La obra cumbre de Colau, al garete

Pues un alivio. Por cierto, este verano pasó un tanto desapercibida otra resolución judicial, esta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que anuló la expropiación de la Casa Buenos Aires del barrio de Vallvidrera porque entre otros defectillos la memoria de género era insuficiente. Sí, la memoria de género en el Ayuntamiento más feminista de la historia. Esas cositas de la ciudad de los prodigios.

Cambio de tercio. Política pura y dura. "Los ministros en funciones defienden en Bruselas la negociación con Junts pese a las discrepancias sobre la amnistía", apunta El País, que añade en el sumario que "Varios eurodiputados reprochan a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, su reunión con Carles Puigdemont el lunes". El texto es de Silvia Ayuso y arranca así: "Los cinco ministros del Gobierno en funciones que viajaron este jueves a Bruselas a explicar ante el Parlamento Europeo las prioridades de la presidencia española de la UE este semestre debían superar dos grandes retos: ante todo, no toparse por los pasillos con Carles Puigdemont. También, sortear el asunto de las negociaciones de investidura y una posible ley de amnistía, como exige el expresidente catalán para facilitar que Pedro Sánchez repita mandato. Lo primero, lo consiguieron, ya que Puigdemont no se dejó ver este jueves en la Eurocámara. Lo segundo fue ya imposible, tanto por las preguntas de la prensa como las de algunos eurodiputados que aprovecharon las audiencias para sacar el tema y reprocharle a los ministros el viaje, esta misma semana, de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, a Bruselas para reunirse con el líder independentista. La mayoría optó por defender las negociaciones con Junts, pese a las discrepancias sobre la amnistía".

Sigue la nota: "La ministra en funciones de Educación y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, defendió la valentía de su partido frente a la “parálisis estéril” del PP a la hora de buscar soluciones en torno al pulso con el independentismo catalán. Alegría aseguró que las negociaciones en torno a una eventual ley de amnistía se harán bajo las líneas del “diálogo, dentro del marco constitucional y con el máximo respeto y transparencia”. Y subrayó: “hemos tomado decisiones valientes, porque creo que un partido político tiene que ser responsable y sobre todo valiente a la hora de la toma de decisiones para plantear soluciones”. Por su parte, el ministro de Universidades en funciones, Joan Subirats, recordó que “hay una negociación abierta” en la que no es posible predecir si habrá en 80 días una ley o no de amnistía. “Lo que sí sé es que si el 27 no se alcanza la investidura de Feijóo, tendrá que haber otra votación, y esto nos da dos meses, hasta noviembre, para buscar una alternativa a este aislamiento”, agregó. El responsable de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, evitó responder directamente sobre la necesidad de una ley de amnistía. “Lo que veo necesario, y lo he defendido siempre (…) es que ha de haber un reencuentro, ha de haber convivencia. Y lo que constato es que en Cataluña solo se quebró la legalidad cuando gobernaba el PP, y que desde que gobierna Pedro Sánchez las cosas están infinitamente mejor. Y me alegro”, declaró. Más esquivo aún fue su colega de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, quien eludió pronunciarse aduciendo que “es un tema en el que el Gobierno está negociando con toda discreción dentro del marco de la Constitución” y que, en estas circunstancias, “la discreción y la cautela son extraordinariamente importantes”. La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, fue la única que declinó hablar ante la prensa. Y eso que esta la siguió por los mismos pasillos que había recorrido solo tres días antes cuando, este lunes, celebró una polémica reunión con Puigdemont a puerta cerrada en su calidad de líder de Sumar, si bien de facto se convirtió en la primera ministra de un Gobierno español que se reunía con el líder independentista desde la huida de este a Bélgica en 2017, convirtiéndose en un prófugo de la justicia".

Mientras tanto y en Madrid se abrió el curso judicial. "Los fiscales se revuelven contra Puigdemont y piden a su jefe que aclare su independencia", advierte al respecto El Confidencial. Escriben Beatriz Parera y Pablo Gabilondo: "El malestar ante la posible aprobación de una ley de amnistía, muy patente ya en la judicatura, ha irrumpido de lleno también en la carrera fiscal. Las alusiones de Carles Puigdemont a la capacidad del Gobierno en funciones de limitar la acción del Ministerio Público en todas las causas judiciales y administrativas relacionadas con el independentismo han dolido. La asociación de fiscales, mayoritaria, ha reclamado al fiscal general del Estado que marque líneas rojas ante las afirmaciones del expresident catalán y que lo haga de forma expresa. Buscan un blindaje público de su independencia, muy dañada por afirmaciones de este tipo en las que se da por hecho, como algo natural, su sumisión completa a los deseos del Ejecutivo. La sombra de la ya famosa pregunta que lanzó Pedro Sánchez --"¿De quién depende la Fiscalía, eh, de quién depende?", se jactó-- vuelve ahora a cernirse sobre la acción del Ministerio Público. El fiscal general la contestó en una entrevista publicada por este diario hace unos meses. "La Fiscalía depende del fiscal general del Estado, no del Gobierno", dijo entonces. Aseguró que mantiene con el Ejecutivo una relación puramente institucional, de colaboración y lealtad institucional. "La designación del fiscal general por parte del Gobierno no significa ni dependencia, ni relación diferente a la que se tiene con otras instituciones" y no existe "en absoluto", injerencia ni del fiscal general del Estado en el trabajo del Gobierno, ni viceversa, defendía".

