Unipost hace emerger la incógnita sobre la malversación del 'procés'

¿Hubo malversación durante el procés independentista? Los testimonios de los tres exempleados de Unipost ante el Tribunal Supremo alegando que no recibieron ningún pago por parte de la Generalitat de Cataluña respecto a la organización el 1-O deja en el aire esta imputación por malversación de caudales públicos que recae sobre los miembros del Govern cesado.

Antes de la intervención de la autonomía catalana en virtud del artículo 155 de la Constitución, el Gobierno de Mariano Rajoy decidió controlar las cuentas catalanas para evitar la celebración del referéndum ilegal. Esto se produjo en septiembre de 2017, solo un mes antes de la votación del 1-O, y posteriormente el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro sostuvo que no se destinaron fondos públicos para sufragar esta votación que la Fiscalía considera una herramienta principal para consumar la rebelión.

El primer tribunal que abordó la presunta malversación por parte del Govern cesado de Carles Puigdemont fue el de Schleswig-Holstein, en Alemania, que consideró que los hechos denunciados podían encajar con el delito de malversación, aunque no con el de rebelión. Después de esta resolución, el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, explicó en una entrevista en Crónica Global que el delito de malversación “conlleva la materialización del acto” y que las facturas halladas por la Guardia Civil "no están pagadas”.

Documentos hallados por la Guardia Civil

La acusación por malversación se sostiene por las diversas facturas, cartas y contratos que la Guardia Civil ha encontrado durante sus pesquisas policiales. En la inspección policial en la sede de Unipost en Terrassa, el Instituto Armado halló 45.000 cartas nominales que se debían destinar a confeccionar las mesas electorales para el 1-O, aunque los exempleados han dicho durante su declaración que antes de la inspección judicial desconocían que el pedido tenía relación con el referéndum tumbado por el Tribunal Constitucional.

En el registro en la sede central de Unipost de Hospitalet de Llobregat, la Guardia Civil halló un documento, tal y como avanzó Vozpópuli, que reflejaba el modo de pago por los servicios que iban a prestar el 1-O. Asimismo, la empresa de buzoneo envío cinco facturas por valor de un millón de euros que, posteriormente, anuló.

El letrado Alfons López Tena matiza que no es obligatorio que se materialice el cobro para que se produzca la malversación: “Si hay obligación de pago, hay malversación. Es decir, cuando se ha encargado un servicio por un precio”, explica a instancias de este medio. Otro de los casos para incurrir en una presunta malversación --añade López Tena-- es cuando “paga otro al que le has hecho llegar el dinero encubierto bajo otro concepto”.

¿Y la compra de las urnas?

De momento la imputación por malversación sigue en el aire. Sin testigos que la confirmen. Diferentes voces han sostenido que empresarios acaudalados y comprometidos con la causa secesionista habrían sufragado alguno de los costes del procés como, por ejemplo, la compra de las urnas.

El juez Pablo Llarena consideró en su auto de procesamiento a los líderes del procés que esta presunta malversación ascendería a 300.000 euros, mientras que la Guardia Civil la elevó a casi 2 millones de euros. Entre las campañas de publicidad, las visitas de observadores internacionales, los carteles propagandísticos, y las papeletas y sobres, queda por establecer si alguna de estas facturas se pagó con dinero público, sea de forma directa o indirecta.