El ‘Catalangate’ de CitizenLab, bajo sospecha: un centenar de profesores cuestionan su credibilidad

Los firmantes de la misiva --difundida por la plataforma constitucionalista Foro de Profesores-- lamentan la "decisión de no permitir" hasta ahora, por parte de dicha universidad, una investigación externa. Y exponen los argumentos y sospechas por los cuales consideran imprescindible poner luz en todas esas carencias y defectos.

Falta de transparencia y lagunas metodológicas

El primero de ellos es la “variedad de aparentes conflictos (políticos y económicos) que involucran a los autores del estudio y las personas que colaboran en su trabajo de campo, que permanecen sin revelar”, así como la negativa de los autores “a proporcionar muestras que permitirían una validación independiente seria”.

En este sentido, destacan el hecho de que el director de CitizenLab, Ronald Deibert, considere “100% fiables sus procesos analíticos” y rechace considerar que esas infecciones con spyware de los teléfonos móviles analizados puedan resultar, en realidad, “falsos positivos u otros errores”. Algo que, advierten, choca con “la literatura de los análisis forenses (y los procedimientos científicos habituales)”.

Los firmantes detectan “una muy inusual falta de transparencia respecto a la metodología”, y señalan que los autores del informe “rechazan informar cuándo, donde y quién llevó a cabo los análisis forenses digitales”. “Parece que no se realizó ningún análisis no digital o no remoto para verificar las infecciones”, añaden. Asimismo, consideran llamativo que “rechacen informar del número de dispositivos investigados o de la ratio de positivos”, ni que tampoco hayan habido “grupos de control” en la investigación.

Pruebas "débiles, en el mejor de los casos"

En el plano político, la carta difundida por Foro de Profesores advierte sobre la falta de neutralidad, y conexiones con el independentismo, del estudio de CitizenLab. Empezando por el hecho de que sus autores hayan expresado “acusaciones muy serias contra el Gobierno español por espionaje ilegal basadas en lo que el informe dice que son pruebas circunstanciales (muchas de ellas, de entrevistas en los medios y redes sociales)”. Según la misiva, la mayoría de acusaciones sobre la autoría española del supuesto espionaje ilegal son “débiles, en el mejor de los casos”.

Los impusores de la carta ven llamativo que el estudio del Catalangate no considere otras hipótesis alternativas, como que ese supuesto espionaje fuera llevado a cabo por los servicios secretos de Rusia, Marruecos u otros países occidentales. Ni tampoco la posible existencia de falsos positivos o de una vigilancia legal a dirigentes investigados por la justicia, con escuchas autorizadas por un juez (un total de 18, según confirmó el Centro Nacional de Inteligencia el pasado 5 de mayo).

La carta acusa además a “participantes y algunos autores” del informe de haber intentado “maximizar el número de positivos”, algo que creen evidente dadas las “reticencias de someter las pruebas a una validación externa”. Y expresa su sorpresa por el hecho de que no se hayan reconocido conflictos de intereses o “cuestiones relativas a la evidente falta de neutralidad”. Como, por ejemplo, que uno de los impulsores del estudio de CitizenLab haya sido Elies Campo, un reconocido simpatizante del expresidente de la Generalitat fugado Carles Puigdemont --a quien llegó a visitar incluso en Bélgica-- y destacado activista del referéndum ilegal de secesión del 1 de octubre de 2017.

Elies Campo, coordinador… y activista secesionista

“El trabajo de campo lo coordinó un activista independentista, Elies Campo, presunta víctima de espionaje, sin experiencia previa en investigación y sin un grado de educación superior acabado. Este autor también hizo afirmaciones falsas sobre su situación laboral y no estuvo afiliado a CitizenLab durante la mayor parte del periodo de investigación”, denuncia la carta de Foro de Profesores.

