Una "idea" de la ANC y el 1-O en los libros de texto

Septiembre, temporada de hongos y exaltaciones independentistas. La presidenta de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Dolors Feliu, está de dulce. Brilla con luz propia, desenvuelta, decidida y dispuesta a dar la campanada, como cada Onze de Setembre. La letrada del gabinete jurídico de la Generalitat se crece en estos días y muestra dosis de altas capacidades para el manejo del realismo mágico, especialidad independentista que es, por comparación con el boletus edulis en el reino de los cuerpos fructíferos o esporocarpos, la más elevada expresión de la inconsistencia. 

Entrevistada en el circuito catalán de la SER, la dirigente de la ANC se mostró convencida de que lo que hay que hacer es pillar al vuelo la amnistía y, acto seguido, levantar la DUI, declaración unilateral de independencia. ¿Y cómo?, se preguntaba el conductor de la entrevista, Pablo Tallón. Feliu, en modo flower power, respondía que una vez lograda la amnistía "a la mañana siguiente ya está, ya comenzamos a funcionar por nosotros mismos. Después que nos digan que no se puede hacer. ¿Cómo que no puede hacer? ¿Pero no acabáis de decir que sí, no acabáis de decir que ya no existe aquella penalización, no acabáis de decir que lo reconocéis?".

De modo y efecto que el plan de la ANC es engañar al Estado y proclamar la independencia en el Parlament una vez se haya concretado la ley de la amnistía. No cabe mayor sutileza. Lo raro es que con ingenios tan preclaros la república no se haya alcanzado ya. "La ANC reta a Junts y ERC a impulsar la DUI "al día siguiente" de aprobar la amnistía", apunta al respecto Crónica Global. El texto es de Noelia Carceller: "La Assemblea Nacional Catalana (ANC) mantiene su presión hacia Junts y ERC. La presidenta de la entidad, Dolors Feliu, ha retado ahora a los líderes independentistas a impulsar una declaración unilateral de independencia (DUI) "al día siguiente" de que se apruebe una ley de amnistía.

Y chimpún. La nota de Carceller sigue así: "Estas declaraciones llegan el mismo día que la ANC, Òmnium Cultural, Consell per la República, Associació de Municipis per la Independència (AMI) e Intersindical presentan el "pacto nacional por el movimiento civil para la independencia". Una iniciativa con la que pretenden empujar a Junts y ERC a que aumenten el precio de la investidura de Pedro Sánchez. Algo que, a su parecer, pasa por el "reconocimiento del 1-O" y por "activar y hacer efectiva" la declaración unilateral de independencia".

Un "pacto nacional". Novedad absoluta.

Mientras tanto y en Madrid, "La Moncloa rebaja la exigencia de Puigdemont sobre un mediador", según advierte El País en una información suscrita por Camilo S. Baquero: "El primer intento de acercamiento entre el Gobierno central y el de la Generalitat tras la etapa más dura del procés embarrancó en 2019 por una polémica figura que vuelve a estar ahora encima de la mesa: la del relator. Entonces y ahora la parte catalana consideraba que, ante la falta de confianza entre las dos partes, era necesaria la presencia de un tercer actor que ejerciera un cierto rol de coordinación y seguimiento de los eventuales acuerdos y hasta hace poco desde Junts se defendía que esta figura debería tener un carácter internacional. Hace cuatro años, barones del PSOE como Guillermo Fernández Vara levantaron la voz en contra de un formato que recordaba más las negociaciones de un conflicto armado de larga duración que uno de encaje territorial en una democracia asentada. La idea de nombrar dicho relator cayó junto con la primera mesa de diálogo y ERC rechazó apoyar los Presupuestos Generales, lo que derivó en unas elecciones anticipadas en abril de 2019. En esta ocasión, sin embargo, fuentes de La Moncloa creen que el escenario es diferente e insisten en que hay más espacio a explorar después de que el expresident Carles Puigdemont replanteara la cuestión como un “mecanismo de mediación y verificación” en su conferencia de Bruselas el pasado martes".

Continúa la pieza: "Mediador, relator, notario, coordinador, verificador... Entonces, como ahora, todas las palabras se han usado indistintamente aunque tengan significados distintos. Conceptualmente, cada una de esas figuras apela a escenarios muy diferentes e implica papeles diversos. Por eso desde el Gobierno, aún a la espera que fracase el intento de investidura de Alberto Núñez Feijóo, creen que hay camino a recorrer para modular esa exigencia del expresident huido de la justicia española en Bélgica. Esa visión positiva se sustenta en el hecho de que Puigdemont no planteara directamente la necesidad de un mediador internacional, como ocurrió en 2019, sino que se refiriera a un indeterminado “mecanismo”. (...) En el programa electoral de las pasadas elecciones catalanas abogaban por un gran resultado que forzara “la aceptación de una mediación internacional como elemento facilitador y garante de la negociación”. Ambas referencias se enmarcan, eso sí, dentro de una negociación sobre el conflicto político y no sobre las condiciones de una investidura. Con todo, Puigdemont fue deliberadamente cuidadoso durante su conferencia del pasado martes en dejar abiertos los escenarios y no hacer un primer planteamiento maximalista. Imponer de entrada una condición que impidiera que ni los vascos pudieran ejercer ese papel, por ejemplo, implicaría frenar en seco cualquier negociación de una condición ya muy difícil de aceptar por el lado de socialistas y Sumar. De hecho, el enlace de la plataforma de Yolanda Díaz con el expresident, Jaume Asens, ya ha quitado en varias ocasiones hierro a esa posibilidad. “Cuando se habla de un relator internacional, neutral, me parece que es difícilmente asumible porque alargaría mucho el proceso y no deja de ser una negociación entre partidos”, defendió el exdiputado de En Comú Podem en unas declaraciones a Onda Cero, el pasado miércoles".

