Es un señor de gabinete que antes de tomar decisiones espera a que se levante la niebla para que aparezcan horizontes seductores, a fin de instalar en ellos las magras inversiones públicas. Ricard Font, el responsable de Políticas Digitales y Territorio de la Generalitat, ha presidido un montón de organismos (Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya y Ports de la Generalitat, entre otros), pero es refractario por definición.
Él se encarga de la inversión pública en la comunidad autónoma, que está en la cola del Estado en materia de ejecución presupuestaria. La brecha se agranda cada año que pasa, pero la respuesta de las autoridades catalanas es la denuncia por maltrato de la Hacienda española, que favorece al centralismo.
¿Nada más? ¿No existen los incumplimientos por parte de la Administración catalana? ¿Tendrán algo que ver la lentitud y los cuellos de botella burocráticos generados aquí? Vean si no el lento ahorita mismo de nuestras infraestructuras detenidas: el túnel de la Sagrera, la línea 9 del metro de Barcelona, el canal Segarra-Garrigues o la mejora definitiva del eje transversal, entre otros, todos afectados por los trámites administrativos.
En el caso del acceso a la alta velocidad, resulta sangrante el tiempo que llevamos de retraso, pero los políticos no lo ven porque van de Barcelona a Madrid de una tacada. ¿Se han bajado ustedes alguna vez del AVE en el Camp de Tarragona? Desde aquella estación hasta la Rambla Nova, el cogollo de la bella Tarraco, hay un trayecto mínimo de media hora en taxi, ya que no existe un bus urbano.
Al Govern le producen sarpullidos las inversiones del Estado. Este recelo se vio en la ampliación del aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, cuando el Gobierno estaba dispuesto a destinar una inversión de 1.700 millones de euros que, finalmente, cayó en desgracia en el momento en que la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona le pusieron la proa.
Aquí todo se hace superando obstáculos invisibles, como le ocurre ahora a la Olimpiada Blanca de 2030. Por definición, aquí, todo es no, comparado con Madrid, que aprovecha coyunturas cada año para imponer su ley, más allá de la insolencia de su presidenta, cuando grita “socialismo o libertad”, como una Juana de Arco del Madrid multicultural y mestizo.
La Cámara de Comercio de Barcelona --el Soviet de Petrogrado de los indepes-- recuerda que en el periodo 2015-2021 en Cataluña se ejecutó un 60,3% de la inversión del Estado, mientras que en el conjunto de España la ejecución fue del 74,2%. ¿Es que alguien favorece a Cantabria o a Extremadura, pongamos por caso, con la intención de perjudicar a Cataluña? ¡Venga, hombre!
Aquí, la ejecución en las empresas públicas como Adif, Renfe o Puertos del Estado es la más baja. A eso se le llama entropía, desorden administrativo por no hablar de dejadez. En medio del caos, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, dijo el pasado martes que su Departamento invirtió en Cataluña de forma directa 1.243 millones en 2021. Pues tampoco se ve por ninguna parte. Aquel mismo día, el president Aragonès casi le hace la cobra a la ministra en la presentación de la nueva oficina de Google en Barcelona (40 empleos). Al final, todo acabó en parabienes. Son como niños.
Seamos serios. El “vuelva usted mañana” que denunció el romántico Mariano José de Larra --conocido por seudónimos como Duende, Bachiller y Pérez de Munguía-- se instaló en la Cataluña del procés y se mantiene. Su genuino representante es Ricard Font, un valido de Aragonès, que se mueve como Godoy en la Corte de Carlos IV; un experto en regencias temporales, proclive al gesto más que al dato.