Las protestas independentistas en Cataluña han entrado en una etapa en la que lo primordial es conseguir efectos económicos de su acción. La participación en las últimas manifestaciones se queda lejos de los millones de personas que movilizaban hace años, pero el seguimiento que consiguen de los más fieles han propiciado acciones como el corte durante más de 24 horas de la frontera con Francia en la Jonquera. Centenares de personas se desplazaron siguiendo las indicaciones de una aplicación anónima y aguantaron las bajas temperaturas y la tramontana casi como un acto de fe hasta la actuación policial.
El desalojo es conocido (y el corte posterior por Girona, y el bloqueo de los accesos de Barcelona), mientras el tránsito por la principal vía de paso mediterráneo del país se reestableció casi un día después del concierto de Lluís Llach, la nota de color de la jornada. Los transportistas recuperaron poco a poco la normalidad en sus rutas, pero el mal ya está hecho.
La patronal del sector cifra en 25 millones de euros las pérdidas, a los que se deben sumar efectos colaterales. Se advierte de que el impacto afecta a todas las rutas logísticas, incluso las de los camiones que tenían el puerto o el aeropuerto de Barcelona como su destino. Por lo que al caos de transportistas parados se debe sumar la burocracia que se deberá iniciar para cubrir los retrasos en las entregas acumulados, tal y como recuerdan los empresarios. El mejor escenario para buscar y trazar una ruta alternativa.
Todo ello supone otro dardo para la imagen económica de Cataluña. Los promotores de la protesta podrían pensar que han alcanzado el objetivo perseguido y que esto les acerca a la actuación de la UE a favor de sus reivindicaciones, pero pasan por alto que es precisamente la riqueza de Cataluña la que sale más perjudicada. El bloqueo de las infraestructuras, primero el aeropuerto y ahora la frontera, es en el fondo un autobloqueo.
La imagen de inestabilidad espanta a los inversores, y se trata de un aviso que está en boca incluso de los empresarios más prudentes a la hora de hacer cualquier tipo de declaración politizada. El último en lanzar la advertencia ha sido el presidente de Seat, Luca de Meo, quien ha sufrido en carnes propias las pérdidas millonarias en la principal factoría de la automovilística, Martorell, por la falta de garantías en el reparto de piezas.
Los más convencidos no quieren apearse de esta estrategia, y repiten como mantra que están cerca de su objetivo. Por el momento, como elemento factual tenemos que en el acuerdo de Gobierno que han suscrito Pedro Sánchez y Pablo Iglesias el conflicto político catalán es la novena de una lista de 10 preocupaciones. Y la rúbrica del pacto entre PSOE y Podemos supone toda una declaración de intenciones con efectos en los Comunes en el mismo día en el que la formación catalana rechazaba la enésima moción sobre el derecho de autodeterminación en el Parlament.
Otra acción de propaganda que no tendrá ningún efecto, porque ya se ha avanzado que nunca se publicará en el DOGC. La eterna campaña electoral con una pugna abierta entre partidos independentistas que no parece alcanzar su fin y con un claro perdedor, la economía, y con un solo denunciante, las patronales. La realidad del autobloqueo catalán.
