Así intenta aprobar Pere Aragonès su ‘ley maldita’

Los contratos de concesión de servicios de la Administración del país se basan desde 2011 en el factor del precio. Así lo indica la normativa estatal que entró en vigor en ese año y que buscaba maximizar el ahorro en las licitaciones. El Gobierno catalán intenta desmarcarse de la directriz en las que afectan a servicios sociales en Cataluña, pero llevar la iniciativa a buen puerto se ha convertido en un dolor de cabeza por el vicepresidente de Economía, Pere Aragonès (ERC).

Los planes actuales del republicano pasan por aprobar la llamada Ley de Contratos de Servicios a las Personas como muy tarde tras las vacaciones. Actualmente está en trámite de ponencia, donde se analizan las enmiendas que se han presentado, tal y como explican los portavoces de la consejería.

Reelaboración de la normativa

El Departamento de Economía se mostraba optimista en poder abordar las demandas pendientes a lo largo del próximo mes y medio y, como tarde, iniciar el debate en la Cámara catalana en septiembre. Parte de este positivismo se basa en que el equipo de Aragonès ha superado el primer tropiezo en un proyecto normativo que empezó a trabajar Raül Romeva cuando era responsable de Exteriores, la consejería de la que dependía en ese momento toda la contratación pública de la Generalitat.

El actual político en prisión provisional por la causa del 1-O intentó que el precio dejara de ser el criterio de adjudicación principal para primar la calidad en toda la contratación pública de la Generalitat. Defendió que era la mejor alternativa para combatir la corrupción y para evitar que se repitiese otro escándalo como el caso 3% en Cataluña. Pero el choque que suponía con la normativa marco estatal y el malestar que generó entre pymes y patronales porque el redactado inicial favorecía a las cooperativas llevó a su reelaboración.

Protestas por la ‘ley Aragonès’

Aún se analizan los cambios que se podrían dar, pero desde la propia vicepresidencia de Economía reconocen que no esperaban las protestas que se han iniciado contra lo que ya se ha bautizado como la ley Aragonès. Promueven las quejas sindicatos como CGT y la propia CUP que, según la consejería, no ha presentado ni enmiendas a la totalidad ni parciales al texto que se discute en la ponencia.

Los contrarios a la normativa aseguran que el republicano intenta esconder más recortes en el gasto público en Cataluña con más concesiones en cuestiones como el suministro de comida para las escuelas catalanas, el de personal doméstico en los casos de dependencia o en la enseñanza en preescolar, entre otros.

Servicios ya externalizados

“Todos estos servicios ya se contratan, no se añaden nuevos”, sentencian los portavoces de la vicepresidencia de Economía. Señalan que en la mayoría se requiere a personal especializado que el sector público no puede asumir, como ocurre en el caso de la oxigenoterapia. Más, desde que se limitó la contratación de interinos y las plazas públicas que se sacaban a concurso como otra de las medidas de contención del déficit público.

También defienden que la filosofía de la normativa en tramitación es la de fijar que en servicios sociales el 60% de cualquier contrato sea la calidad de la prestación del servicio final y el 40% el precio, una vía que en este caso protegería que las empresas del Tercer Sector pudieran retener la prestación de contratos como el de atender cantinas o comedores.

Aragonès da la cara

Con todo, los argumentos esgrimidos hasta la fecha no han sido suficientes para aplacar el malestar. Empieza a calar el mensaje de que el ERC pretende abrir la puerta a la externalización de servicios básicos en Cataluña. El propio Aragonès ha intentado rebatirlo en un acto que ha tenido lugar este miércoles en el Hospital Moisès Broggi.

Ha declarado que el único objetivo que persiguen es que los “servicios públicos se presten con la mejor calidad” y que si se contratan con un tercero se debe dar las garantías de que se consiguen las “mejores condiciones laborales, más sostenibilidad ambiental o más participación en las mujeres en la toma de decisiones”, tal y como ha recogido Efe.  

Perfil público de Aragonès

También ha puntualizado que en el anexo que acompaña al proyecto en tramitación se incluyen servicios que ahora no se prestan mediante una concesión para blindarse de cara al futuro. “Si no están incluidos en la ley, regirá el precio y no la calidad a la hora de adjudicarlos”. Desde su entorno reiteran que no existe ningún plan para promover nuevas externalizaciones.

La polémica de la ley Aragonès surge cuando el vicepresidente de Economía ha asumido un papel más institucional y se postula como uno de los hombres fuertes de ERC de cara al posible adelanto electoral en Cataluña. Todo ello, con una mayor proximidad al empresariado catalán en lo que se considera un intento de cultivar la imagen de político serio. Este perfil público también le genera detractores y el futuro de la norma será una prueba de fuego.