La Generalitat amplía en ocho millones la partida presupuestaria para el turno de oficio

El Govern de la Generalitat ha acordado aumentar en ocho millones de euros la partida presupuestaria destinada a mejorar las condiciones del turno de oficio, pasando de 64 millones de euros a 72 millones, lo que supone un incremento de un 13%.

Así lo ha anunciado el conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, durante una rueda de prensa celebrada este lunes en la conselleria de Justicia, tras reunirse con la presidenta del Consell de l'Advocacia Catalana (Cicac), Marta Martínez, así como con varios de los decanos de colegios de abogados catalanes, entre ellos Jesús María Sánchez, decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab).

Este acuerdo permitirá ampliar la prestación de asistencia jurídica gratuita a tres nuevos colectivos vulnerables: los menores de edad atendidos en Barnahus por haber sido víctimas de violencia sexual, las mujeres internas en centros penitenciarios víctimas de violencia machista, "un colectivo vulnerable entre los vulnerables", según Espadaler, y los procedimientos de personas físicas que quieran iniciar un procedimiento de segunda oportunidad.

Desbloqueo

Espadaler ha explicado que este acuerdo deriva de una petición del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que apenas 15 días después de tomar posesión de su cargo se dirigió a todos los consellers mediante una carta el 29 de agosto para definir la hoja de ruta de cada uno de los departamentos.

En su caso, le informó de que uno de los objetivos de su candidatura pasaba por colocar los servicios públicos al frente del Govern, y le encomendó un buen funcionamiento de la justicia "para garantizar la convivencia y los derechos de los ciudadanos".

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Este acuerdo supone un desbloqueo en las negociaciones entre el Govern y el Cicac que duraba ya "15 años", según la presidenta, Marta Martínez, que ha indicado que el aumento de 8 millones es muy importante pero, según sus palabras, hace falta seguir trabajando para alcanzar un incremento de 23 millones, cifra que estima que se necesitaría para cubrir todas las necesidades detectadas en el turno de oficio.

Cambios

El acuerdo ha sido, en palabras de Espadaler, "una obra de orfebrería", pues el aumento no se hará de forma lineal, sino que el dinero será distribuido según las necesidades.

La presidenta del Cicac, Marta Martínez, ha precisado que irá desde un incremento de un 2% en algunas guardias, que será prácticamente indetectable, hasta un 25% en los casos de recursos en segunda instancia.

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También dará respuesta a algunas de las peticiones recurrentes de los colegios de abogados, que reclamaban que se abonasen las guardias en las que los letrados tenían que estar localizables pero en las que, si finalmente no se les activaba, no cobraban nada. Algo que sucede hasta la actualidad en partidos judiciales pequeños como Vilanova i la Geltrú (Barcelona), Tortosa (Tarragona) o Reus (Tarragona), entre otros, y que ahora estarán abonadas con 50 euros diarios.

Acuerdo para 2025

El acuerdo, que entrará en vigor el 1 de enero de 2025, ha sido gracias a un "diálogo, sin apriorismos y con lealtad" entre diferentes actores institucionales, profesionales y técnicos, según Espadaler, que ha reconocido que desde la conselleria pretenden seguir aumentando esta partida presupuestaria en un futuro, incluyendo a más colectivos vulnerables que se han detectado, para que nadie quede excluido del acceso a la justicia.

"El acuerdo es un acto de justicia hacia el colectivo de abogados y abogadas que hacen el turno de oficio, pero también es de justicia en cuanto a los colectivos vulnerables", ha expresado Espadaler.

Más dinero para el catalán

El conseller de Justicia y la presidenta del Cicac también han firmado este lunes el convenio anunciado el 5 pasado de noviembre tras la reunión del consejo ejecutivo del Govern catalán, que consiste en un incremento de un 30% la partida presupuestaria para fomentar el uso del catalán en el turno de oficio, pasando de los 350.578 euros actuales a los 455.578 euros.

El aumento de 105.000 euros de la partida presupuestaria responde al incremento de abogados adscritos a este programa, pues reciben un complemento de 25 euros por cada actuación hecha en catalán en el marco de la asistencia jurídica gratuita.