Cataluña lidera de nuevo los recortes en Sanidad y Educación: 590 euros menos por habitante

Cataluña es la comunidad autónoma que más euros recortó por habitante en el gasto de Educación, Sanidad y Servicios Sociales durante 2019. En concreto, la Generalitat destinó un total de 2.199 euros por persona (590 euros menos que el año anterior) y lidera los tijeretazos en el Estado de bienestar de sus habitantes, según el informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

En este sentido, Cataluña y la Comunidad de Madrid son las dos regiones que se encuentran a la cola del gasto social por ciudadano. Ambas reducen alrededor de un 10% las inversiones en esta materias tan sensibles respecto a la media de España en los últimos 12 meses.

Falta de Presupuestos

Dichas cifras son más preocupantes si se recogen los datos de la última década. La Generalitat ha sido el organismo autonómico que más ha contraído la inversión en gastos sociales, con el 19,6%.

La propia asociación asevera que el motivo por el que el gasto se ha reducido en las comunidades autónomas se debe a “la ausencia de Presupuestos Generales”, que ha “lastrado la tendencia de recuperación en la inversión en políticas sociales”. Las cuentas públicas de 2017 también se aplicaron en 2018 y 2019 en Cataluña por falta de acuerdos políticos que propiciaran su renovación. No ha sido hasta 2020 cuando los independentistas han contado con los apoyos necesarios para renovar las partidas del Govern, aunque poco han servido debido al impacto de la crisis del coronavirus. Además, se descarta un nuevo proyecto para 2021. A la incapacidad de tejer alianzas fuera de los partidos que son socios en el Ejecutivo catalán se le suma la batalla interna que se ha abierto entre los secesionistas. Incluso entre los herederos de la Convergència de Jordi Pujol.

La batalla no se prevé resolver hasta las próximas elecciones, unos comicios que se esperan en cuestión de meses ante la inminente inhabilitación del actual presidente, Quim Torra. La fecha previsible para los comicios está en el aire por la estrategia que defiende Carles Puigdemont para que JxCat mantenga el liderazgo de la Generalitat y que ha llevado a la reciente renovación de los más críticos de su formación que permanecían en el Govern. 

Reducción de gasto

El informe estatal también señala que Cataluña lidera las reducciones de inversión por habitante, con 590 euros. Se suma a las regiones de Madrid, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha como las comunidades autónomas que más recortes aplican.

"Esto pone en evidencia que el gasto en políticas de protección social gestionadas por las autonomías no se ha recuperado o se ha estancado", subraya la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

Alerta ante coronavirus

La propia entidad también alerta de la difícil situación en la que se encuentran las comunidades autónomas debido a la crisis del coronavirus. Tilda la situación de “precaria”.

"Con estos servicios públicos esenciales debilitados hemos tenido que afrontar esta crisis social y sanitaria. La pregunta sería cómo hubiéramos abordado la crisis del coronavirus con unos presupuestos autonómicos con unos servicios esenciales fuertes, en los que la inversión hubiera sido superior", arguyen.

Toque de atención

En dicho informe, la asociación también incide en que, a pesar de que se ha incrementado el gasto en la última década en 2.700 millones de euros, la aprobación del ingreso mínimo vital (IMV) podría hacer que los entes autonómicos destinen sus partidas de Servicios Sociales en otras cosas. Es decir, apliquen nuevos recortes por la existencia de una ayuda que se sufraga con fondos estatales. 

"Tras la aprobación del IMV, las comunidades autónomas podrían caer en la tentación de dedicar los 1.500 millones de euros que actualmente invierten en sus propios sistemas a otras políticas que no fueran las relacionadas con la inclusión social y los Servicios Sociales”, puntualizan. Si se llega a materializar se desvirtuaría el sentido del IMV y se dejaría Educación, Sanidad y Servicios Sociales en estado crítico. Este escenario pondría en cuestión el propio Estado del Bienestar.