En este sentido, El Triangle reveló el pasado mayo que Campo --impulsor y uno de los ocho firmantes del informe de CitizenLab sobre la supuesta vigilancia con software espía a más de medio centenar de dirigentes del procés--, habría inflado su currículum al apuntar que trabajó para Telegram Messenger como parte de su departamento de Crecimiento, Desarrollo de Negocio y Partnership desde septiembre de 2015 a diciembre de 2021, según consta en su perfil de la red profesional LinkedIn. Algo que el portavoz de Telegram, Remi Vaughn, negó en dicho medio, desmintiendo que Campo haya sido nunca empleado, ni haber tenido cargo alguno en la compañía, y aclarando que sólo colaboró como voluntario durante un tiempo, sin cobrar ni firmar contrato alguno.

Perfil de Elies Campo en LinkedIn

Por otra parte, la carta de denuncia también destaca que sólo se analizaran dispositivos de políticos y activistas independentistas, y que los autores del informe no expliquen los criterios utilizados en el muestreo. “Hay una evidencia muy fuerte que sugiere que los casos sometidos a análisis fueron filtrados por dos partidos políticos”, añade.

Tsunami Democràtic y la sombra de Rusia

Según la misiva, “varios de los participantes de la investigación fueron investigados” por supuestos “vínculos con servicios de inteligencia rusos". Según afirma, "seis de los participantes, incluido el coordinador del trabajo de campo, son sospechosos de colaborar con los servicios secretos rusos para crear en 2019 Tsunami Democràtic”, la plataforma anónima de blockchain utilizada para coordinar movilizaciones secesionistas contra la sentencia a los mandatarios del procés, esquivando a las fuerzas de seguridad españolas; protestas como el bloqueo de carreteras, trenes o el aeropuerto de Barcelona, y otras que derivaron en disturbios en Cataluña.

Incidentes tras la manifestación convocada por Tsunami Democratic por el partido entre el FC Barcelona-Real Madrid en el Camp Nou en 2019. Llamas tras un furgón de la policía / EP

Los impulsores de la carta consideran “sorprendente” que “estos vínculos bien documentados con Rusia y los intentos rusos de desestabilizar a España y la UE apoyando a los secesionistas catalanes son totalmente omitidos en el informe” de CitizenLab.

Posibles interferencias en investigaciones judiciales

Asimismo, lamentan de que se alertara a “participantes de que probablemente estaban siendo espiados sin tener en cuenta que esta advertencia podría significar una interferencia con las investigaciones de los tribunales españoles”. Y recuerdan que algunos de ellos eran “monitorizados legalmente por los servicios de seguridad españoles” cuando fueron contactados y se les explicó cómo evitar una vigilancia. “Otros estaban en espera de juicio, y algunos incluso en prisión”, añaden.

Lema de una "campaña de propaganda"

Los firmantes de la carta enviada a la Universidad de Toronto, por otra parte, también ven elocuente que el informe de su laboratorio de tecnología y derechos humanos CitizenLab, publicado el 18 de abril de 2022, lleve por nombre “Catalangate”, cuando éste mismo ya había sido utilizado previamente como “lema de la campaña de propaganda que las organizaciones y partidos secesionistas estaban preparando meses antes de la publicación del informe”.

Prueba de ello es que "la mayor organización secesionista" registrara el dominio de internet “Catalangate.cat” --sitio cuya titularidad pertenece a Òmnium Cultural-- en enero de 2022, es decir, tres meses antes de publicarse el estudio de CitizenLab; y que la cuenta de Twitter “@catalangate” sea la misma que, con otros nombres, se ha utilizado para campañas propagandísticas nacionalistas “durante años”. Concretamente, desde diciembre de 2012, tal como puede verse en su perfil de Twitter. De hecho, esa misma cuenta se llamó antes @araeslhora --lema de la campaña conjunta de Òmnium y la ANC previa a la Diada de 2015--; @cridaperlademocracia --lema de una campaña de Òmnium de 2017--; y, posteriormente, a raíz del juicio del procés, @ElJudici. Tras casi dos años inactiva, el pasado 18 de abril cambió a su nombre actual difundiendo el informe de CitizenLab y un artículo alusivo al mismo en The New Yorker.

