La trama rusa del ‘procés’ enturbia la credibilidad del ‘Catalangate’

Los vínculos entre destacados dirigentes del secesionismo catalán y emisarios de Rusia durante el procés vuelven a estar sobre la mesa en el Parlamento Europeo. Esta vez, gracias a la presentación, el pasado 9 de marzo, de El caso Pegasus, una revisión crítica del informe Catalangate de CitizenLab. Un documento de 236 páginas elaborado por el profesor de Ciencias Políticas y de la Administración de la UNED José Javier Olivas, en el cual se exponen numerosas deficiencias que cuestionan la credibilidad del polémico estudio de la Universidad de Toronto (UoT) acerca del supuesto espionaje con los programas Pegasus y Candiru a 65 políticos y dirigentes independentistas, y al cual se aferran éstos para tratar de desacreditar a España y sus instituciones democráticas.

La investigación del profesor Olivas pone en evidencia la falta de rigor metodológico, de neutralidad y de transparencia del polémico estudio de CitizenLab, así como sus contradicciones y sus llamativos conflictos de intereses. Entre ellos, el hecho de que uno de sus ocho autores sea un activista secesionista catalán, Elies Campo, que a su vez es uno de los supuestos espiados. Algo a lo cual se suma el férreo rechazo de la UoT a permitir un análisis externo de su informe por parte de profesionales independientes, algo reclamado por más de un centenar de académicos, investigadores y profesionales que cuestionan su fiabilidad.

Olivas también atribuye defectos al muestreo elegido por CitizenLab, dado que “aparentemente solo se analizaron los dispositivos de políticos y activistas partidarios de la independencia”. Algo que, por sí solo, resulta sospechoso, así como el “fuerte sesgo político” de CitizenLab al señalar al Gobierno de España como presunto autor de un “espionaje ilegal”, a pesar la falta de “pruebas suficientes para sustentar estas acusaciones”. En este sentido, cabe recordar que desde el Centro Nacional de Inteligencia español se reconoció la vigilancia, plenamente legal y bajo autorización judicial, a 18 dirigentes del procés, una cifra que dista mucho de los 65 que sostiene el estudio canadiense.

Ayuda a investigados por la justicia

En este sentido, el informe recién presentado en la Eurocámara apunta que durante la investigación de CitizenLab “se advirtió a los participantes de que era probable que fueran espiados sin tener en cuenta que esta advertencia podía interferir en las investigaciones judiciales en curso” que pesaban sobre ellos. “Muchos participantes estaban siendo controlados legalmente por los servicios de seguridad españoles cuando se pusieron en contacto con ellos y explicaron cómo evitar la vigilancia. Otros estaban a la espera de juicio, y algunos incluso estaban cumpliendo penas de prisión”, añade.

Además, Olivas recuerda que varios de los supuestos afectados “estaban en aquel momento y siguen siendo investigados por sus conocidos vínculos con los servicios de inteligencia rusos, la corrupción o la creación de Tsunami Democràtic, la plataforma ilegal basada en blockchain, destinada a derribar a las fuerzas de seguridad españolas y utilizada para coordinar disturbios violentos y bloqueos de carreteras, estaciones de tren y aeropuertos”.

CitizenLab pasa por alto las relaciones con Rusia...

En este punto, El caso Pegasus, una revisión crítica del informe Catalangate de CitizenLab enfatiza que “sorprendentemente” en el estudio de CitizenLab “se omiten completamente los vínculos bien documentados con Rusia y los intentos rusos de desestabilizar España y la UE apoyando a los secesionistas catalanes”; y que no se tiene en cuenta “ninguna de las demás hipótesis alternativas plausibles. Resulta sorprendente que ni siquiera se mencione la posibilidad de vigilancia legalmente sancionada, falsos positivos o espionaje por parte de los servicios secretos de Rusia o países occidentales”.

La trama rusa del procés centra, de hecho, 38 de las 236 páginas del informe que rebate la credibilidad del Catalangate. En ellas, a Olivas le parece “extraño que CitizenLab, tras haber escrito sobre las acciones de ciberespionaje ruso en Occidente en 2017, y conocedor de las conexiones entre Rusia y líderes secesionistas que se habían hecho públicas en varios medios de comunicación, ni siquiera considerara que Rusia podría haber tenido interés en espiar a los líderes catalanes con los que trataba, o incluso apoyarlos técnicamente en caso de que pudieran estar interesados en presentar a España como un país represivo que espía a sus ciudadanos. Es difícil discernir las razones por las que CitizenLab descartó la participación rusa, o la de cualquier otro servicio secreto occidental preocupado por sus intentos de desestabilizar a los Estados miembros de la UE. En el informe no se justifica la omisión de estas hipótesis”.

En este sentido, El caso Pegasus, una revisión crítica del informe Catalangate de CitizenLab recuerda las investigaciones periodísticas desveladas por OCCR, según las cuales “un representante de Putin se reunió con el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el día anterior a la declaración unilateral de independencia de Cataluña en 2017. Se le prometieron 500.000 millones de dólares y 10.000 soldados si se comprometían a convertir Cataluña en un refugio de criptomonedas. Al parecer, esto formaba parte de una estrategia a largo plazo para erosionar la estabilidad del euro”. Y también que “varios de los participantes en el informe CitizenLab trabajaron en la promoción de la tecnología de blockchain Ethereum (criptomoneda)”. En concreto, Elies Campo y “los señores Miquel, Baylina, Escrich, Matamala, Ganyet y Vives”.