Pero no sólo los fiscales están en guardia. "El Supremo, en alerta ante las negociaciones con Puigdemont: 'La amnistía abre un boquete irreparable en el Estado de Derecho'" se asegura en El Mundo. El texto es de Ángela Martialay y Manuel Marraco: "El Tribunal Supremo considera que la aprobación de una hipotética ley de amnistía para beneficiar al ex presidente fugado de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el resto de encausados o condenados por el procés catalán «abre un boquete irreparable en el Estado de Derecho». El solemne acto apertura del Año Judicial que tuvo lugar este jueves en el Alto Tribunal estuvo marcado tanto por la anómala situación a la que se enfrenta el Poder Judicial -con un órgano de gobierno con el mandato caducado desde hace casi cinco años y la última instancia jurisdiccional del país «colapsada»- como por la idea de que pueda aprobarse una amnistía que deslegitime la actuación del Supremo frente al desafío independentista de 2017. El hartazgo impregna la Carrera Judicial. El tercer poder del Estado se siente maltratado por el poder político. El bloqueo sin precedentes del Consejo General del Poder Judicial y la situación crítica en la que se encuentra el Tribunal Supremo han sumido a los jueces en una situación de desánimo generalizado. Este sentimiento se percibía en los tradicionales corrillos que tuvieron lugar tras la ceremonia solemne que se celebró en el Salón de Plenos. En esas conversaciones distendidas uno de los temas más comentados fue precisamente la ley exigida por el prófugo Puigdemont para borrar los delitos del procés. (...) Desde el Alto Tribunal se considera que la aprobación de una ley de amnistía diseñada ad hoc para Puigdemont y los ex miembros de su Gobierno supondría la «vulneración del principio de igualdad entre todos los españoles», recogido en el artículo 14 de la Constitución. «Las amnistías se aplican cuando hay un tránsito de un sistema dictatorial a uno democrático». «Es normalmente un borrado u olvido de los crímenes con intencionalidad política cometidos en regímenes autoritarios», puntualizan fuentes fiscales".

En El Independiente y en relación al malestar del Tribunal Supremo aseguran que "La vía del Supremo para revertir una amnistía al procés pasa por recurrir al Tribunal Europeo". "El juez Llarena podría plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional si el Gobierno aprobara un perdón absoluto a los líderes independentistas", se abunda en el subtítulo. La nota es de Irene Dorta y Carlos Frías: "Todas las hipótesis están abiertas. Pero son sólo eso, hipótesis porque ningún juez o fiscal ha leído la letra pequeña de una ley que todavía no está publicada y que, de hacerse, sería la primera vez en la democracia reciente. Si el Gobierno termina por negociar con Junts una ley de amnistía que entre en este terreno virgen y condone cualquier delito a los líderes del procés, ese papel llegará irremediablemente a la mesa de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y allí reciben la noticia con todas las cautelas, de momento. Las fuentes consultadas explican que la vía para tratar de desarmar una hipotética amnistía es doble. Por un lado, un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y, por el otro, un camino europeo a través del recurso prejudicial que pusiera al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra las cuerdas para decidir sobre el Derecho comunitario".

Y: "El alto tribunal asume que la ley --se llame de amnistía o se llame de extinción de la responsabilidad penal-- estará redactada de tal forma que el procedimiento que sigue activo contra el expresident Carles Puigdemont y los otros fugados del 'procés' quede desactivado. Entienden que si quedan dudas para aplicarlo en algún procedimiento no será en ningún caso en el que se está instruyendo en el Tribunal Supremo desde octubre de 2017. Sobre la posibilidad de interpretación, por tanto, aceptan que es difícil que haya margen. Las fuentes consultadas señalan que, en principio, los independentistas condenados en 2019 por la sentencia de la Sala Segunda y los que están perseguidos por el juez instructor Pablo Llarena actualmente quedarían amnistiados. Pero después podrían iniciarse los recursos desde el propio Tribunal. Una posibilidad es plantear un procedimiento prejudicial al TJUE al que los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros pueden acudir cuando se produzca una cuestión de interpretación nueva o cuando la jurisprudencia existente no dé una orientación necesaria a los jueces territoriales. En este sentido, la amnistía cumple estos requisitos puesto que no se ha abordado una desde 1978 cuando entró en vigor la Constitución. El Supremo podría así poner a Europa ante el espejo para que tuviera que pronunciarse sobre un asunto sensible y nuclear en el Estado de Derecho y cuya resolución no sólo valdría para España, sino que sería de aplicación para toda la Unión Europea. Sobre si esto paralizaría o no la amnistía hay dudas. Las fuentes consultadas en el Supremo explican que, en principio, la ley habría que aplicarla y luego se preguntaría a Estrasburgo, si bien la propia web del Tribunal Europeo expone que "el procedimiento nacional debe suspenderse hasta que el TJUE haya emitido su fallo". De hecho, así ha sucedido con el procedimiento de Puigdemont: Llarena preguntó al Tribunal comunitario si Bélgica podía utilizar una serie de argumentos para entregar a los fugados y el proceso de entrega se congeló hasta que Europa resolvió la cuestión".