firmas de inversión se encuentra en el proceso judicial.