Cuixart rebaja su implicación en el 'procés' y acusa al Estado de convertirle en "referente"

La sala segunda del Tribunal Supremo ha oído este martes un nuevo alegato político de la mano del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. El líder de la entidad secesionista ha limitado su “responsabilidad” en el procés a “movilizar” a la ciudadanía y ha acusado al Estado de elevarlo a categoría de “referente” con su ingreso en prisión preventiva en octubre de 2017. “Ningún político español hizo jamás un tuit con mi nombre. Pasaron de nosotros. Éramos dos perfectos desconocidos”, ha dicho para ilustrar lo poco relevante que era antes de las protestas ante el Departamento de Economía y, al mismo tiempo, restringir su implicación en la causa judicial.

Cuixart defiende el papel de Òmnium en el 'procés'

Cuixart no ha hablado prácticamente de independencia, sino de “derechos fundamentales” que, a su juicio, están en riesgo tanto en Cataluña como en el resto de España. En esta línea, ha asegurado que la hoja de ruta independentista de 2015, que tanto Òmnium Cultural como la ANC rubricaron, se trataba solo de “una declaración de intenciones”: “No es un documento estratégico. Más allá de la intención de convertir las elecciones del 27S en unas elecciones plebiscitarias. La hoja de ruta pretendía aglutinar a las entidades independentistas si así lo quería la mayoría de catalanes”.

"Canalizar" la respuesta

Para confinar su actuación al derecho de expresión y manifestación ciudadana ha apelado a otros líderes civiles como Gandhi, Rosa Parks o Nelson Mandela para hablar de la "desobediencia civil", pero no ha asumido que el referéndum de 1-O era "ilegal". Incluso se ha contradicho sobre si tenía constancia o no de que el decreto de convocatoria del referéndum había sido prohibido por el Tribunal Constitucional al afirmar que "no tiene tanto grado de conocimiento sobre leyes", ya que no era "un político" ni estaba al día a día de la actividad parlamentaria.

Su papel en las protestas ante el Departamento de Economía del 20 de septiembre de 2018 consistía, según Cuixart, en “canalizar” la respuesta de la sociedad civil por la “agresión al autogobierno” que supuso la suspensión de la “autonomía financiera” ejecutada por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro. Es decir, no formaba parte de ningún plan para lograr la secesión de Cataluña.

Niega la violencia

Asimismo, ha negado cualquier violencia procedente de la “sociedad civil” y ha asegurado la “finalidad” del estrecho pasillo –que sirve a la Abogacía del Estado para defender la imputación por sedición– era “facilitar la salida” a los funcionarios que se encontraban dentro del edificio público y que él trató de hacerlo “más ancho” para que salieran “sin agobio”.

Después de la actuación de Cuixart la noche del 20S, su nombre empezó a ser más conocido en España, ha asegurado. Dos semanas después del referéndum del 1 de octubre, ingresó junto a Jordi Sànchez en prisión preventiva. “Después de 500 días de cárcel mi prioridad no es salir de la prisión sino denunciar la vulneración de derechos en el Estado español”, ha sostenido.

Cuixart niega que su prioridad ahora sea salir de prisión

“Guerra sucia" del Estado

La estrategia de Cuixart se ha basado en relacionar al Estado con el Franquismo –confundiendo "Estado de Derecho" con las leyes de una dictadura– y con la “guerra sucia” que a su juicio se lleva cabo por parte de algunos políticos como el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su “connivencia” con el anterior director de Antifraude, Daniel Alfonso. “Hoy en el Estado español hay 20.000 personas imputadas por la Ley mordaza”, ha dicho. También ha negado conocer los documentos del ex secretario general del Departamento de Economía Josep Maria Jové incautados por la Guardia Civil. 

En algún momento, el juez Manuel Marchena le ha reprendido para que sus respuestas “tuvieran correlación” con las preguntas. Cuixart ha insistido en la vulneración de “derechos fundamentales”, como el cierre de webs “sin ningún tipo de orden judicial” que realizó la Guardia Civil antes del 20S y del referéndum ilegal del 1 de octubre y lo ha equiparado con la situación "en Turquía”. Y ha advertido que cualquier "ataque" al autogobierno como la aplicación del artículo 155 de la Constitución irán acompañadas de protestas como las del 20S. Pero no de independencia, sino de expresar la "disconformidad" con algunas decisiones tanto políticas como judiciales.