Estos son los gurús de la nueva ley que reconoce el castellano como lengua de aprendizaje

Dos altos cargos del Govern han tenido un cometido discreto, pero determinante, en la elaboración de la ley sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria, pactada por Junts per Catalunya, ERC, En Comú Podem y PSC. La norma pretende dar respuesta a las sentencias judiciales que obligan a garantizar la presencia del castellano en las aulas. Un tema complejo con nombres propios en la sombra.

En sus discursos parlamentarios, las diputadas Esther Niubó (PSC), Marta Vilalta (ERC) y Mònica Sales de la Cruz (Junts per Catalunya) coincidieron ayer en destacar el papel del secretario de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, en las negociaciones. Asumió este cargo en junio de 2021, poco después de que Pere Aragonès accediera a la presidencia de la Generalitat. Una de sus primeras acciones fue elevar la dirección general de Política Lingüística a la categoría de Secretaría.

Crítico con el grupo Koiné

Eligió para ocupar ese cometido a un catedrático de sociolingüística catalana, muy crítico con el monolingüismo defendido por el grupo Koiné por sus referencias a los “colonizadores”, una expresión que, según ha declarado, no contribuye a difundir el catalán y supone una postura maniquea. A diferencia de los firmantes de ese manifiesto, entre los que se encuentra Laura Borràs, presidenta del Parlament, Vila (Esplugues de Llobregat, 1966) se desmarcó y aboga por la empatía.

Parada de Plataforma per la Llengua en el pasado Sant Jordi con una pancarta contra el bilingüismo: "Queremos vivir plenamente en catalán" / @llenguacat (TWITTER)

No obstante, ha advertido en repetidas ocasiones de que el catalán está en retroceso, que es necesario “actuar” y mejorar las competencias en este idioma. Fuentes parlamentarias aseguran que Vila ha puesto el acento en la defensa de los profesores, para blindarles de los llamamientos a la desobediencia que, desde determinados sectores, como Plataforma per la Llengua, se lanzaron tras conocer la sentencia del 25%.

Necesidad de una ley

Quien también resistió los embates de la autodenominada ONG del catalán, ultradefensora de erradicar el castellano en los colegios, es Carles Martínez, maestro y licenciado en Derecho e Historia, hombre de confianza del exconsejero de Educación Josep Bargalló, quien le designó secretario de Políticas Educativas tras una larga trayectoria en la Administración. Martínez fue uno de los impulsores de las Oficinas Municipales de Escolarización y ha participado en jornadas de la Fundació Bofill, muy influyente en la comunidad educativa.

Se da la circunstancia de que la nueva ley recoge el espíritu de un documento impulsado por Bargalló que también contemplaba flexibilizar la inmersión en función de las circunstancias sociolingüísticas.

Con la llegada de Josep Gonzàlez-Cambray a la consejería, mucho más beligerante que su predecesor, Martínez (Barcelona, 1958) fue sustituido por Núria Mora. No sin antes advertir, en una reunión con representantes del mundo local a principios de 2021, de que era cuestión de meses que el Tribunal Supremo confirmara las sentencias que obligaban a impartir un 25% de castellano, por lo que deberían ser aplicadas. Mientras Plataforma per la Llengua presionaba para mantener esa cuota mínima para, de esta manera, garantizar un porcentaje mayoritario en catalán en todos los centros, Martínez proponía la creación de una ley.

De la vinculación entre  Plataforma per la Llengua (PpL)-Col·lectiu L’Esbarzer y el Govern da cuenta el hecho de que el TSJC admitiera la personación de la entidad como codemandada en la causa abierta a raíz del recurso presentado por la Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña (AEB) en relación al trato discriminatorio dado a los alumnos castellanohablantes que se examinan de la selectividad.