¿Qué incluirá la indemnización a Acciona por ATLL?

Acciona prepara la segunda guerra del agua en Cataluña. El presidente de la cotizada, José Manuel Entrecanales, lo reiteró en la junta general de accionistas de la sociedad que se celebró este jueves en Madrid. Aigües Ter Llobregat (ATLL) está de nuevo en el centro de la pugna, que en esta ocasión versa sobre qué conceptos se incluyen en la liquidación definitiva del contrato de concesión.

Los cálculos que han presentado la compañía y la Generalitat difieren en 982,2 millones de euros. Acciona ha defendido desde el primer momento que debe percibir 1.036 millones de euros. Esta cifra contempla 305 millones por la anulación del contrato, que corresponden a la devolución del canon inicial devengado en el momento de la firma (en navidades de 2012) y los pagos anuales que ha desembolsado a lo largo de los seis ejercicios siguientes, y otros 733 millones en conceptos de daños y perjuicios.

La Generalitat ofrece 53,8 millones

Los juristas consultados ponen en duda este último desembolso. Apuntan a que la compañía entró en ATLL con un conflicto administrativo abierto (la primera guerra del agua en Cataluña) que tenía todos los números de acabar en lo contencioso-administrativo, como así ocurrió. Por lo que asumió, en parte, la inseguridad jurídica que se desprendía de ello. Pero el Gobierno de Quim Torra va mucho más allá. No sólo le niega los 733 millones para compensar los presuntos daños y perjuicios que ha generado en el grupo privado la resolución avanzada, sino que rebaja hasta los 53,8 millones la indemnización prevista.

Ha sido un grupo de trabajo con representantes de las consejerías de Territorio, Economía y Salud el que ha hecho estos cálculos. A diferencia de Acciona, el Gobierno catalán ha tenido en cuenta lo que considera que son otros beneficios obtenidos por la cotizada desde principios de 2013 en ATLL. Básicamente, los ingresos del suministro de agua a terceros y la venta de electricidad. Además, se le pide que reintegre al erario público la facturación del servicio que giró desde el pasado 1 de enero, la fecha en que, sobre el papel, ATLL se convirtió en una empresa pública.
 

Quim Torra, junto a la consejera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, la consejera de Empresa y Conocimiento, Maria Ángeles Chacón, y la consejera de Presidencia y portavoz, Meritxell Budo / EFE

Liquidación definitiva

Entrecanales ha confirmado en la junta de accionistas que el relevo definitivo en la concesionaria no se hizo efectivo hasta el pasado 1 de abril. Un mes después de que el personal de Acciona y el del Gobierno catalán empezasen a colaborar para realizar el traspaso de la gestión de forma ordenada.

Cabe tener en cuenta que el 2 de abril fue cuando el Consejo Ejecutivo aprobó la “liquidación definitiva provisional del contrato de abastecimiento de agua de ATLL”. Rechazó el grueso de las alegaciones que había presentado la cotizada y determinó que no iría más allá de los 53,8 millones. El documento definitivo se espera para el próximo julio, cuando Acciona aporte toda la “documentación contable y oficial acreditativa” de los conceptos que la Generalitat está dispuesta a compensar.

Todo en manos del juez

La colaboración de la cotizada terminó el día en que sus ejecutivos dejaron ATLL y regresaron a Madrid. Entrecanales ha asegurado que “no parece que sea posible llegar a un pacto” con el Gobierno catalán por los contactos “infructuosos” que mantuvieron sobre cómo se debía resolver el contrato.

Las partes del conflicto aceptan que será un juez el que, finalmente, determine qué cantidad debe percibir Acciona. La alternativa que da más tiempo a la Generalitat para recuperarse en lo económico, otro factor básico para la guerra del agua, y que permite a Acciona armar con tiempo los argumentos jurídicos necesarios para conseguir los 1.036 millones que defienden que deben percibir. El impacto en las cuentas de la cotizada ronda los 70 millones, tal y como se reconoció hace meses, y ya está provisionado. Incluso se contempla la posibilidad de litigar en tribunales internacionales, tal y como avanzó uno de los socios minoritarios de la concesionaria, el fondo Pioneer Point Partners.

El disparo de salida tendrá lugar tras la entrega de la liquidación definitiva. El litigio empezará en verano.