Un jefe de Unipost encargado de las papeletas: “Era vox populi lo que íbamos a repartir”

Las acusaciones vuelven a volcarse en intentar demostrar que se desviaron fondos públicos en el marco de la organización del referéndum del 1 de octubre de 2017. Y en la trigésimo quinta jornada del juicio del procés, un responsable de zona de Unipost –empresa a la que se le encargó el suministro de sobres y papeletas de la consulta– ha manifestado que “era vox populi que íbamos a repartir lo que íbamos a repartir, aunque no por nada, sino porque éramos quienes repartíamos todos los envíos de la Generalitat".

La vista oral se centra de nuevo en uno de los pilares en los que Fiscalía, Abogacía del Estado y la acusación popular ejercida por Vox se apoyan para apuntar a la comisión de un delito de malversación: se trata de los gastos que, por un importe total de 979.661 euros, se habrían destinado al reparto de papeletas, al censo electoral y a las citaciones de las personas integrantes de las mesas electorales. Los trabajos habrían sido llevados a cabo por Unipost y los pagos se dividieron, según sostienen, entre cinco Consejerías con el objetivo de facilitar su ocultación. Hasta el momento, todos los integrantes de la empresa han negado que facturasen cantidad alguna del Ejecutivo autonómico relacionada con el referéndum.

"Nos íbamos a meter en un lío"

El testigo, Rafael Ramírez, ha justificado que la empresa se encontraba “en una penosa situación, los empleados cobraban mal, tarde o, directamente, no cobraban. Era una situación que les indignada bastante”. Por ello, había una “inquietud” respecto a “cómo nos íbamos a meter en este lío en la situación en la que estábamos. Nos ponía en riesgo de perder clientes. Aunque nos hubieran enviado veneno, lo hubiéramos cogido”.

Al comienzo de la jornada ya había declarado Xavier Barragán, exdirector financiero de Unipost. En su comparecencia, ha señalado que las facturas rubricadas por cerca de un millón de euros con la Generalitat no llegaron a cobrarse mientras que el presidente del consejo de administración de la mercantil, Antón Raventós, también citado este miércoles, ha asegurado desconocer que aquélla hubiese recibido tal encargo, si este fue abonado y que hubiera material electoral en el interior de sus naves. “No me ocupaba de la parte contable”, se ha desmarcado.

El expresidente que se enteró por la prensa

Raventós, expresidente no ejecutivo de Unipost, visiblemente nervioso en su breve declaración ante el tribunal, ha explicado que la Generalitat era clienta de la empresa y con ella “había un contrato como con cualquier otro cliente. Todos los trabajos eran facturados y retribuidos”. Sin embargo, para crispación de la fiscal Consuelo Madrigal, ha asegurado que se enteró por la prensa y por Raventós de la existencia de las cinco facturas objeto de investigación puesto que no se ocupaba del ámbito económico, y de que la Guardia Civil había accedido a la sede de su empresa en busca del material electoral.

Barragán, por su parte, ha recordado que fue licitado un acuerdo marco con la Generalitat por 3,1 millones de euros que si hubiese sido ampliado habría podido alcanzar los 10,7 millones. No obstante, ha explicado, respecto al material, que se trataba de envíos que entraron sin albarán de entrega y por ello se ordenó paralizar la entrega y los pagos. “Nos pasaba con muchos clientes, no sólo con la Generalitat”, ha recalcado.