La AP-7 se ha convertido en una ratonera para los catalanes que disfrutan las vacaciones de Semana Santa en los enclaves más tradicionales del territorio. Es decir, Costa Brava y Costa Daurada. La Autopista del Mediterráneo ha estado colapsada desde la mañana del jueves hasta la tarde del viernes a pesar del operativo especial diseñado por el Servei Català de Trànsit (SCT).

En esta ocasión se abrieron carriles adicionales para distribuir mejor los vehículos y se vetó la circulación de camiones para sacar presión a la vía, pero las medidas fueron insuficientes. Las colas fueron de nuevo la tónica dominante y las quejas de los conductores contra la Generalitat por su gestión de la vía, las habituales.

Tres años después de que dejaran de operar los peajes entre Salou y La Jonquera aún se arrastran problemas. El principal, la cantidad de vehículos averiados que descansan en los arcenes a la espera de que venga una grúa para retirarlos. No facilitan precisamente la circulación y la Generalitat ha encallado en sus promesas de licitar los servicios de retirada rápida de vehículos estropeados que estaba vigente hasta que se resolvió la concesión de la vía.

El fin de los peajes en Cataluña es uno de esos casos paradigmáticos de que la colaboración público-privada funciona mejor que la gestión pública directa en depende qué ámbitos. Los usuarios de la AP-7 no han notado mejoras en la carretera desde septiembre de 2021; de hecho, la circulación va a peor.

Aunque lo más pernicioso es que el nuevo modelo de circulación sin peajes es lo contrario a la equidad. En su día incluso se llegó a vender como un gesto de libertad, pero sólo por parte de los conductores. Ahora, su mantenimiento corre a cargo de los presupuestos públicos sin colaboración alguna de los que usan la vía. Y no se ha llegado a dar forma al peaje sin barreras que se prometió ni siquiera para los vehículos pesados. Son los que más malmeten la carretera por sus características y la mayoría de ellos circulan con matrícula internacional. Es decir, que colaboran menos que los que no tienen carné en el mantenimiento de la Autopista del Mediterráneo.

Mucho se ha hablado de la necesidad de implantar una plataforma de pago de este estilo. Incluso antes de que se levantaran las barreras se debatió en el Parlament el proyecto de la Euroviñeta, una de esas políticas que de forma cíclica se reivindica pero que nunca se ha acabado de ejecutar. Cosa que tampoco sorprende si se tiene en cuenta que hace más de una década que la Generalitat promete culminar el desarrollo de la T-Mobilitat y, por ahora, el título de transporte ni siquiera se puede aplicar en los entornos de iOs. No funciona con el sistema operativo de Apple.

El calendario laboral es fijo y concentra los desplazamientos en jornadas muy concretas. En los últimos tiempos, la Generalitat se ha sacado de la chistera el rebajar la velocidad máxima de la vía para eludir las colas y rebajar el número de accidentes, la cifra más cruel de que algo falla en la gestión. La AP-7 ha dejado de ser una vía de pago pero, al final, también ha dejado de ser una autopista.