Bruno Pérez Juncà
El colaborador del Tsunami que ha limpiado Tarragona del espionaje de las basuras
- El experto Bruno Pérez no esconde su afinidad al independentismo, y fue destituido del Gobierno de Aragón por 'sobrevolar' la organización secesionista
- Más información: El 'hacker' investigado en Tsunami por sus "barridos y escuchas" trabaja para TV3, TVE y la Generalitat
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El pasado junio, las alarmas saltaron en el Ayuntamiento de Tarragona. La responsable del departamento de Servicios Públicos, técnica encargada de gestionar el contrato de limpieza de la ciudad, valorado en 230 millones de euros, denunció haber sido objeto de espionaje.
El suceso se encuentra bajo investigación del Juzgado de Instrucción número 3 de Tarragona. Más allá del caso de la trabajadora municipal, el consistorio encargó un primer peritaje, sin resultados concluyentes, para determinar si el teléfono móvil del alcalde, Rubén Viñuales (PSC), también había sufrido alguna intromisión.
Todo ello en el marco de una atroz guerra entre empresas por el gran contrato de recogida de basuras.
Sin rastro de espionaje en los dispositivos del alcalde
En paralelo al encargo privado, un informe de la unidad de Informática Forense y Nuevas Tecnologías de los Mossos d’Esquadra concluyó que el dispositivo de Viñuales estaba limpio. ¿Quién fue la persona encargada de ejecutar la petición del gobierno tarraconense? Bruno Pérez Juncà.
Imagen del informe del Ayuntamiento de Tarragona sobre un presunto caso de espionaje
Este perito informático es fundador y director de la firma Evidències Digitals, con sede en Figueres (Girona), y desde donde se realizan trabajos relacionados con los ámbitos de la ciberseguridad y la privacidad.
Fuentes internas y externas del Ayuntamiento de Tarragona confirman a Crónica Global la existencia de un contrato menor, publicado en la Plataforma de Contratación de la Generalitat, de 1.600 euros, con la citada sociedad de Pérez Juncà.
Vinculación con Tsunami Democràtic
En Cataluña, el perito informático es conocido por sus numerosas apariciones en los medios de comunicación para hablar de su sector profesional. Ahora bien, el nombre de Bruno Pérez Juncà en el espacio mediático se consolidó por la relación con el caso de Tsunami Democràtic y su efímero paso por el Gobierno autonómico de Aragón.
En el primer caso, un informe de la Guardia Civil, avanzado por El Español, recogió unas conversaciones entre Josep Campmajó, uno de los ideólogos del movimiento, y Pérez Juncà para llevar a cabo acciones informáticas con "falta de legalidad”. Concretamente, en las conversaciones aparecen dudas, por parte del profesional gerundense, sobre el papel de ERC en Tsunami.
Imagen de archivo de Josep Campmajó, uno de los impulsores del Tsunami Democràtic
A su vez, y vinculado a ello, el perito duró 24 horas en el cargo de director general de Administración Electrónica y Sociedad de la Información del Ejecutivo del entonces presidente Javier Lambán en Aragón, después de que se descubrieran sus simpatías hacia el independentismo catalán. Fue en 2019.
De hecho, el mismo Pérez Juncà ha utilizado las redes sociales para expresar sus posicionamientos políticos.
Res que "lamentar", molt per construir. Ho tornaria a fer. #Diada19 #11S #Diada2019 pic.twitter.com/bjShATT4v5
— Bruno Perez Junca (@BrunoPerezJunca) September 11, 2019
Después del cese, el expresident catalán huido Carles Puigdemont fue de las primeras personas que mostraron su apoyo a Pérez Juncà. "Persecución ideológica y narrativa criminal", así definía el expresidente de la Generalitat, hace cinco años, las informaciones sobre el perito informático.
El enredo judicial en Tarragona
Volviendo a Tarragona, para encontrar el origen del conflicto del contrato de la limpieza se debe retroceder al 2023. En aquel momento, y después de 60 años, la francesa GBI Paprec arrebató a FCC la gestión del servicio de limpieza en la ciudad.
Un año más tarde, a partir de una denuncia de Urbaser y Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público excluyó a GBI.
Tras ello, el Ayuntamiento de Tarragona dibujó una estrategia de dos vías. Por un lado, el consistorio presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para anular la decisión del órgano administrativo, pero a la vez inició la tramitación para otorgar, de forma provisional el contrato a Urbaser como segunda clasificada del concurso.
Los planes del gobierno de Viñuales se fueron al traste cuando el mismo TSJC aceptó un recurso de GBI Paprec para paralizar el decreto favorable a Urbaser. Un enredo judicial que actualmente no tiene síntomas de resolverse. Sigue, pues, la guerra de las basuras en la capital provincial.
