Como estaba previsto, la Mesa del Parlament de Cataluña suspendió ayer como diputada y presidenta de la Cámara a Laura Borràs, tras la apertura de juicio oral contra ella, acusada de falsedad documental y prevaricación por trocear contratos para favorecer a un amigo cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

La reacción de Borràs fue tan furibunda como lo han sido sus argumentos y sus excusas esgrimidos durante toda la instrucción del caso. Haciendo gala de su soberbia y su arrogancia, acusó a los cinco diputados que votaron a favor de la suspensión de haber ido al Parlament “vestidos de jueces hipócritas” y de haber utilizado el “reglamento del enemigo” como a veces se dice que se usa el derecho penal del enemigo. Más: les reprochó haberle aplicado un artículo del reglamento “infame” porque viola la presunción de inocencia y de ser “cómplices” del “juego sucio del Estado”.

Borràs ya había dado muestras de su despotismo y su sectarismo en actuaciones contra la oposición en el Parlament, pero ahora estas palabras, dirigidas contra sus propios compañeros en el viaje independentista, como son ERC y la CUP, bastarían para descalificarla para presidir cualquier cámara parlamentaria. O la frase desafiante que tuiteó el día antes de la reunión de la Mesa: “Los que me quieren muerta, tendrán que matarme y ensuciarse las manos. Yo he venido a hacer la independencia, no a suicidarme por la autonomía”.

El “infame” artículo a que alude Borràs es el 25.4 del reglamento del Parlament, que fue introducido en el año 2017 por iniciativa de la CUP y con los votos de Junts pel Sí, integrado por ERC y lo que ahora es Junts per Catalunya. Este artículo es inequívoco: dicta la suspensión de los derechos y deberes de los diputados a los que se les abre juicio oral por delitos vinculados con la corrupción.

En el artículo no hay ni rastro de la condición que últimamente se ha inventado Borràs de que la corrupción debe ser “lucrativa” (meter la mano en la caja) para que se cumplan las condiciones de la suspensión. También alega –lo hizo en un hilo de Twitter el martes por la noche— que, al ser retirados por el fiscal los delitos de fraude y malversación de caudales públicos ya no hay corrupción. Falso. El delito de prevaricación está incluido por el Consejo General del Poder Judicial en la categoría de corrupción. 

En ese hilo, lleno de mentiras, omisiones de lo que no le favorece y medias verdades, aseguraba asimismo que nunca troceó contratos, que si lo hubiera hecho no era un delito, sino una “irregularidad administrativa”, que la investigación era prospectiva, que el caso se inició por iniciativa de Ciutadans, que la primera juez instructora, Silvia Mejía, era próxima a este partido, que el informe de los Mossos la exculpaba y que por eso se encargó el caso a la Guardia Civil, cuando lo fue por las filtraciones desde el Departamento de Interior, y que dirigentes de ERC y la CUP, los partidos que ahora la han suspendido, respaldaban su idea de que todo era una “persecución política”.

Claro, hablaban de persecución política en general contra el independentismo, pero se cuidaban de distinguir su caso, del que descartaban que estuviera relacionado con el 1-O, ya que era un asunto, como mínimo, de malas prácticas y que afectaba a hechos particulares. Al final, apelaba a los miembros de la Mesa a actuar como “diputados demócratas” y no “como jueces e inquisidores”.

La huida hacia delante de Borràs ha superado todo lo previsible y ha llegado a tal extremo que hasta parte de su partido la ha abandonado. Varios dirigentes y consellers han pedido su dimisión. No lo ha hecho el secretario general, Jordi Turull, pero dejando claro que no es partidario de salir del Govern, como defienden los defensores acérrimos de Borràs, entre ellos el expresident Quim Torra.

No habrá, pues, ruptura del Govern, aunque la negativa de Borràs a dimitir antes de que la suspendieran coloca a Junts en inferioridad porque pierde la presidencia del Parlament, que le correspondía según los pactos de gobierno. Ahora la presidencia queda en manos de la vicepresidenta primera, Alba Vergés, de ERC. Solo volvería a Junts si Borràs reconsiderase su negativa y dimitiera.

Borràs asegura que dimitir sería reconocer que ha cometido algún delito. En esto también se equivoca porque lo que se sustanciaba ahora no era su culpabilidad o su inocencia, Aunque fuera inocente, estaba obligada igual a apartarse de la presidencia por que lo dice el reglamento, y eso en ningún caso puede significar que sea culpable, algo que corresponde decidir a los jueces.