La mediación de Yolanda Díaz puede traer cola judicial. "Societat Civil Catalana denuncia ante el Supremo a Yolanda Díaz tras negociar con Puigdemont", apunta Vozpópuli en un texto sin firma que arranca así: "Societat Civil Catalana, asociación cívica y cultural, ha interpuesto hoy una denuncia ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra la vicepresidenta del Gobierno en funciones y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz Pérez, por “faltar a la obligación de su cargo y dejar intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables”. El pasado lunes 4 de septiembre tuvo lugar en el Parlamento de Bruselas una reunión entre la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, y el prófugo Carles Puigdemont, huido de la Justicia española desde el año 2017. El argumento de que la vicepresidenta acudió al encuentro “a título personal” como líder de Sumar, sin representar al Gobierno en funciones del que forma parte, es fraudulento, puesto que siempre prevalece el cargo institucional que un dirigente político ostenta".

Y: "SCC procede penalmente contra la vicepresidenta del Gobierno en funciones en base al Artículo 408 del Código Penal, que recoge lo siguiente: “La autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años”. Societat Civil Catalana considera que la vicepresidenta en funciones ha faltado a la obligación de su cargo e, intencionadamente, ha dejado de promover la persecución de personas encausadas por delitos gravísimos".

Noticia de alcance en El Mundo: "Libros escolares de toda España ocultan que el referéndum del 1-O fue ilegal y blanquean al nacionalismo a costa del PP". Titular desolador sobre la degradación de la enseñanza. Escribe Olga R. Sanmartín: "Los libros de texto de la reforma educativa del Gobierno tienen contenidos sesgados, incorrectos o que no se adecuan a la realidad. En algunos de los nuevos manuales de Secundaria se falsea la Historia de España más reciente al omitir que el referéndum del 1-O fue ilegal y blanquear el papel de los partidos nacionalistas mientras se estigmatiza al PP, al que se considera «recentralizador». Es la primera vez que los manuales de Historia de España incorporan contenidos que llegan hasta nuestros días. Antes de la Lomloe, en los institutos sólo se estudiaba hasta la Transición y los libros así lo reflejaban. Pero la Ley Celaá quiere acercar la asignatura al «entorno real» del alumno y por eso a partir de este curso alcanzan hasta los años del Covid. El problema, según denuncian los historiadores consultados, es que incurren en un «presentismo» que «resta rigor» a lo que se aborda, cuando se exige «perspectiva, distancia y mesura». José Antonio Parejo, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla, define estos manuales, que se usan en toda España, como «trabajos de opinadores». Avisa de que «llegar al presente en los libros escolares es un error: se dan opiniones particulares sin más criterio que el elegido por el profesor, abriendo así las puertas a la arbitrariedad y, por tanto, al adoctrinamiento»".

Prosigue el texto con algunos ejemplos: "El libro de Geografía e Historia 4º de la ESO (15-16 años) de Vicens Vives afirma que José María Aznar, durante su primera legislatura, «tuvo que pactar con los nacionalistas catalanes y vascos, lo que le llevó a políticas de diálogo social», dando a entender erróneamente con ese «lo que» que los acuerdos alcanzados con los sindicatos fueron consecuencia directa del pacto político con CiU, de quien dependía para gobernar. «Lo que le llevó fue a hacer un montón de concesiones en el ámbito fiscal y en otros ámbitos, bastantes más que las que cedió Felipe González», apunta el historiador Fernando del Rey, catedrático de Historia Política y Movimientos Sociales de la Universidad Complutense".

Otro caso: "El manual de la editorial Edebé de Historia de España de 2º de Bachillerato (17-18 años) muestra una visión sesgada del procés, pues en ningún momento menciona la ilegalidad de las dos consultas que se convocaron, en 2014 y 2017. Con tono supuestamente aséptico, omite datos muy relevantes para entender el contexto. Por ejemplo, el epígrafe «Autogobierno, corrupción y regeneración democrática» -que es, desde su nombre, toda una declaración de intenciones- indica que, durante «la segunda etapa conservadora» del PP, con Mariano Rajoy, «se cuestionaron algunos de los elementos político-institucionales establecidos en la Constitución de 1978, como el encaje autonómico»".

Y: "«Las instituciones de autogobierno catalanas plantearon un desafío institucional al iniciar un proceso soberanista para ejercer el derecho de autodeterminación y lograr la independencia de Cataluña», señala, para decir a continuación que en 2014 «se realizó en Cataluña una consulta cuyos resultados fueron favorables a dicho proceso» y que «las elecciones de 2015, consideradas por los independentistas como un plebiscito sobre la independencia de Cataluña, dieron la mayoría a la coalición independentista Junts pel Sí». En realidad, los independentistas tenían una mayoría de escaños (72-65), pero sumaron unos 10.000 votos menos que los partidos de arraigo nacional. Todo el texto transmite la sensación de que hubo un consenso en torno a la secesión, cuando lo que se produjo es un proceso de fractura social con la mitad de la población catalana a cada lado y un marco de ilegalidad".

9 de septiembre, santoral: Pedro Claver, Ciarano el joven, Gorgonio de Roma y Jacinto de Sabina.