La Sindicatura de Cuentas da un correctivo a la contratación pública de Colau

La política de contratación pública del Ayuntamiento de Barcelona ha recibido un nuevo correctivo. En esta ocasión, de la Sindicatura de Cuentas. El informe que el fiscalizador del gasto público ha remitido a las Cortes afea el uso desmesurado de los fraccionamientos de licitaciones del Ejecutivo liderado por Ada Colau y apunta a una posible restricción de la competencia pública en los procesos que se inician desde la capital catalana.

El documento asegura que el 38,62% de los contratos menores del Ayuntamiento son fraccionados. Puede parecer una cifra baja, pero es el que más recurre a esta fórmula de todo el país y por eso ha despertado el interés del órgano público.

Falta de planificación

“En la mayor parte de los casos, la contratación separada es consecuencia de una defectuosa planificación de las actuaciones precisas para cubrir las necesidades públicas”, afea, de entrada, la Sindicatura. Señala de este modo que se lanzan concursos públicos de importes pequeños en relación a presupuesto municipal pero que, si se analizan los servicios demandados, encajarían en una licitación de libre concurrencia y de mayor cantidad. No sería necesaria una adjudicación a dedo. 

“En algunas ocasiones, la identidad del objeto de los contratos, de la unidad administrativa proponente y del adjudicatario, unido a la ausencia de solicitudes de otras ofertas, permiten concluir que el fraccionamiento de las prestaciones persiguió eludir los requisitos de publicidad y los relativos al procedimiento de adjudicación legalmente aplicables”, sentencia.

Insta a cambiar el modelo

No concreta ni asegura de forma firme que se haya competido alguna actuación irregular. Se limita a “instar” al consistorio a efectuar una “planificación y programación de su gestión contractual que posibilite una contratación conjunta de las prestaciones de carácter reiterado y previsible, o de naturaleza similar que respondan a un fin único, en aras de favorecer los procedimientos ordinarios de preparación y adjudicación de los contratos”. Es decir, la libre competencia y la concurrencia entre empresas que prestarán servicios a la Administración Pública. 

El Tribunal de Cuentas afirma a los diputados que forman parte de la comisión mixta a la que remiten su análisis que el abuso del fraccionamiento de los contratos para rebajar su cuantía, y evitar los concursos públicos, se ha “detectado en una parte de los contratos fiscalizados del Ayuntamiento de Barcelona”. No es el único. “Se han identificado también casos aislados en los Ayuntamientos de Málaga y Valencia”, concluye el órgano fiscalizador.