Laura Borràs, a juicio por corrupción

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, irá a juicio por corrupción. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha abierto este martes juicio oral contra ella por los delitos de prevaricación y falsedad documental que presuntamente cometió cuando estaba al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

Este juicio deriva de la fragmentación de contratos que, según los indicios, practicó cuando estaba al frente de la ILC con el objetivo de poder otorgarlos a dedo. Casualmente, el beneficiario fue un amigo suyo, Isasías Herrero. Así, con estos mimbres, el juez del TSJC Carlos Ramos ha dictado el auto de apertura de juicio oral contra Borràs, contra Herrero y contra Andreu P., que presuntamente lo ayudó a preparar los presupuestos y facturas que presentaba a la ILC.

Seis años de cárcel

Según las fiscales del caso, entre marzo de 2013 y febrero de 2017, "con abuso de sus funciones" como directora de la ILC, Borràs aprobó el gasto y acordó la adjudicación de estos 18 contratos menores "sin justificar que se tratara de la propuesta más ventajosa", ya que "era plenamente conocedora" de que detrás de ellos "se escondía" su amigo.

El juez que ha instruido el caso ve "razonabilidad y consistencia" en las acusaciones de la fiscalía a partir de los indicios recabados en la investigación, y recuerda que la acusación hasta ahora se basa en indicios que no comprometen la presunción de inocencia de los acusados, que se valorará en el juicio. El ministerio público solicita para Borràs seis años de cárcel y otros 21 de inhabilitación, misma pena que pide para Herrero. Andreu P. se enfrenta a tres años de prisión y 10 de inhabilitación.

Ahora, los abogados de los acusados tienen 10 días para presentar sus escritos de defensa y, con posterioridad, el tribunal fijará la fecha para el juicio, que seguramente ocurrirá a partir de septiembre, porque el mes de agosto es inhábil en los tribunales.

El Parlament decidirá

La apertura del juicio oral traslada al Parlament el debate sobre la suspensión de Borràs, dado que el el reglamento de la Cámara catalana obliga a apartar a los diputados que estén a la espera de juicio por corrupción, como es el caso. La posición del Govern, de hecho, es que son los grupos parlamentarios los que deben "fijar posición". No obstante, ella ha repetido por activa y por pasiva que es "inocente", que es víctima de una persecución del Estado y que no se marchará.

De todos modos, la mayoría de los partidos con representación parlamentaria se han pronunciado al respecto en las últimas semanas al pedir directamente su dimisión. Incluso ERC, socios de gobierno de JxCat (partido de Borràs), ha presionado en las últimas horas con que dé un paso al lado por el bien de la institución que representa y también por el del movimiento independentista.