Laura Borràs (c), presidenta del Parlamento catalán, ante la sede del TSJC / EP

Laura Borràs (c), presidenta del Parlamento catalán, ante la sede del TSJC / EP

Política

Borràs ve "persecución política" la causa por trocear contratos

La presidenta del Parlament compara el proceso judicial por dividir encargos públicos con los juicios por el 1-O o los lazos amarillos

21 marzo, 2022 09:07

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, cree que la causa judicial contra ella por presuntamente trocear contratos públicos para un amigo al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) se trata de una "persecución política". 

La jefa de la cámara autonómica sostiene que el proceso que se sigue contra su gestión en la ILC por supuesta división de contratos para beneficiar a un conocido se trata de una "bomba de relojería activada por las cloacas del Estado". Asimismo, Borràs cree que la causa se asemeja a otras por motivos relacionados con el independentismo. 

Garriga, Torra, Sant Cugat

¿Cuáles? Según la también exdiputada en el Congreso, el procedimiento abierto por su gestión en el organismo cultural es análogo al que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra la consejera de Cultura, Natàlia Garriga, por la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017; contra el expresident Quim Torra por desobedecer a la Junta Electora colgando una pancarta política en el Palau de la Generalitat, o contra la alcaldesa de Sant Cugat, Mireia Ingla, por colgar una pancarta por los presos del procés

"Esta es la lamentable realidad en la que seguimos instalados", sostiene Borràs, en referencia a lo que ella percibe como la "judicialización permanente de la política". 

La fiscalía "no debe presentar escrito de acusación"

A renglón seguido, Borràs sostiene que la "aberración jurídica contra su reputación" podría elevarse un escalón más si la fiscalía decide presentar escrito de acusación contra ella tras el auto de apertura de juicio oral. Ello quedará plasmado por la "desproporción" de las penas que "pueda solicitar" el ministerio público, lo que demostraría la "magnitud" de la presunta persecución judicial. 

Asimismo, la presidenta del Parlament indica que el proceso judicial se explica por, cree ella, la voluntad de "ensuciar su posterior labor política" una vez dejó la ILC. Institución en la que completó un desempeño que contó con "unos estándares de calidad incuestionables", concluye.