... Y presenta como víctimas a investigados por Tsunami

En lo relativo a nombres propios, Olivas destaca los contactos con emisarios rusos de dirigentes secesionistas sobre los cuales CitizenLab trató de averiguar si fueron espiados, como la exdiputada de Junts per Catalunya Elsa Artadi, el abogado Gonzalo Boye y el jefe de la Oficina del fugado Puigdemont, Josep Lluís Alay --que viajó a Moscú en 2019--. Algo que el organismo canadiense también hizo con otros investigados por la justicia por el presunto desvío de fondos públicos para financiar Tsunami Democràtic, como es el caso del propio Alay, de Xavier Vendrell y de David Madí, detenidos el 28 de octubre de 2020 junto a otros 18 sospechosos por esta cuestión. De Vendrell y Madí se recuerda, por ejemplo, su presencia en una conversación con Víctor Terradellas --interceptada por la policía-- en la cual Madí y este antiguo secretario de Exteriores de Convergència y amigo de Puigdemont “hablan del interés de Rusia por las criptomonedas”.

En uno de esos ya célebres audios, además, “también hay referencias explícitas a los 10.000 soldados rusos” y a la necesidad de “100 muertos para justificar la participación rusa. El señor Terradellas alega que, si reunieran a un millón de personas en la plaza Sant Jaume, las fuerzas de seguridad españolas tendrían que matar a personas para entrar”. Terradellas, de hecho, confirmó el año pasado ante el tribunal esas conversaciones sobre posibles víctimas civiles y el hecho de que, según él, Puigdemont estaba al corriente de las ofertas de los emisarios del Kremlin.

Por todo ello, el informe presentado en la Eurocámara insiste en esta otra hipótesis: “¿Ningún organismo de CitizenLab consideraba que los servicios secretos estadounidenses, británicos u otros servicios secretos occidentales pudieran estar interesados en espiar a activistas catalanes que pudieran colaborar con los servicios secretos rusos para desestabilizar la UE?”.

Calendario sospechoso

El calendario del informe de CitizenLab también suscita sospechas, pues "parece haber sido escogido para mitigar el impacto negativo en el movimiento secesionista de algunas revelaciones relativas a su conexión con Rusia, la apropiación indebida de fondos públicos y la organización de actividades ilegales, en 2018 y 2019, para cuestionar el control español de Cataluña”.

“Casualmente, las últimas rondas de análisis del informe CatalanGate fueron realizadas por CitizenLab poco después de que surgieran varias pruebas incriminatorias de las investigaciones judiciales relativas a las relaciones entre líderes secesionistas y Moscú, y la aprobación en el Parlamento Europeo de una propuesta para investigar los vínculos entre el secesionismo catalán y Rusia en marzo de 2022", añade el texto.

¿Una estrategia para invalidar los juicios del 'procés'?

De resultas de todo ello, otro apartado del informe presentado en la Eurocámara plantea otra pregunta razonable: ¿está utilizando el secesionismo catalán el presunto espionaje con Pegasus como herramienta para invalidar los juicios del procés? En este sentido, se advierte sobre el provecho que los dirigentes, partidos y organizaciones políticas están sacando de la polémica publicación de CitizenLab: “Desde entonces, un argumento fundamental que expresaron en las entrevistas con los medios de comunicación fue que el supuesto espionaje había afectado a varios abogados que defendían a líderes secesionistas ante los tribunales. Esto supondría una vulneración de los derechos de los acusados, y su intención era solicitar la anulación de sus juicios y sentencias”.

Dos de esos abogados, según CitizenLab, son Gonzalo Boye --letrado, entre otros, de Carles Puigdemont-- y Andreu Van den Eynde –el de Oriol Junqueras--. En el caso de este último, sin embargo, Olivas denuncia una maniobra llamativa: el hecho de que CitizenLab modificara a posteriori la fecha de una de las supuestas incursiones en su teléfono móvil, adelantándola un mes en el tiempo –del 14 de junio al 14 de mayo de 2020--, haciéndola coincidir de este modo con una videollamada que mantuvo con otros abogados para tratar la estrategia jurídica de los políticos encarcelados. “Por lo tanto, la nueva fecha de infección ‘actualizada’ podría ser utilizada por el señor Van Den Eynde como argumento para intentar impugnar la sentencia judicial en dichos juicios”, señala Olivas.

Desagravio

El catedrático de la UNED presentó la semana pasada sus tesis en una sala del Parlamento Europeo junto al eurodiputado de Ciudadanos (Cs) Jordi Cañas, algo que no pudo hacer el pasado 29 de noviembre pese a haber sido invitado inicialmente a participar en la comisión de investigación del caso Pegasus en la Eurocámara. Su nombre fue excluido a última hora de la comparecencia, después de que el director de CitizenLab, Ronald Deibert, amenazara con que su organismo no intervendría en la misma si Olivas era invitado. Algo de lo cual ahora el profesor ha podido resarcirse, exponiendo públicamente el informe que cuestiona la credibilidad del Catalangate (ver bajo estas líneas).

La comisión que estudia las injerencias rusas para desestabilizar a Europa volverá a reunirse próximamente. La eurodiputada de Cs Maite Pagazaurtundua ha solicitado al Centro Europeo de Excelencia para la Lucha contra las Amenazas Híbridas (Hybrid CoE) que analice el caso concreto de Cataluña.