No te persigue nadie, Laura

Ignasi Jorro
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El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dejado a un paso de juicio a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, por su gestión anterior en la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), de la que fue presidenta. El juez Jordi Seguí aprecia indicios de delito, que deberán ser probados en sede judicial, claro está. Ahora, toca Fiscalía emitir escrito de acusación, si así lo considera. 

La investigada por presuntos delito continuado de prevaricación administrativa, falsedad en documento mercantil, fraude administrativo y continuado de malversación de caudales públicos conserva intacta su presunción de inocencia. Como el resto de ciudadanos que pasan por un lance judicial en la jurisdicción penal. Pese a ello, la también exconsejera considera que está siendo víctima de una "persecución política" por su actividad posterior en el campo de la representación pública. 

La causa contra Borràs tiene, pues, dos terrenos. El penal, en el que serán los tribunales quienes determinen si hay materia de reproche penal en la gestión de la política al frente de la ILC. Y el político, en la que algunos círculos, también los independentistas, reclaman a la presidenta del Parlament que dé un paso al lado por los graves cargos de corrupción a los que se enfrenta. Sin perjuicio de que pueda volver si la atribución delictiva queda en nada, se entiende. 

En este campo, el político, queda el espacio para la crítica. Y la censura política, casi cívica si me permiten, es necesaria habida cuenta de los correos electrónicos del asunto que figuran en el procedimiento del TSJC, y de los que dio cuenta este medio. Los mensajes sugieren indicios de fraccionamiento contractual a favor de Isaías Herrero Florensa, un narcotraficante condenado en la Audiencia Provincial de Barcelona en 2019. 

De hecho, afear la división anómala de encargos públicos para contratar un servicio de la Administración es algo relativamente común, pues los pesos y contrapesos del sistema político, efectivamente, funcionan. Lo ha hecho en el pasado la Sindicatura de Cuentas con el Ayuntamiento de Barcelona o con el Área Metropolitana de Barcelona. El fiscalizador emitió la misma alerta con el Síndic de Greuges, la Escuela catalana de funcionarios, el Hospital Clínic Barcelona el CatSalut o la propia L9 del Metro de Barcelona, en construcción en estos momentos. 

En ninguno de estos casos que discurren por la vía administrativa se le ha pasado por la cabeza a los señalados quejarse de que les "persiguen políticamente". Solo se ha atrevido a verbalizar esa línea de defensa Laura Borràs. Asegura que el caso contra ella se trata de una "aberración jurídica" y que el ministerio público no debería ni emitir escrito de acusación. 

Ello queda fuera de su alcance. Pero lo cierto es que hay indicios de fraccionamiento, y ello contraviene a la normativa vigente en materia de contratación en el sector público. Como ha establecido la jurisprudencia, para que la división anómala de encargos públicos pase de irregularidad administrativa a posible delito es necesario, entre otros, que la ilegalidad sea "evidente, patente, flagrante y clamorosa" y una "arbitrariedad a sabiendas", entre otros requisitos. Si las gestiones de Borràs encajan con estos y otros supuestos queda dentro del terreno de los tribunales. 

Pero, por el momento, la documentación incorporada a la causa sí sugiere irregularidades, que no tienen por qué ser penales. La existencia de indicios de troceamiento de contratos en favor de un amigo debería ser incompatible con ejercer una responsabilidad como segunda máxima autoridad en una autonomía, en este caso Cataluña. Otras personas pueden desempeñar mejor esa labor y, así, proteger la dignidad de una institución, el Parlament, que ya ha vivido suficientes zozobras. 

A la espera de que se proteja el perímetro de la cámara catalana de la investigación penal, hay que recordarle a la jefa del hemiciclo regional que nadie le "persigue políticamente", sino que funcionan los contrapesos del Estado en el marco de la lucha contra la corrupción en las administraciones públicas. Cualquier otra lectura es interesada y responde más a una agenda propia que a una lectura rigurosa del escenario actual. 

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¿Quién es... Ignasi Jorro?
Ignasi Jorro

Ignasi Jorro (1982), periodista de Crónica Global, especializado en empresa y salud