El TSJC aplaza el juicio contra Lluís Puig (Junts): la fiscalía belga dice que está ilocalizable
- El tribunal catalán acuerda comunicar a las partes, así como a testigos y peritos, la suspensión de la vista y señalar una nueva fecha para el 20 y 21 de febrero de 2025
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El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha suspendido el juicio que debía de celebrarse esta semana telemáticamente desde Bruselas contra el exconseller de Cultura de la Generalitat, Lluís Puig, al alegar la fiscalía belga que se encuentra ilocalizable de vacaciones en Francia, sin responder a su teléfono móvil.
La decisión se ha comunicado este lunes desde la sala de lo civil y penal del TSJC, tras recibirse el pasado día 14 un correo electrónico desde el Parket judicial de Bruselas. En el mismo se informa de que la citación a juicio, recibida dos días antes en dicho órgano de justicia belga, no ha podido llevarse a cabo porque los agentes policiales que la trasladaron fueron informados por los vecinos del exconseller de que estaba de vacaciones en Francia, y se desconocía la fecha de su regreso.
Aplazamiento hasta febrero
El tribunal catalán acuerda en su escrito, al que ha tenido acceso EFE, comunicar a las partes implicadas, así como a testigos y peritos, la suspensión de la vista y señalar una nueva fecha para los días 20 y 21 del mes de febrero del año próximo.
Ordena, además, informar de la situación a los organismos con los que se iban a realizar pruebas testificales por medio videoconferencia, expedir una Orden de Investigación Europea para la citación del acusado para que comparezca al juicio oral en la nueva fecha señalada, y abrir un periodo de tres días para recurrir la decisión adoptada en reposición.
La suspensión se produce a pesar de que el TSJC había advertido previamente de que, en caso de ausencia "injustificada" de Puig en su comparecencia telemática, el juicio podría no suspenderse y continuar con su celebración, según lo previsto en la ley de enjuiciamiento criminal, que permite que en delitos como la desobediencia se pueda juzgar en ausencia del acusado.
Desobediencia en el 'caso Sijena'
La Fiscalía pide para Puig, en la actualidad diputado en el Parlament de Cataluña, una condena de dos años de inhabilitación y 5.940 euros de multa por un delito de desobediencia, al desoír supuestamente la orden judicial para que la Generalitat devolviera al Monasterio de Sijena varias obras de arte depositadas en el Museo de Lleida, cuya propiedad aragonesa estableció el Juzgado de lo Civil número 1 de Huesca en una sentencia confirmada por la Audiencia de Huesca y el Tribunal Supremo.
El ministerio público pide la misma pena para el predecesor de Puig en la conselleria de Cultura, Santi Vila, aunque en su caso la causa la ha asumido un juzgado ordinario de lo Penal al no ser aforado, y además ha pedido que se le aplique la amnistía al considerar que los hechos están vinculados al proceso independentista.
La Fiscalía y el Ayuntamiento de Vilanueva de Sijena, que ejerce la acusación particular, sostienen que tanto Vila, como posteriormente Puig -que le relevó en el cargo-, obstaculizaron la decisión del juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Huesca por la que se les ordenaba, en su condición de miembros del Ejecutivo catalán, trasladar determinadas obras de arte desde el Museo Nacional de Arte de Cataluña al Monasterio de Sijena.