La Generalitat paga cuatro millones a Acciona por ATLL

El Gobierno catalán ha dado este mayo otro paso adelante para dar carpetazo al contrato concesional de Aigües Ter Llobregat (ATLL). La vicepresidencia de Economía, encabezada por Pere Aragonès (ERC), ha autorizado a Tributos el pago de 3,98 millones de euros a la hasta ahora responsable del servicio, una sociedad liderada por Acciona.

Con esta aportación se da por completada la compensación pública a la concesionaria por apearla del servicio. La Generalitat cifró en 53,8 millones la indemnización que el consorcio puede cobrar, pero el grupo de expertos formado por altos cargos de las consejerías de Territorio, la que ha tutelado el proceso, Economía y Salud determinó que los privados deberían reclamar los 49,82 millones restantes al fisco.

Reclamación ante Hacienda

Según lo establecido en la “resolución provisional definitiva” que el Consejo Ejecutivo aprobó el pasado 2 de abril, Acciona y sus socios (el fondo Pioneer Point Partners y las familias Godia-Torreblanca y Rodés) deberán llamar a la puerta de la Agencia Tributaria y reclamar el reembolso de los impuestos que pagaron por gestionar ATLL desde finales de 2012. El Gobierno de Quim Torra reconocía en la misma que si el fisco se negaba a pagar, entonces asumirían como propia la factura. Pero se le debían demostrar que la petición de reintegro se había resuelto de forma negativa.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra / EFE

El presidente de la Generalitat, Quim Torra / EFE

Daba de tiempo al consorcio de privados hasta julio para que completase todos los trámites administrativos del proceso. Será entonces cuando la Generalitat entregue a la cotizada de la familia Entrecanales, al fondo internacional y a los inversores minoritarios la liquidación definitiva de la resolución del contrato de ATLL.

Demanda ante el TSJC

Todos ellos esperan con ganas este documento, ya que significará acabar con el proceso administrativo y se podrá instar el contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TJSC) con el que esperan incrementar la indemnización de los 53,8 millones actuales al entorno de los 1.000 millones. Es decir, iniciar la segunda guerra del agua en Cataluña.

Esta divergencia entre los cálculos parte de los conceptos que se incluyen en ella. La discusión es, en el fondo, jurídica y se dirimirá ante el Alto Tribunal catalán. El consorcio defiende que la concesión era un contrato anulable tras la decisión que el Tribunal Supremo tomó en febrero de 2018, cuando anuló la licitación pública por los fallos demostrados en el proceso.

Discusión sobre el lucro cesante

La Generalitat, a su vez, mantiene que desde ese momento el contrato era nulo de pleno derecho y no ha lugar ni siquiera a devolver el canon inicial devengado por los privados en el momento de la firma (navidades de 2012), los pagos anuales que se han hecho en los ejercicios sucesivos por este concepto ni las obras ejecutadas en ATLL en seis años. Acciona y sus socios cifran en 305 millones estas partidas.

Imagen de una planta de bombeo de ATLL / CG

Imagen de una planta de bombeo de ATLL / CG

Los 733 millones restantes que han incluido en su demanda económica corresponden al lucro cesante de perder un contrato que debía tener una vigencia de 50 años. Fuentes cercanas al consorcio señalan que no es una cifra definida con exactitud, ya que se ha llegado a ella tras pedir dos informes externos sobre los daños y perjuicios que podrían llegar a recibir del Gobierno catalán.

Primera ‘guerra del agua’

Será el juez el que determine al final quién tenía razón en un debate en el que están en juego más de 900 millones. Si el TSJC validara esta cifra, el impacto tanto en las arcas como en el déficit público catalán sería muy importante.

Con todo, los expertos jurídicos señalan que a priori resulta complicado aceptar el lucro cesante cuando Acciona y sus socios firmaron el contrato de concesión de ATLL con un proceso administrativo abierto. Los pasos iniciales de la primera guerra del agua que acabó con la ratificación del Supremo de los fallos que había señalado la entonces llamada Oarcc, hoy Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público.

Resolución del TSJC de noviembre

La Sección Quinta de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, presidida por el magistrado Alberto Andrés Pereira, ya hizo una primera valoración sobre la resolución de ATLL en noviembre. En el marco de la desestimación de un incidente de ejecución de sentencia promovido por la concesionaria y Acciona (que fueron condenados a unas costas mínimas), determinó que el contrato estaba anulado desde el momento en que el Supremo se pronunció sobre ello y aseguró que el “acto impugnado del consejero de Territorio y Sostenibilidad [Damià Calvet] de 4 de junio de 2018 resulta ajustado a derecho”.

Ambas partes en el conflicto consideran que los magistrados les dieron la razón en partes diferentes del redactado. La sala tiene muchos números para encargarse al final de resolver el nuevo conflicto en las aguas catalanas.