Guerra entre funcionarios e interinos en Cataluña

Una guerra, de momento soterrada, pero que poco a poco irá saliendo a la luz. El proyecto de ley de consolidación del personal interino está provocando graves tensiones entre los funcionarios de la Generalitat y el personal temporal. Rumores sobre la antigüedad que se otorgará al nuevo personal fijo, así como el nivel de exigencia del catalán, ha enrarecido el ambiente en un sector, donde uno de cada tres trabajadores sufren precariedad laboral.

Trabajadores interinos por administraciones

"Hay una campaña de desinformación con dos propósitos creo. Por un lado despertar la queja de opositores y funcionarios, y por otro desmovilizar al colectivo de personal temporal de larga duración al creer que ya lo van a tener solucionado", explica a Crónica Global la presidenta de la Plataforma de Interinos de Cataluña (PIC), Ruth Gras, trabajadora social que lleva más de 30 años en situación de interinidad.

Pone como ejemplo de rumor, que se extiende entre los trabajadores, que "cuando se apruebe la ley, nos harán fijos con cinco años de antigüedad (importante a efectos de retribución y concursos de méritos), algo que no es cierto".

La nueva ley

Se refiere a la ley que, el pasado día 2, fue aprobada en el Congreso y que ahora afronta su tramitación en el Senado, según la cual, los trabajadores interinos de la administración que lleven al menos cinco años cubriendo el mismo puesto lograrán la plaza fija mediante un concurso de méritos, sin necesidad de opositar. La ley, con la que se pretende dar cumplimiento a las directrices europeas sobre la necesidad de garantizar la fijeza de empleados públicos temporales, no satisface a los interinos. Tampoco al colectivo de opositores que llevan años estudiando para conseguir una plaza en las administraciones públicas.

"La ley no se refiere en ningún caso a las personas, sino a la reducción de la temporalidad estabilizando plazas que pasarán a ser ocupadas por un recién llegado, un temporal con mucha o poca antigüedad o incluso un empleado fijo. Todo dependerá de los criterios y las bases que se establezcan en cada administración y de la voluntad política que tengan por primar un perfil u otro", advierte Gras.

Nivel de catalán

Respecto al nivel de catalán exigido varía según la categoría profesional a la que se acceda. Por ejemplo, en las oposiciones a técnico superior categoría A que celebraron el sábado --convocatoria acompañada de polémica por la declaración que debían firmar los opositores para eximir al Govern de cualquier tipo de responsabilidad en caso de contagio de Covid--, es necesario que tener certificado de nivel C de catalán. Este nivel lo tiene quien cursó el antiguo BUP o actualmente una una FP2 o bachillerato. Para ser auxiliar de geriatría categoría D, que se examinarán el sábado día 18, se tiene que acreditar nivel B de catalán, obtenido por quienes cursaron la antigua EGB o FP1 y ahora la ESO.

Las personas que no cursaron ese tipo de formación deberán hacer una prueba de catalán como un ejercicio más de las oposiciones. "Pero lo que ha generado inquietud entre funcionarios e interinos es la posibilidad de que la Generalitat someta a un examen de nivel C a todos quienes tienen un cargo en esta administración para acreditar esos conocimientos, teniendo en cuenta que a los funcionarios se les exige un mínimo de un 7 para aprobar el examen de nivel C", explican fuentes del Govern.