Tuit de 2014 de la campaña "Ara és l'hora" de Omnium y la ANC en la cuenta de Twitter del Catalangate

Demanda de investigación externa previa ignorada

La carta tiene como autor a Carlos Conde Solares (presidente de Foro de Profesores y profesor titular de Historia de España en la Universidad de Northumbria), y está dirigida a Meric Gertler (presidente de la Universidad de Toronto), Lorraine E. Ferris (su vicepresidenta de Supervisión de Investigaciones) y Peter Loewen (director de Munk School of Global Affairs). Su contenido insiste en algunos de los minuciosos argumentos y una petición de investigación externa formulados semanas antes por José Javier Olivas [ver PDF bajo estas líneas], profesor del departamento de Ciencia Política y Administración de la UNED y de la London School of Economics, en representación de 16 docentes y científicos de las Universidades de Barcelona, Málaga, Granada, Zaragoza, Leiden y Bucarest, la Queen Mary University de Londres, el Instituto Elcano, el IE Business School de Madrid y el Instituto de Investigación Política de Bangladesh.

Sin pruebas de la mitad de los supuestos infectados

También desde el ámbito de la ciberseguridad han surgido voces que cuestionan este trabajo de CitizenLab. Jonathan Scott, investigador de softwares maliciosos de la Northcentral University de Arizona, publicó la semana pasada un extenso documento de 60 páginas en el cual acusa al laboratorio de la Universidad de Toronto de falta de rigor y de anteponer los intereses de los independentistas a la verificación científica. Así, en una de sus páginas considera “evidente que la presión para publicar el Catalangate” ha dejado de lado la “verificación y validación científica” de los datos. Según él, en el 55% de los casos no se puede demostrar que los teléfonos de los independentistas catalanes fueran infectados por Pegasus. Y añade que otros estudios independientes revelan que el 88,9 % de los casos que se creen afectados por Pegasus son falsos positivos. Scott reclama tener acceso a los análisis forenses, por ahora también sin éxito.

Scott, asimismo, advierte en su informe Descobriendo CitizenLab, desmintiendo el Catalangate [ver PDF bajo estas líneas] de que “el 25 de septiembre de 2017” --es decir, una semana antes del referéndum inconstitucional del 1-O--, CitizenLab trabajó, según él, “con simpatizantes del independentismo y compiló un listado de dominios censurados por el Gobierno español” para la votación ilegal, acusando al Ejecutivo de hacerlo “ilegalmente” y “violando derechos humanos”.

Curiosamente, apenas 12 días antes, Elies Campo había estado sugiriendo dominios alternativos a Puigdemont y al Govern catalán en su perfil de Twitter para burlar esas trabas a la web del referéndum ilegal.

Tuits de Elies Campo sugiriendo webs alternativas al Govern y a Puigdemont en Twitter

Web creada por un estudio de Barcelona

Este investigador incide en las contradicciones éticas del informe, estableciendo supuestos vínculos entre CitizenLab y el independentismo catalán, hecho que pone en duda la imparcialidad del documento del laboratorio de la Universidad de Toronto.

Scott también considera llamativo el "impresionante diseño" y la calidad de la web del Catalangate. Una web que, según afirma, se desarrolló en un estudio creativo de Barcelona, Domestic Data Streamers. En el site de esta empresa se aprecia cómo, además de para CitizenLab, ésta ha trabajado asimismo para la Generalitat de Cataluña, entre otras instituciones. Por ejemplo, para una campaña de su Consejería de Salud de 2020 y otra denominada "7,5 millones de futuros" en 2018.

A la espera de la comisión parlamentaria

La semana pasada, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, decidió querellarse contra la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, y la empresa NSO Group --la compañía israelí creadora del spyware Pegasus-- por el espionaje del que fue víctima en el pasado.

Sin embargo, el Parlament de Cataluña todavía no ha puesto en marcha la comisión de investigación sobre los datos aportados en el Catalangate que los partidos secesionistas (ERC, JxCat y la CUP) anunciaron el pasado mayo que impulsarían.