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Artadi invoca la Constitución para rechazar la presión independentista de la CUP

La consejera portavoz, cada vez más alejada del ‘agitprop’ de Quim Torra, rechaza la autodeterminación fuera de los cauces legales y apela a la reforma constitucional

La consejera de Presidencia, Elsa Artadi (i) y la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet / CG
03.12.2018 00:00 h.
5 min

O se reparten los papeles o, definitivamente, los dirigentes independentistas van cada uno a lo suyo. Mientras el presidente Quim Torra se especializa en el agitprop y en azuzar el enfrentamiento contra el Estado español rechazando la celebración del 40 aniversario de una Constitución “franquista”, otros miembros de su propio Govern optan por centrarse en la gestión diaria, poniendo distancia de la vía unilateral. La consejera de Presidencia, Elsa Artadi, se niega a sucumbir a las presiones del secesionismo duro que representan la CUP o la Assemblea Nacional Catalana (ANC) e invoca la ley, la Constitución y su negociación con el Gobierno español como marco para avanzar en el autogobierno.

Así lo ha hecho recientemente ante la exigencia de los antisistema de hacer efectivas las leyes catalanas suspendidas por el Tribunal Constitucional (TC). Artadi no solo enmienda la visión de los cupaires sobre los mandatos parlamentarios, sino que recuerda la necesidad de seguir los cauces legales y valora positivamente la negociación con el Ejecutivo español.

Batería de iniciativas antisistema

La CUP, que ha roto relaciones con Junts per Catalunya y ERC porque no implementa la república catalana, ha utilizado una batería de iniciativas parlamentarias para exigir al Govern que haga efectivas las leyes suspendidas por el TC en base a los recursos presentados en su día por el Ejecutivo del PP. Recuerdan que el pasado 5 de julio se aprobó una moción en el Parlament en la que se instaba a hacer efectivo el contenido de los artículos suspendidos por el Alto Tribunal, y a elaborar y presentar, en un plazo de 90 días, un informe con el estado y el plan de ejecución de todas las medidas previstas para llevar a cabo ese objetivo.

Las dirigentes de la CUP, Natàlia Sánchez y Eulàlia Reguant en un acto / EFE

Las dirigentes de la CUP, Natàlia Sánchez y Eulàlia Reguant en un acto

El Gobierno de Pedro Sánchez impugnó esta moción ante el TC y la letrada del Parlament presentó un informe, que ahora invoca Artadi en una respuesta parlamentaria a la CUP. En el mismo se asegura que no se renuncia “al objetivo político de ver reconocido el carácter soberano del pueblo de Cataluña y su derecho a la autodeterminación”, pero tal como dijo la consejera de Presidencia en sede parlamentaria --cita el informe--, “estos objetivos se pretenden lograr sin abandonar los procedimientos y principios constitucionales, con sometimiento a la Ley y el Derecho y, llegado el caso, mediante la previa reforma constitucional”.

La moción sobre las leyes suspendidas

La letrada de la Cámara catalana, recuerda la portavoz de la Generalitat, asegura que “en ningún caso la moción insta al Govern a hacerlo (hacer efectivos los artículos suspendidos) vulnerando la legalidad vigente, ni al margen de los procedimientos legalmente establecidos, ni incumplimiendo las resoluciones dictadas por el TC”.

Así, Artadi remite a otras vías para recuperar esas leyes catalanas, como es la negociación con Madrid. Tal como publicó Crónica Global, la consejera pilota las negociaciones con el Gobierno de Sánchez, algo que ha despertado recelos entre el núcleo duro de Carles Puigdemont. O lo que queda de él, pues ella misma fue en su día una estrecha colaboradora del expresidente fugado a Waterloo. Así, recuerda la consejera a los cupaires que existen 14 litigios competenciales y que, gracias a la negociación en las comisiones bilaterales, el Ejecutivo español ha desistido de mantener el recurso contra las leyes catalanas sobre la sanidad universal y la de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. Asimismo, estudia hacer lo mismo en la ley que regula los impuestos de grandes superficies, establecimientos turísticos elementos radiotóxicos, bebidas azucaradas y emisiones de carbono.

El Gobierno también podría levantar el recurso contra la ley de creación de la Agencia Catalana de Protección Social, la de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña y la del impuesto sobre los activos no productivos de las personas jurídicas.

Queda otra serie de leyes pendientes de sentencia.

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