El mismo día 5 de marzo, aparecieron en la prensa varias noticias que aparentemente afectan a instituciones diferentes y a personas diferentes, que tienen, sin embargo nexos de unión muy claros.

En la primera, se dice que un juez de Barcelona citará a declarar a 49 personas imputadas por el presunto desvió de fondos de la Diputación de Barcelona hacia entidades de la órbita soberanista y de CDC. Miles de fondos públicos destinados a la ayuda al tercer mundo habrían acabado en manos de entidades implicadas en el proceso independentista. Estos fondos habrían sido desviados entre 2012 y 2015, bajo el mandato de CiU, actual JxCAT.

La segunda noticia  hace referencia a la petición hecha por un juzgado de Girona al Tribunal Supremo para que se investigue al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont (del mismo partido) por los presuntos delitos de prevaricación, fraude a la Administración y falsedad documental por irregularidades relacionadas con la utilización de fondos de la empresa de aguas de Girona, en la época que él era alcalde. Es decir, se habría utilizado dinero proveniente de la empresa que tenía la concesión del agua, por un importe de 4,7 millones de euros, para la compra de la colección privada de arte del crítico Santos Torroella, con la oposición del resto de partidos.

La tercera noticia se refiere al malestar, entre los trabajadores de la Consejería de Salud de la Generalitat de Cataluña, por el “Derroche de dinero público” en comunicación, protocolo y relaciones externas. En intercambio de correos electrónicos algunos trabajadores del departamento denuncian la duplicidad de cargos y el amiguismo en un área que no es ninguna excepción en la estructura heredada de Convergencia.

No hay duda que las tres noticias tienen nexos muy claros entre sí. Estos nexos se refieren al hecho de que el partido que ha gobernado la Generalitat y gran parte de los ayuntamientos de Cataluña, durante la mayor parte de nuestra democracia, aunque haya cambiado sucesivamente de nombre para disimular sus vergüenzas, se ha vuelto como el rey Midas de Frigia.

Este rey mítico estaba convencido de que la riqueza sólo debía estar en manos de los reyes y por avatares del destino, se le concedió el don de transformar en oro todo lo que tocaba. En nuestro caso, el don que poseen nuestros gobernantes, convertidos en Midas, consiste en idear la forma de transformar el dinero público en bienes personales o al servicio de su partido, porque están convencidos de que sólo ellos se lo merecen. Utilizarlo para el bienestar de los ciudadanos sería un despilfarro, teniendo en cuenta que de otra manera se puede tener en los bolsillos propios.

Los que ostentan este poder en Cataluña han llegado a tal punto de desfachatez que riegan con sus símbolos las instituciones públicas. Con dinero público, llenan con sus eslóganes y banderas las farolas de los municipios donde gobiernan. Incluso blanquean a sus corruptos a través de la televisión pública, como es el caso del capo de la familia íntegra Pujol, íntegramente imputada.

Están tan acostumbrados a la impunidad que se comportan como señores feudales paseando con sus caballos por sus dominios, pisoteando a los vasallos que les contradicen. Si se trata de grupos afines, las protestas son bien recibidas y reciben palmaditas en la espalda. No así si se trata de trabajadores que protestan para defender sus puestos de trabajo o de vecinos hartos de que les corten la circulación de su calle cada día de su vida. Los seguidores pueden insultar, agredir o quemar lo que sea, usualmente llantas o contenedores, e incluso se vanaglorian que las calles serán siempre suyas, porque saben que su señor les protege, caiga quien caiga.

Se han adueñado de todo, patrimonializando el bien público. Han patrimonializado las instituciones, al pueblo catalán, las calles, los recursos materiales, los símbolos, los votos el lenguaje y los sentimientos. Es decir, se han apropiado impunemente de todo aquello que pertenece a los ciudadanos. Se han adueñado de Cataluña, para beneficio propio y de los que les dan soporte, como si de un feudo se tratase.

Pujol puso la pica en Flandes en Mayo de 1984, cuando después de haber sido elegido presidente se trasladó del Parlamento a la Generalitat: "El Gobierno central ha hecho una jugada indigna", exclamó Pujol desde el balcón de la Generalitat al referirse a la querella que contra él y otros 24 ex dirigentes de Banca Catalana había interpuesto el fiscal general del Estado. "En adelante", añadió, "de ética y moral hablaremos nosotros. No ellos". Es decir, transformó la querella judicial personal en un ataque de las fuerzas del mal hacia Cataluña, identificándose él mismo con ella y tergiversando el lenguaje, para desposeerlo de su verdadero alcance y sentido ético.

Como respuesta a estas palabras, desde la plaza, miles de personas aclamaron a Pujol en desagravio por la presentación de la querella sobre Banca Catalana. En ese momento, miles de ciudadanos empezaban un proceso de pérdida progresiva de la ciudadanía, para convertirse en “pueblo” y vasallos, carentes de sentido crítico. A partir de ahí, los Pujol y sus fieles debieron pensar que Cataluña era muy fácil de dominar (léase patrimonializar), siempre y cuando se alimentaran los sentimientos, y se pusieron a ello con renovado fervor nacional.

Han tenido comiendo de sus manos al empresariado catalán, si no, no podían tener acceso a la contratación pública; han tenido los medios de comunicación a su servicio; han dominado la educación; han ejercido el dominio del parlamento gracias a una ley electoral que les favorece y una extensa red de tejido social, bien regada por las subvenciones si se portaba bien. A esta ley del silencio de corte mafioso la llamaron durante años el “oasis catalán”.

El tiempo les ha dado la razón durante casi cuarenta años, hasta que empezaron a descubrir que, la manipulación tiene techo y que la mitad de los ciudadanos de Cataluña no están dispuestos a dejarse engañar. Sin embargo, esto no parece importarles mucho: lo que les indigna más es que las querellas les salen por las orejas.

El rey Midas descubrió que si convertía todo lo que tocaba en oro, se moría de hambre y de sed. Nuestros gobernantes tienen suerte y no se morirán por falta de comida o bebida, en el caso de que vayan a la cárcel, porque en nuestras cárceles se come y se bebe con regularidad. Para otros, quizás al final de todos estos procesos judiciales, sólo se pueda rebajar un poco el nivel de impunidad del que disfrutan y podamos verlos perdiendo su cargo o su chalet. Los derechos son de las personas, no de las tierras o los “pueblos”. Por eso, mientras no dejemos de sentirnos como “un solo pueblo catalán” y no pasemos a convertirnos en ciudadanos de Cataluña, con derechos y obligaciones individualizados, seguiremos gobernados por señores que se pasean impunemente por lo que consideran su predio natural.