La precampaña electoral se ha convertido en un campo de minas para ERC. Hacer frente a unos comicios desde el Palau de la Generalitat suele ser un viento de cola, pero la gestión de varios conflictos laborales se ha convertido en un campo de minas para Pere Aragonès y sus estrategas.

El principal problema con el que tienen que lidiar es con las demandas de los funcionarios de prisiones. Los problemas en las cárceles catalanas vienen de lejos, los republicanos heredaron las consecuencias de años de recortes no revertidos que han discurrido en paralelo a la irrupción de nuevas mafias en Cataluña que son más violentas. Es decir, el caldo de cultivo ideal para que trabajar en una prisión sea cada vez más complicado.

El asesinato de Núria López, la cocinera de Mas d’Enric (Tarragona), ha sido el momento cúspide de esta escalada de tensión que los trabajadores denuncian. Y la gestión que ha realizado ERC desde el Govern para aplacar una crisis que, en el fondo, es laboral, deja mucho que desear. El conflicto se ha elevado hasta tensionar las costuras de la representatividad en el sector, con críticas de los funcionarios de prisiones a la estrategia que los principales sindicatos han emprendido para atar las mejoras que se reivindican desde hace tiempo.

La torpeza del Govern se ha agudizado en este contexto de aguas revueltas. Ha sido incapaz de articular una respuesta que propiciara que los sindicatos que aún mantienen la vía del diálogo abierta pudieran lucir como un triunfo. Ni se ha asumido ninguna responsabilidad por lo ocurrido en Tarragona ni se han dado garantías a los trabajadores de que se aplicarán medidas para intentar mejorar su día a día en unos centros penitenciarios cada vez más llenos. Al final, se ha entrado en un escenario de parálisis total y se han dado más motivos para no negociar.

A este escenario poco optimista se le suma el malestar entre los agentes de Mossos d’Esquadra, que vivían hasta ahora un impasse de relativa tranquilidad tras el maremoto de 2017. La politización del cuerpo en el momento álgido del procés también lo llevó al límite, y se ha necesitado mucho tiempo y relativa mano izquierda para entrar en un escenario de mayor tranquilidad. Pero el blindaje en tiempo de descuento que se ha dado al comisario jefe, Eduard Sallent, al prepararlo todo para que se convierta en Mayor ya sentó como un jarro de agua fría, y el incremento de la criminalidad también ha despertado viejos conflictos laborales, arrastrados desde los grandes tijeretazos de 2010.

Los Mossos piden más manos y más recursos, cuestión comprensible si se miran los índices de criminalidad en las principales ciudades. ERC tampoco ha tenido suerte con el contexto internacional. Europa está en alerta tras los ataques yihadistas de Moscú, y si la escalada prosigue y se incrementa el nivel de alerta, se tendrá que reforzar la seguridad de las infraestructuras estratégicas. Lo que implicará más presión y volver a poner al límite al cuerpo.

Tampoco ayudan los tijeretazos que ya se empiezan a imponer en la sanidad catalana, como los ajustes que se aplican en el Hospital Vall d’Hebron, avanzados por Crónica Global. Eso mermará el servicio asistencial y Cataluña vivirá de nuevo un verano con menos médicos, plantas de hospitales cerradas, y listas de espera que se eternizan porque se ahorra en intervenciones no urgentes. Y eso cabrea.

Sorprende la respuesta republicana a esta crisis. Aragonès y su equipo insisten en el discurso independentista y en pocas semanas han pasado de exigir revertir el déficit fiscal primero, y reivindicar el derecho a decidir después, a pedir un nuevo referéndum secesionista pactado. Al final, lo que necesita el Govern es un experto en hacer frente a conflictos laborales. Pero la presión de las urnas le ha llevado a quemar etapas del procés de forma acelerada.