El Govern del republicano Pere Aragonès parece empeñado en destruir el mercado de pisos en alquiler y arrasarlo hasta los cimientos. Su última ocurrencia consiste en pregonar que doblará, hasta cerca de 300, el número de municipios sujetos a precios controlados. De esta forma, el 90% de la población quedará sometida a tan arbitraria situación.

Cataluña es la única comunidad autónoma que se ha entrometido en el sector mediante la fijación de cánones máximos de arriendo. La norma afecta a los poseedores de más de cinco casas, a quienes Aragonès considera como una especie de ultra millonarios nauseabundos.

Algunas capitales europeas como Berlín, Estocolmo y París adoptaron años atrás unas medidas similares. El resultado no es otro que un fracaso estrepitoso, pues la cantidad de habitáculos disponibles para las familias y los jóvenes ha caído en barrena y, encima, se ha encarecido hasta las nubes.

Dados esos precedentes devastadores, ninguna otra región española se ha atrevido a adentrarse en semejantes arenas movedizas. En cambio, los burócratas de la Generalitat se creen los más listos del mundo o quizá piensan que poseen una varita mágica capaz de obrar milagros. El caso es que se han lanzado al despeñadero sin paracaídas, con lo que se arriesgan a pegarse un leñazo de órdago.

El 16 de marzo último pusieron en marcha la primera tanda coercitiva, que constriñó a 140 Ayuntamientos. Sólo ha transcurrido un mes y el gobierno catalán anuncia un remiendo de esa regulación estelar. Su calidad formal era tan baja, que ya ha tenido que parchearla. Nada nuevo bajo el sol de la plaza de Sant Jaume, de donde emana una producción legislativa cada vez más deficiente.

Entre tanto, se van conociendo los primeros efectos del despropósito perpetrado. Según el portal Idealista, número uno del ramo, los anuncios de moradas se han reducido en un promedio del 13% en Cataluña desde que entró en vigor el flamante control del Govern. Las cuatro ciudades de cabecera se llevan la palma. En Lleida el desplome es de un 9%; en Barcelona, de un 14%; en Tarragona, de un 16%; y en Girona, de un 21%.

Los topes a los valores arrendaticios entrañan una distorsión radical de la competencia. No hay que darle más vueltas al asunto. La evaluación de cualquier producto o servicio se determina de forma natural por el consabido juego de la oferta y la demanda. Si éste se quebranta, el desbarajuste es inmediato.

La libre concurrencia insufla brisas vivificantes. Así es de ver, por ejemplo, en el despliegue de las líneas ferroviarias de alta velocidad. Mientras imperó el férreo monopolio de la Renfe estatal, sus jerarcas cargaron a los usuarios las tarifas que les vino en gana, siempre al alza. Después, la irrupción de Ouigo e Iryo supuso una drástica poda del coste de los pasajes, con el consiguiente beneficio para los viajeros. Y Renfe se ha visto obligada a lanzar su marca barata Avlo, para no perder comba frente a sus emergentes rivales.

Si los políticos vernáculos se empecinan en entrometerse con su mano pecadora en negocios tan sensibles como el de la vivienda en arriendo, el resultado no puede otro que una catástrofe.

A este respecto, todos los agentes del sector advirtieron de los graves perjuicios que iba a provocar la injerencia oficial. Señalaron que acarrearía tres consecuencias ineluctables.

Primera, el desmoronamiento del parque disponible, que ya es evidente.

Segunda, la huida en masa de los inversores a otros meridianos menos hostiles y más rentables, como Madrid.

Y tercera, que los propietarios cerrarían sus alojamientos, los venderían o se pasarían en tropel al arrendamiento de temporada. Este último ya representa el 30% en Barcelona.

Hay otro par de efectos indeseados: que van a florecer las actividades paralelas informales y que surgirán dos clases de ciudadanos, a saber, los afortunados que ya disfrutan de un contrato de inquilinato, y los que buscan ansiosamente un cobijo donde vivir.

El corolario de todo ello es palmario. La incertidumbre y la falta de seguridad jurídica que la Generalitat ha desatado ocasionarán daños enormes a un derecho constitucional como el de un hogar digno.

¿Quiénes son los máximos damnificados? Pues las capas más humildes de la sociedad. Las que nunca podrán acceder a la compra de un techo y no les queda otro remedio que recurrir a la renta.

Estos aciagos episodios descubren una verdad como un templo. Poca cosa se puede esperar de una colección de políticos ineptos y desconocedores de los avatares del ámbito privado.

El inefable señor Aragonès es la viva estampa de la casta que nos gobierna. Su corta carrera profesional ha transcurrido en exclusiva a la sombra de enchufes públicos auspiciados por Esquerra Republicana. Y es harto sabido que no se pueden pedir peras al olmo.