Lo que debería importar en las aulas

Cristina Farrés
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La ley que reconoce el castellano como lengua de aprendizaje (curricular, según el documento acordado por PSC, ERC, JxCat y Comunes) en Cataluña tiene todos los números de ser aprobada de forma definitiva en cuestión de horas. La han apoyado desde casi el 80% de representantes en el Parlament, por lo que no se esperan problemas en la ratificación de la Cámara. Cómo se aplica en los centros y cómo convive con la sentencia del TSJC que obliga al 25% del castellano es una cuestión aparte a la que ponemos la lupa este domingo.

Que se vaya a aprobar una nueva norma para regular qué lengua usa el profesorado catalán para enseñar demuestra hasta dónde se ha politizado esta cuestión. Lo que debería ser algo natural, que los docentes se adaptasen a las necesidades de aprendizaje de los pequeños, es una quimera. Los activismos han permeado en un sistema educativo rígido y que arrastra desde hace años recortes que no se consiguen revertir a pesar de todos los anuncios que se han hecho al respecto.

Todo ello ha estallado ante la determinación del Josep González-Cambray en avanzar el curso escolar. No es la primera ocasión en que el Departamento de Educación intenta plantear esta medida, pero siempre se había retirado en negociación colectiva. La comunidad educativa alega que no es que esté en contra, sino que para aplicarse con todas las garantías necesitan más recursos. Especialmente humanos. Pero nunca se han movilizado, ni tan siquiera a cuatro meses de su entrada en vigor.

Pero el debate político actual sobre qué se debe hacer en las aulas catalanas es, de nuevo, de tintes nacionalistas. En el intento de blindar (o hacer ver que se blinda) una inmersión diseñada en los años 80 que algunos partidos aún brindan como la solución de que no exista segregación escolar en el territorio porque se garantizará la uniformidad de enseñanza en las aulas. Otra vez una quimera que demuestra que en demasiadas ocasiones la clase política está desconectada por completo de la realidad de la enseñanza y los retos que esta plantea en el siglo XXI.

No se avanza en cómo se consigue una verdadera escuela inclusiva, en qué se debe mejorar para garantizar que es un verdadero lugar de aprendizaje incluso para alumnos con discapacidad. Tampoco se dan pasos en la contratación del personal interino, que vuelve a los coles e institutos con los alumnos, sin tiempo de preparar el curso y como meros “refuerzos” de los profesores titulares a pesar de que sus tareas van mucho más allá. Por no hablar de la promesa de bajar unas ratios que son de las mayores de Europa. Las medidas que ha emprendido la consejería en este sentido han conseguido crear el caos en la inscripción, ya que han eliminado de plazas de P3 para defender el titular de que habrá menos alumnos en clase… pero sin abrir nuevos grupos.

La nueva normativa lingüística indica que todos los niños catalanes acabarán la formación obligatoria con un dominio perfecto de las dos lenguas oficiales en el territorio, el catalán y el castellano. Faltaría añadir el compromiso de que también se conseguirá un buen dominio de una tercera, principalmente el inglés, sin que existan diferencias entre los formados en la vía pública y los que optan por la concertada o privada. Incluso en los centros de gran complejidad, donde la voluntad del equipo de profesionales que lo conforma es casi el único garante de que el alumnado saldrá de allí con avances académicos.

La fragilidad del sistema está clara. Los propios sindicatos advierten de que la desigualdad más acusada está en las capacidades lingüísticas de los niños y adolescentes, muy vinculadas al éxito en la formación y en las oportunidades laborales que podrán obtener. El hecho de que cómo los hijos de familias con recursos se pueden pagar clases extraordinarias (e incluso hacer salidas en el extranjero en verano) para consolidar esta tercera lengua, cuestión impensable para las familias más humildes, no solo de clase baja. Pero el debate político es si “lengua de aprendizaje” y “lengua curricular” son sinónimos plenos o no.

Todo ello, con un conflicto laboral de telón de fondo que ha minado la confianza entre la consejería y la comunidad educativa. La batalla dialéctica en el Parlament, ya que el futuro de la norma está garantizado, es sobre cómo se arañan votos los partidos los unos a los otros. La distancia entre la realidad de las aulas y la realidad de la Cámara catalana cada vez es mayor. Los maestros advierten de que ellos no pueden hacer que nadie gane las elecciones, pero que como hablan cada día con 2.000 familias sí que le pueden poner difícil a algún partido en cuestión ganarlas de calle. ¿Será esta la fórmula para que se les empiece a escuchar?

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¿Quién es... Cristina Farrés?
cristina farrés autores peque

Periodista. Especialista en economía. Directora de Crónica Global desde el 1 de enero de 2020.