El Gobierno evita a Tremosa como interlocutor

El Gobierno quiere reducir al mínimo su interlocución con el nuevo consejero de Empresa de la Generalitat, Ramon Tremosa, y en la medida de lo posible, intentará que los asuntos de índole económica sean tratados con el vicepresidente Pere Aragonès.

La desconfianza hacia Tremosa no solo se debe al independentismo duro de este hombre de confianza de Carles Puigdemont, sino también a lo que el ejecutivo español define como una “falta de lealtad irresponsable”: las filtraciones interesadas del Govern sobre las negociaciones que ambos gobiernos mantienen sobre futuras inversiones en la Zona Franca tras la marcha de Nissan. "Eran conversaciones internas que pusieron en peligro muchos puestos de trabajo", aseguran fuentes conocedoras de la negociación.

Administraciones condenadas a entenderse

El desmantelamiento de una consejería, objeto de las purgas de Puigdemont, que en los próximos seis meses que quedan hasta las elecciones debe gestionar una política industrial fundamental en la reconstrucción post-Covid, abunda en esa tensión entre administraciones, condenadas a entenderse. En Cataluña hay 620.000 empresas y el 21,4% del PIB tiene base industrial, lo que da idea de la importancia del sector.

La crisis final de Nissan evidenció ya los roces entre ambos gobiernos. Aunque las alarmas se habían encendido hace tiempo, pues así lo había advertido tanto el sector como la oposición política, la exconsejera de Empresa, Àngels Chacón, intentó abordar unilateralmente el asunto, a pesar de los avisos del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez. Finalmente, y tras una errática gestión que incluyó un fracasado viaje a Japón de Chacón desoyendo las advertencias del ejecutivo, ambas administraciones colaboraron finalmente para encontrar una solución.

Ajuste de cuentas

El relevo de Chacón por Tremosa, fruto del ajuste de cuentas de Carles Puigdemont, quien impuso a Quim Torra un ejecutivo a la medida de sus pretensiones electorales, no ha hecho más que entorpecer las relaciones entre Gobierno y Generalitat en un ámbito tan sensible como el industrial, clave en la reconstrucción post-Covid. Y si Torra ya no es considerado como interlocutor válido para el Gobierno, dada su previsible inhabilitación definitiva, tampoco lo es Tremosa, un exeurodiputado designado consejero, más por su activismo independentista que por su experiencia empresarial.

“En la medida de lo posible, el Gobierno intenta evitar la interlocución con Tremosa y prefiere hacerlo con el vicepresidente Aragonès”, explican fuentes económicas.

Indiscreciones

La desconfianza hacia en Ejecutivo de Torra en general y Tremosa en particular trasciende va más allá del terreno estrictamente político. El Gobierno atribuye al consejero la filtración de las negociaciones para captar inversiones para la Zona Franca, tras la marcha de Nissan. Consideran que esas indiscreciones podían haber puesto en peligro los acuerdos llevados a cabo por las dos administraciones, que hasta ese momento eran secretas, lo que podía poner en peligro futuros puestos de trabajo.

Las previsiones apuntan a un mandato catalán que, como mínimo, se prolongará durante seis meses, que coincidirán con la aplicación de medidas para hacer frente a la crisis económica provocada por la pandemia. Si Torra es inhabilitado, Aragonès asumirá la presidencia en funciones, lo que supone un doble motivo para que el Ministerio de Industria prefiera tratar con el vicepresidente. Triple si se tiene en cuenta la negociación de los Presupuestos Generales del Estado y la Mesa de Diálogo que defiende ERC. Los republicanos no entienden un apoyo a las nuevas cuentas nacionales sin que avance ese foro bilateral para buscar soluciones al procesismo catalán.

Cierre de empresas

Seis meses en los que la Consejería de Empresa afronta la crisis o el cierre de Saint-Gobain, Bosch, Nissan, Alfisa o Nobel Plàstiques Ibérica; la renovación de un Pacto Nacional para la Industria que caduca este año, sin haber implementado todas las medidas previstas, y la gestión de políticas industriales donde los recortes no se han revertido, pues la inversión de la Generalitat ha pasado de los 165 millones de 2010 a los 51 millones de los presupuestos de 2020.

Todo ello, con una renovación casi total en el departamento, donde altos cargos y técnicos con experiencia han sido purgados o han preferido ser recolocados ante la llegada de Tremosa y su equipo de propagandistas. Que el consejero, o sus asesores en comunicación, abroncaran a los trabajadores de Saint-Gobain por hacer huelga da idea del talante ultraconservador y poco dialogante de Tremosa.

 

En efecto, la llegada de Tremosa ha ido acompañada de un goteo de cambios en el sottogoverno que demuestran hasta que punto se ha desmantelado la consejería. La directora de la Agencia Catalana de Consumo, Elisabet Abad, ha sido relevada por Montserrat Ribera --que ya ocupó este cargo entre 2016 y 2018--. Abad pasó a sustituir a Brauli Duart en Interior. Marta Felip, hasta ahora secretaria general de Empresa y que acaba de asumir la dirección de la Escuela de Administración Pública de Cataluña, fue relevada por Jordi Cabrafiga, mientras que Carles Mas se incorporó como jefe del Gabinete del consejero.

Otros ceses afectan a la jefa de la oficina de comunicación, Laia Corbella, quien ha sido reemplazada por uno de los duros de la propaganda independentista, Joan Maria Piqué. Salieron también de Empresa la jefa de la oficina de la Secretaría, Anna Francès; al asesor en proyectos de comunicación, Pau García y al responsable de Relaciones Institucionales, Marc Prat, quien el pasado viernes fue sustituido por Josep Vicenç Mestre Nogué.